LEY DE JUSTICIA Y PAZ

LEY DE JUSTICIA Y PAZ


REPUBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

RELATORIA

 

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD

 

LEY DE JUSTICIA Y PAZ

 

LEY 975 DE 2005

LEY 1424 DE 2010

LEY 1448 DE 2011

DECRETO 4634 DE 2011

DECRETO 4635 DE 2011

LEY 1592 DE 2012

 

 

LEY 975 DE 2005

“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”

 

 

SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-319/06

Abril 25/06

Mp. Dr. Tafur

Total

Declarar EXEQUIBLE, únicamente por el cargo analizado en la presente sentencia, la Ley 975 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

SV JAR

SV HASP

Ley de justicia y paz-No exigencia de reserva de ley estatutaria

D-5954

C-575/06

Julio 25/06

Mp. Dr. Tafur

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64 y 71.

Primero.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-319 de 2006 en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 1, 2, 3, a 8, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33, 36 a 58, 60 a 62 de la Ley 975 de 2995, por no haberse tramitado mediante el procedimiento señalado en el artículo 152, literal b) de la Constitución, previsto para las leyes estatutarias.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la acusación formulada en contra de (i) del numeral 10.6 del artículo 10; (ii) las expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” contenidas en el artículo 17; (iii) las expresiones “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” y “dentro de los sesenta (60) días” contenidas en el artículo 18; (iv) las expresiones “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” contenidas en el artículo 20; (v) el artículo 25; (vi) el parágrafo 3 del artículo 26; (vii) las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” contenidas en el inciso cuarto del artículo 29; (viii) el artículo 31; (ix) la expresión “pertinente” contenida en el numeral 38.5 (sic) del artículo 37; (x) las expresiones “de ser posible” contenidas en el artículo 46; (xi) las expresiones “o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la reparación de las víctimas” contenidas en el artículo 47; (xii) las expresiones “y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad” contenidas en el numeral 49.3 (sic) del artículo 48; (xiii) las expresiones “dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional” contenidas en el numeral 56.1 (sic) del artículo 55 y (xiv) el artículo 71 de la Ley 975 de 2005”.

Tercero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de (i) el artículo 9, (ii) los numerales 10.4 y 10.5 del artículo 10; (iii) el artículo 11; (iv) los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27; (v) la expresión “no” del parágrafo 2 del artículo 23; (vi) las expresiones “que se destinarán a la reparación” contenidas en el artículo 24; (vii) el artículo 30 – por la supuesta vulneración del artículo 13 superior-; (viii) las expresiones “nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto” contenidas en el artículo 45; (ix) el numeral 52.2. (sic) del artículo 51 de la Ley 985 de 2005, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cuarto.- Declarar inexequibles las expresiones “obtenidos ilícitamente” contenidas en el numeral 45.1 (sic) del artículo 44 de la Ley 975 de 2005.

Quinto.- Declarar exequibles, por el cargo analizado, (i) el cuarto inciso del artículo 5; (ii) la expresión “promover” contenida en los artículos 4 y 7; (iii) las expresiones “e informar a los familiares lo pertinente”, contenida en el artículo 7; (iv) el parágrafo del artículo 10; (v) las expresiones “sobre los hechos objeto de investigación” y “a los familiares” contenidas en el artículo 15; (vi) el último inciso del artículo 16; (vii) el artículo 22; (viii) los incisos 1 a 4 del artículo 23; (ix) las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el artículo 24; (x) los incisos 1 a 5 el artículo 29; (x) el artículo 30, por el cargo relativo al supuesto desconocimiento del artículo 113 superior; (xii) la expresión ejecutoriados” del artículo 32; (xiii) la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34; (xvi) las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas” contenidas en el numeral 38.2 (sic) del artículo 37; (xv) la expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 (sic) del artículo 37; (xvi) el artículo 41; (xvii) la expresión “más” contenida en el numeral 45.2 (sic) del artículo 44; (xviii) las expresiones “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58; y (xix) el artículo 64 de la Ley 795 de 2005.

Sexto.- Declarar exequibles de manera condicionada, por el cargo analizado (i) el artículo 27 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la caracterización a que en él se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada a quienes alegaron su condición de víctima y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones; (ii) las expresiones “ a cargo del autor o partícipe del delito” contenida en el numeral 38.3 (sic) del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueron condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.

SV JAR

SV HASP

Miembros de la fuerza pública-Estatus de víctima/Derechos de las víctimas en ley de justicia y paz/Grupos indígenas y minorías étnicas/Bloque de constitucionalidad/Pena alternativa en ley de justicia y paz/Conflicto de competencia entre tribunales superiores de distrito judicial en ley de justicia y paz/Archivo de diligencias/Establecimiento de reclusión/Entrega de menores por grupos armados al margen de la ley y ley de justicia y paz/ Reparación colectiva en ley de justicia y paz/Reparación en ley de justicia y paz/Reparación de la víctima.

D-5994

C-719/06

Agosto 23/06

Mp. Dr. Araujo

Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e Incs. 2 y 4 expresiones, 18 salvo inc. 2 expresión, 19 e inc. 3 expresión, 20 salvo expresión, 22, 23, 24, 25 salvo Incs. 1 aparte y 2, 26, 27, 29 Incs. 4 expresiones y 5, 31, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 (52-2), 56, 57, 58, 59, 71 y total.

1. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-319 de 2006, en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”, supuestamente por no haberse tramitado como ley estatutaria.

2. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.”, supuestamente por no haberse tramitado como una ley de concesión de amnistía o indulto general.

3. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 donde se declaró inexequible el artículo 71 de la Ley 975 de 2005.

4. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 en donde se declaró: a) exequible el artículo 3º de la Ley 975 de 2005, por los cargos examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; b) inexequibles las siguientes expresiones del inciso cuarto del artículo 29: “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” y exequible el inciso quinto, en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo y c) inexequible el artículo 31 de la Ley 975 de 2005.

5. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 donde se declaró: a) exequible por los cargos analizados, el artículo 17, en el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz e inexequible la expresión “si los tuvieren” del inciso segundo. Además, declarar inexequibles las expresiones “inmediatamente” y la expresión “en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley” del inciso cuarto; b) exequible, por los cargos examinados, la expresión “dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación” del inciso cuarto del artículo 17, en el entendido que la puesta a disposición de la persona a órdenes del magistrado que ejerza la función de control de garantías y la solicitud de audiencia de imputación cargos, se presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad el programa metodológico dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo previsto 207 del Código de Procedimiento Penal; c) exequible el artículo 18, salvo la expresión “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” del inciso segundo, que se declara inexequible; d) exequible el artículo 19, por los cargos examinados y la expresión “de hallarse conforme a derecho” del inciso tercero, en el entendido que el magistrado controlará que la calificación jurídica corresponda a los hechos que obran en el expediente; e) exequible el artículo 20, por los cargos examinados, salvo la expresión “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”, que se declara inexequible; f) exequible, por los cargos examinados, el artículo 25, salvo el inciso segundo y el siguiente apartado del inciso primero “sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley, que se declaran inexequibles.

6. Inhibirse para proferir fallo de fondo respecto de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 (52-2), 56, 57, 58 y 59 de la Ley 975 de 2005, por ineptitud sustancial de la demanda.

SPV JAR

Cosa juzgada constitucional.

D-5964

C-370/06

Mayo 18/06

Mp.

Dr. Cepeda

Dr. Córdoba

Dr. Escobar

Dr. Monroy

Dr. Tafur

Dra. Vargas

Artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 Nums. 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70, 71 y total.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-319 de 2006, que declaró EXEQUIBLE la Ley 975 de 2005, en relación con el cargo formulado por no haberse tramitado como ley estatutaria.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 975 de 2005, en cuanto hace referencia a los cargos formulados según los cuales debería haber sido expedida con sujeción a los trámites propios de una ley de concesión de amnistía o indulto general.

Tercero.- Declararse INHIBIDA respecto del inciso final del artículo 2º de la Ley 975 de 2005.

Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 975 de 2005, por los cargos examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Quinto.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los incisos segundo y quinto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

Sexto.- Declararse INHIBIDA respecto del inciso segundo del artículo 9º de la Ley 975 de 2005.

Séptimo.- Declararse INHIBIDA respecto de la expresión “siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación” del inciso primero del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, y de la expresión “y a los establecidos en la Ley 782 de 2002” del parágrafo del mismo artículo.

Octavo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “producto de la actividad ilegal” del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, y exequible el numeral 10.6 del mismo artículo en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas.

Noveno.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “cuando se disponga de ellos” del numeral 11.5 del artículo 11 de la Ley 975 de 2005, y EXEQUIBLE la expresión “producto de la actividad ilegal” del mismo numeral.

Décimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de procedencia ilícita” del numeral 4º del artículo 13 de la Ley 975 de 2005.

Décimo primero.- Declararse INHIBIDA respecto de las expresiones “el o los nombres de” del inciso primero del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.

Décimo segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz, e INEXEQUIBLE la expresión “si los tuvieren” del inciso segundo. Además, declarar INEXEQUIBLES las expresiones “inmediatamente” y la expresión “en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley” del inciso cuarto.

Décimo tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación” del inciso cuarto del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la puesta a disposición de la persona a órdenes del magistrado que ejerza la función de control de garantías y la solicitud de audiencia de imputación de cargos, se presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad el programa metodológico dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal.

Décimo cuarto.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, salvo la expresión “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” del inciso segundo, que se declara INEXEQUIBLE.

Décimo quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, por los cargos examinados, y la expresión “de hallarse conforme a derecho” del inciso tercero, en el entendido que el magistrado controlará que la calificación jurídica corresponda a los hechos que obran en el expediente.

Décimo sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, por los cargos examinados, salvo la expresión “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”, que se declara INEXEQUIBLE.

Décimo séptimo.- Declararse INHIBIDA respecto de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 975 de 2005.

Décimo octavo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, por los cargos analizados.

Décimo noveno.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, salvo el inciso segundo y el siguiente apartado del inciso primero: “sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley”, que se declaran INEXEQUIBLES.

Vigésimo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, y declararse INHIBIDA respecto del resto de la disposición.

Vigésimo primero.- Declararse INHIBIDA respecto de los artículos 27 y 28 de la Ley 975 de 2005.

Vigésimo segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones del inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 975 de 2005: “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley”, y EXEQUIBLE el inciso quinto, en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.

Vigésimo tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que dichos establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario.

Vigésimo cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 31 de la Ley 975 de 2005.

Vigésimo quinto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “y en el marco de la ley” del inciso segundo del artículo 34 de la Ley 975 de 2005, e INEXEQUIBLE la expresión “presente” de la misma disposición.

Vigésimo sexto.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que conforme al artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esa norma declarada mediante la sentencia C-228 de 2002, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación, y EXEQUIBLE la expresión “durante el juicio” del numeral 38.7 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005.

Vigésimo séptimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “si los tuviese” contenida en el inciso segundo del artículo 44 de la Ley 975 de 2005.

Vigésimo octavo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de ser posible” contenida en el artículo 46 de la Ley 975 de 2005.

Vigésimo noveno.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la reparación de las víctimas”, contenida en el artículo 47 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

Trigésimo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones “otras personas” y “más daños innecesarios” del numeral 49.1 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005 y “en primer grado de consanguinidad” del numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

Trigésimo primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.

Trigésimo segundo.- Declararse INHIBIDA respecto de la expresión “de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo” del inciso primero del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, y declarar INEXEQUIBLE la expresión “dentro de los límites autorizados en el Presupuesto Nacional” del numeral 56.1 del mismo artículo.

Trigésimo tercero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las expresiones “más daños innecesarios” y “otras personas” del inciso tercero del artículo 58 de la Ley 975 de 2005.

Trigésimo cuarto.- Declararse INHIBIDA respecto del artículo 62 de la Ley 975 de 2005.

Trigésimo quinto.- Declararse INHIBIDA respecto del artículo 69 de la Ley 975 de 2005.

Trigésimo sexto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formación.

Trigésimo séptimo.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formación.

SV Y AEV JAR

SV ABS

SV HASP

Derechos a la paz, justicia, verdad, reparación y no repetición de conductas lesivas a las víctimas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano. Pautas que ha de seguir el juez constitucional para ponderar la relación entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos constitutivas de delito. Indulto. Amnistía. alternatividad penal. Colaboración con la justicia y goce efectivo de los derechos de las víctimas. Confesión integral. Requisitos de elegibilidad para desmovilización colectiva. Beneficios penales. Acumulación de procesos y penas. Garantías de no repetición de las conductas lesivas de los derechos de las víctimas. Términos de investigación. Deber de investigar. Recurso judicial efectivo. Facultades procesales de las víctimas y supresión del recurso de casación.  Responsabilidad civil solidaria de los grupos armados al margen de la ley. Responsabilidad colectiva para efectos de la reparación. Efectos de las sentencias de la corte constitucional.

D-6032

C-650/06

Agosto 9/06

Mp. Dr. Tafur

Artículos 2, 5, 25, 26, 29, 32, 33, 45 y 46.

Primero.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006, en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de la acusación formulada en contra del segundo inciso del artículo 5 de la Ley 975 de 2005.

Segundo.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de las expresiones “en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa”, contenidas en el primer inciso del artículo 25 de la Ley 975 de 2005.

Tercero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la acusación formulada en el presente proceso en contra del artículo 29 de la Ley 975 de 2005, por ineptitud sustancial de la demanda.

Cuarto.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de las expresiones “de ser posible” contenidas en el artículo 46 de la Ley 975 de 2005.

Quinto.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-319 de 2006 en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de los artículos 2, 26, 29, 32 y 33 de la Ley 975 de 2005, por no haberse tramitado mediante el procedimiento señalado en el artículo 152-2 de la Constitución previsto para las leyes estatutarias.

Sv JAR

 Sv HASP

Cosa juzgada constitucional.

D-6029

C-127/06

Feb. 22/06

Mp. Dr. Tafur

Artículos 3, 29, 31 Y 61 (Ps.).

Esta Corporación se ha reiterado en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia, la obligación que asiste al actor, conforme al Decreto 2067 de 1991, de determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. Análisis de constitucionalidad sobre condiciones específicas en que se plantea el respeto del principio de igualdad en una situación específica y especialísima.

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de los artículos 3, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SV JAR

SV ABS

SV HASP

Juicio de inconstitucionalidad. Presupuesto procesal de la demanda en forma. Control abstracto de constitucionalidad. Declaración de los derechos del hombre. Normas internacionales y bloque de constitucionalidad.

D-5966

C-455/06

Junio 7/06

Mp. Dr. Araujo

Artículo 5 (P.).

Corresponde a esta Corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra una disposición que forma parte de una ley de la República.

PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-370 de 2006, que declaró exequibles los incisos segundo y quinto del Artículo 5° de la ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.

AV JAR

AV ABS

Cosa juzgada constitucional.

D-6079

C-531/06

Julio 12/06

Mp. Dr. Monroy

Artículos 5 Incs. 2, 4 y 5; 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 inc. final, 32, 33, 37, 39, 40, 48, 59, 71 y total.

Primero.- Declarar exequible la Ley 975 de 2005, por el cargo analizado en el numeral 2.1.2 de la parte considerativa de esta providencia.

Segundo.- Respecto de la totalidad de la Ley 975 de 2005, estarse a lo resuelto en las sentencias C-319 y C-370 de 2006, en relación con los cargos por vicios de forma reseñados en el numeral 2.1 de la parte considerativa de esta providencia.

Tercero.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006, en relación con los siguientes cargos por vicios de fondo de la Ley 975 de 2005:

a)         En relación con declaratoria de exequibilidad de la totalidad de la Ley 975 de 2005, porque la misma no consagran un indulto a favor de los miembros desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley.

b)         En relación con la declaratoria de inexequibilidad del 71 de la Ley 975 de 2005, por los cargos por vicios de fondo formulados contra la norma.

c)         En relación con la declaratoria de exequibilidad del artículo 17 y 18 de la Ley 975 de 2005, por el cargo sobre la exigencia de que la versión libre sea completa y veraz, así como en relación con la brevedad de los términos.

d)         En relación con la declaratoria de exequibilidad de los incisos segundo y quinto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, por el cargo sobre definición del concepto de víctima.

e)         En relación con la declaratoria de exequibilidad –y de inexequibilidad parcial- del artículo 29 de la Ley 975 de 2005, por los cargos sobre vulneración de los principios de racionalidad, legalidad y proporcionalidad por parte de la pena alternativa y sobre el beneficio de la pena alternativa al desmovilizado que ha ocultado la participación en delitos relacionados directamente con su pertenencia al grupo.

f)          En relación con la declaratoria de inexequibilidad –parcial- del artículo 25 de la Ley 975 de 2005, respecto del reproche vinculado con la necesidad de que delitos no confesados puedan beneficiarse con la pena alternativa.

g)         En relación con la declaratoria de exequibilidad –e inexequibilidad parcial- del artículo 20 de la Ley 975 de 2005, respecto de los beneficios obtenidos por la alternatividad.

Cuarto.- De conformidad con las consideraciones de esta providencia, inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo respecto de los cargos que se relacionan a continuación, por ineptitud sustantiva en la formulación del reproche de inconstitucionalidad.

a)         Los cargos dirigidos contra los artículos 5, 6, 7, 8 y 37 de la Ley 975 de 2005, así como contra todo el texto de la ley, por desconocimiento de los derechos de las víctimas.

b)         El cargo dirigido contra el artículo 48 de la Ley 975 de 2005, por desconocimiento del derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos.

c)         El cargo dirigido contra el texto completo de la Ley 975 de 2005, porque no establece cuáles son los mecanismos que las víctimas deben utilizar para obtener la reparación de sus derechos.

d)         Los cargos dirigidos contra los artículos 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 y 37 de la Ley 975 de 2005, relativos a la brevedad de los términos en los procesos a que deben someterse los miembros desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley.

e)         El cargo dirigido contra el inciso cuarto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, porque incluye a los miembros de la fuerza pública en la definición de víctimas.

f)          El cargo dirigido contra el artículo 40 de la Ley 975 de 2005, porque beneficia a personas que no aparecen comprometidas con los hechos investigados ni pertenezcan o hubiesen pertenecido a grupos armados al margen de la ley.

g)         Los cargos dirigidos contra el inciso final del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, porque no precisan la forma en que la pena sea purgada en el exterior y porque no encuentra justificación en el trámite legislativo.

h)         El cargo formulado en contra de los artículos 39 y 59 de la Ley 975 de 2005 porque establecen restricciones al derecho de publicidad procesal.

i)          El cargo dirigido contra el texto completo de la Ley 975 de 2005, porque crea un vacío legal en relación con la posibilidad de exigir responsabilidad jurídica a los funcionarios del Estado, en lo que hace al cumplimiento de sus obligaciones.

j)          El cargo dirigido contra los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 y 33 de la Ley 975 de 2005, porque consignan instituciones jurídicas propias del sistema penal acusatorio que no pueden regir para los procesos adelantados contra miembros desmovilizados de grupos armados al margen de la ley.

SV JAR

SPV HASP

Cosa juzgada constitucional. Trámite legislativo. Declaratoria de sesión permanente.

D-6028

C-670/06

Agosto 16/06

Mp. Dr. Escobar

Artículo 15, 103 y 274.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

Primero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de la Ley 975 de 2005, en su integridad “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 10, 11, 13, 18, 13 y 47 de la Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

Tercero.- Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 12, 101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Control constitucional- ejercicio. Demanda de inconstitucionalidad-requisitos. Derecho ciudadano a ejercer la acción pública de inconstitucionalidad.

D-6201

C-400/06

Mayo 24/06

Mp. Dr. Beltrán

Artículo 70 (P.).

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, en los términos del artículo 241-5 de la Constitución  Política.

ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, que declaró inexequible, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

SV JAR

AV ABS

Cosa juzgada constitucional.

D-6181

C-476/06

Junio 14/06

Mp. Dr. Tafur

Artículo 70 expresión “ejecutoriadas”.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición de la que hace parte la expresión demandada se encuentra en una Ley de la República.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-370 de 2006, Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, que declaró inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” por vicios de procedimiento en su formación.

AV JAR

Cosa juzgada constitucional.

D-6081

C-426/06

Mayo 31/06

Mp. Dr. Sierra

 

 

 

 

 

Artículo 71.

Corresponde a esta Corporación entrar a decidir sobre la exequibilidad de la disposición acusada.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-370 de 2006, mediante la cual se declaró inexequible el artículo 71 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formación.

AV JAR

Cosa juzgada constitucional.

D-5935

C-080/07

Febrero 7/07

Mp. Dr. Escobar

Artículos 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 58, 64 y 71.

La Corte se ocupará, en primer término, de fijar el alcance que pueda tener la cosa juzgada constitucional en la presente causa; en segundo término y en relación con las disposiciones sobre las cuales no haya recaído el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional, examinará la idoneidad de los cargos para dar lugar al juicio de constitucionalidad y, finalmente, determinará si quedan acusaciones que ameriten el pronunciamiento de la Corporación y, en caso afirmativo, procederá a realizar el pertinente estudio.

Primero.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-575 de 2006 en relación con las acusaciones formuladas en contra de las siguientes expresiones y artículos que hacen parte de la Ley 975 de 2006:

-La expresión “deberá promover” contenida en el artículo 4.

-El inciso cuarto del artículo 5 que dice “Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

-La expresión “deben promover” y la expresión “e informar a sus familiares lo pertinente” contenidas en el inciso segundo del artículo 7.

-El inciso octavo del artículo 8 que dice “La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”.

-El parágrafo del artículo 10 que dice “Los miembros del grupo armado organizados al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo”.

-La expresión “sobre los hechos objeto de investigación” contenida en el primer inciso del artículo 15.

-El inciso final del artículo 16 que dice “No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial”.

-La expresión “por los cuales se acogen a la presente ley” contenida en el inciso segundo del artículo 17.

-La expresión “y dentro de los sesenta (60) días siguientes” contenida en el inciso tercero del artículo 18.

-El artículo 22.

-Los incisos primero y tercero, así como los apartes demandados del inciso cuarto del artículo 23.

-La expresión “las obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el inciso primero del artículo 24.

-La expresión “admitidos” contenida en el artículo 27.

-Los incisos segundo y tercero, así como los apartes acusados del inciso cuarto del artículo 29.

-El artículo 30.

-La expresión “ejecutoriados” contenida en el inciso segundo del artículo 3

-La expresión “asistirá” contenida en el inciso segundo del artículo 34.

-El artículo 36.

-La expresión “cuando quiera que resulten amenazadas” contenida en el numeral 38.2 del artículo 37.

-La expresión “a cargo del autor o partícipe del delito” contenida en el numeral 38.3 del artículo 37.

-La expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 del artículo 37.

-La expresión “pertinente” contenida en el numeral 38.5 del artículo 37.

-La expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del artículo 37.

-El artículo 41.

-La expresión “más” contenida en el numeral 45.2 del artículo 44.

-La expresión “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” contenida en el artículo 49.

-La expresión “y de sus parientes” contenida en el artículo 58.

-El artículo 64.

Segundo.- INHIBIRSE, por ineptitud sustancial de la demanda, para emitir pronunciamiento de fondo en relación con las acusaciones formuladas en contra de las siguientes expresiones y artículos de la Ley 975 de 2005:

-Los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27, por el cargo consistente en regular instituciones jurídicas propias del sistema penal acusatorio y en vulnerar el artículo 5 del Acto Legislativo 03 de 2002.

-El inciso primero del artículo 5.

-El artículo 9.

-Los numerales 10.4 y 10.5 del artículo 10.

-La expresión “No” contenida en el parágrafo 2 del artículo 23.

-El segmento demandado del artículo 11.

-El parágrafo primero del artículo 26.

-El artículo 30 por la supuesta vulneración del artículo 13 de la Constitución.

-Las expresiones “restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción” contenidas en el primer inciso del artículo 44.

-La expresión “Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto” contenida en el artículo 45.

-El numeral 52.2 del artículo 51.

 

Cosa juzgada constitucional. ineptitud sustantiva de demanda

D-6389

C-1199/08

Dic. 4/08

Mp. Dr. Pinilla

Artículos 2, 4, 47, 48, 49 y 72 (PS.).

Le corresponde a la Corte resolver (i) si procede un pronunciamiento de fondo respecto de la supuesta inconstitucionalidad de ciertas interpretaciones del concepto de “reconciliación nacional” incluido en los artículos 2º, 4º y 48 de la Ley 975 de 2005 ; (ii) si hay lugar a una decisión de fondo respecto de la constitucionalidad de cierta interpretación relativa al momento de entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, prevista en el artículo 72 de esta ley; (iii)  Si hay lugar a un pronunciamiento de fondo en relación con la posible inconstitucionalidad de ciertas interpretaciones que puedan hacerse de la expresión “deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva”, contenida en el artículo 49 de la Ley 975 de 2005; (iv) si la inclusión de los servicios sociales ofrecidos por el Gobierno a las víctimas dentro de los conceptos de reparación y rehabilitación, recorta el derecho de las víctimas a la reparación integral.

Primero: INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto de los cargos primero y cuarto de la demanda, relacionados con el riesgo de que se realicen interpretaciones que pudieren resultar inconstitucionales, de los textos demandados de los artículos 2°, 4°, 48 y 49 de la Ley 975 de 2005.

Segundo: Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 975 de 2005.

Tercero: Declarar EXEQUIBLE la expresión “rige a partir de la fecha de su promulgación”, contenida en el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que el derecho a los beneficios se obtiene a partir del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas pertinentes de dicha ley, de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 y demás sentencias sobre tales disposiciones.

Cuarto: Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

SPV JAR

Reconciliación nacional. Servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas hacen parte de la reparación y rehabilitación. Justicia transicional

. Implementación programa institucional de reparación colectiva. Derechos de las víctimas y derecho a la paz. Principio de favorabilidad. Beneficios de carácter penal, no basta la comprobación de su vigencia temporal para su invocación y aplicación. Comportamiento de los individuos interesados en hacerse acreedores a beneficios como la colaboración eficaz en el esclarecimiento de los hechos investigados, la entrega de bienes para la reparación, el cumplimiento de las garantías de no repetición. Beneficios aplicables a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en la propia ley. Derechos a la verdad, justicia y reparación. Control abstracto de constitucionalidad. Vigencia de la ley. Autonomía legislativa.

D-6992

C-029/09

Enero 28/09

Mp. Dr. Escobar

Artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58.

La definición de víctima prevista en el artículo 5 se refería a los compañeros y compañeras permanentes, pero no cubría a las parejas del mismo sexo. El artículo 7, señalaba el deber de informar sobre los hechos a los compañeros y compañeras permanentes, pero no incluía a los miembros de una pareja del mismo sexo. Así mismo, las medidas de rehabilitación previstas en el artículo 47 de la ley en mención sólo se preveían a favor de los parientes de las parejas heterosexuales, como también las medidas de satisfacción y garantía de no repetición establecidas en el artículo 48. De la Ley 971 de 2005, se demandaron el artículo 14, que establece el derecho a la entrega del cadáver cuando la persona objeto de la búsqueda urgente se halle sin vida, que no cobijaba a las parejas del mismo sexo y el artículo 15, que consagra el derecho a conocer de las diligencias practicadas para la búsqueda de la persona desaparecida, que tampoco contemplaba a las parejas homosexuales. Ley 387 de 1997, el derecho a la reunificación familiar de los desplazados, no comprendía a las parejas del mismo sexo.

Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familia” y “familiar” contenidas en el artículo 4 de la ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999 y en el artículo 1 de la Ley 258 de 1996, por ineptitud sustantiva de la demanda y declarar la EXEQUIBLILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “compañero o “compañera permanente” y “compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos dos años” contenidas en artículo 4 de la Ley 70 de 1931, modificada por la ley 495 de 1999 y en el artículo 12 de la Ley 258 de 1996, en el entendido de que esta protección patrimonial se extiende en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.

Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1 del artículo 411 del Código Civil, en el entendido de que también comprende, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990 y demás normas que lo modifiquen.

Tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañeros permanentes” contenida en el artículo 5 de la Ley 43 de 1993, en el entendido de que la misma se aplica también, en igualdad de condiciones, a los integrantes de parejas del mismo sexo.

Cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “unión singular, permanente y continua”, “compañera permanente” y “unión permanente” contenidas en los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991, en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo.

Quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “compañero permanente” y “compañero o compañera permanente” de los artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004, 222, 431 y 495 de la Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002 en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 34 de la Ley 599 de 2000 en el entendido de que la misma incluye, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Séptimo.- En relación con el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007 ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-879 de 2008, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 1153 de 2007.

Octavo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “grupo familiar” contenida en el numeral 1 del artículo 179 de la ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda y declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del numeral 1 del artículo 104, el numeral 4 del artículo 170, los numerales 1 y 4 del artículo 179, el numeral 3 del artículo 188-B y el numeral 1 del artículo 245 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que también comprende a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Noveno.- En relación con los cargos referidos a las expresiones “compañero” y “compañera permanente”, y “al hombre y la mujer” contenidas en el artículo 1 de la Ley 1181 de 2007, por medio de la cual se modificó el artículo 233 del Código Penal, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-798 de 2008, en la que se declaró la inexequibilidad de la expresión “únicamente” contenida en el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1181 de 2007, y la exequibilidad del resto de esta disposición, en el entendido que las expresiones “compañero” y “compañera permanente” comprenden también a los integrantes de parejas del mismo sexo.

Décimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, de la expresión “durante un lapso no inferior a dos años” contenida en el parágrafo 1º del artículo 233 del Código Penal.

Décimo primero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1 del artículo 457 del Código Civil, en el entendido de que, para los efectos allí previstos, la misma también comprende a los compañeros permanentes, y, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Décimo segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que este tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Décimo tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del artículo 236 de la Ley 599 de 2000, en el entendido de que este tipo penal comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Décimo cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañeros permanentes” contenida en literal a) del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 en el entendido de que, para los efectos de las medidas administrativas de protección previstas en esa ley, la misma también se aplica, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo, e INHIBIRSE en relación con las expresiones “familia” contenidas en el mismo artículo.

Décimo quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 454 A del Código Penal, en los términos de los considerandos de esta providencia, en el entendido de que este tipo penal también comprende las amenazas, en igualdad de condiciones, en contra de los integrantes de las parejas del mismo sexo que actúen como testigos.

Décimo sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados,  de los artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 de 2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2 de la Ley 387 de 1997, siempre que se entienda que cuando corresponda, sus previsiones, en igualdad de condiciones, se aplican también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.

Décimo séptimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de los artículos 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que los mismos se aplican también al cónyuge, compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de la pareja del mismo sexo.

Décimo octavo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 10 de la Ley 589 de 2000 y 26 de la Ley 986 de 2005, en el entendido de que la misma, en igualdad de condiciones, se aplica también a los integrantes de las parejas del mismo sexo, y la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del artículo 2 de la Ley 986 de 2005, siempre que se interprete que el mismo no excluye a las parejas del mismo sexo de las medidas de protección consagradas en la Ley 986 de 2005.

Décimo noveno.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, de las expresiones “el compañero o la compañera permanente”, “la compañera o compañero permanente”, “la compañera permanente” “un compañero o compañera permanente” “Compañero (a) permanente” y “compañero o compañera permanente” contenidas en los artículos 3 de la Ley 923 de 2004 y 24 del Decreto 1795 de 2000 en el entendido de que, en igualdad de condiciones, las mismas también se aplican en relación con los integrantes de parejas del mismo sexo.

Vigésimo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familiar” contenida en el literal d) del artículo 24 del decreto 1795 de 2000 y “grupo familiar” contenida en el numeral 3.7 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Vigésimo primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años”, contenida en el literal a) del artículo 24 del Decreto 1975 de 2000.

Vigésimo segundo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones “familiar” y “familia” contenidas en los artículos 1 y 27 de la Ley 21 de 1982, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Vigésimo tercero.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados,  de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 21 de 1982, en el entendido de que, en las mismas condiciones, comprende también a los integrantes de la pareja del mismo sexo.

Vigésimo cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, del artículo 7 de la Ley 3 de 1991, en el entendido de que el subsidio familiar de vivienda allí previsto se aplica también a los integrantes de las parejas homosexuales, en las mismas condiciones que a los compañeros o compañeras permanentes.

Vigésimo quinto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de las expresiones “compañero o compañera permanente”, contenidas en los artículos 61, 62, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de 2007, en el entendido que en el ámbito de la Ley 1152 de 2007, estas disposiciones también comprenden a los integrantes de las parejas del mismo sexo e INHIBIRSE en relación con las expresiones “familia”, “familiar”, y “familiares” contenidas en los artículos 80, 159, 161 y 172 de la ley 1152 de 2007.

Vigésimo sexto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la expresión “compañero o compañera permanente” contenida en el artículo 244 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que, en las mismas condiciones, comprende también a los integrantes de la pareja del mismo sexo.

Vigésimo séptimo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados,  de las expresiones demandadas de los artículos 14 y 52 de la Ley 190 de 1995, 1 de la Ley 1148 de 2007, 8 de la Ley 80 de 1993, 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5ª de 1992, en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo.

Vigésimo octavo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de las expresiones demandadas del numeral 2 del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 en el entendido de que, en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo.

SPV NEPP

AV REG

AV JAR

Derecho a fijar residencia. Precedente constitucional en materia de derechos a las parejas del mismo sexo. Principio de igualdad en parejas homosexuales y parejas heterosexuales. Familia-Núcleo fundamental y esencial de la sociedad. Patrimonio inembargable de familia y afectación a vivienda familiar de compañeros permanentes. Familia-Protección constitucional. Libertad de configuración legislativa. Obligación civil de prestar alimentos. Igualdad de trato a integrantes de unión marital de hecho y de pareja homosexual. Deber de solidaridad de los miembros de una familia y subsistencia de beneficiarios. Obligación alimentaria entre integrantes de pareja heterosexual y homosexual. Derechos políticos de carácter migratorio para parejas heterosexuales con exclusión de las homosexuales. Beneficio de reducción del tiempo para acceder a la nacionalidad por adopción a favor de los compañeros permanentes. Cosa juzgada relativa. Test de proporcionalidad. Derecho de residencia. Autonomía personal, libre desarrollo de la personalidad y la libertad para fijar residencia en el territorio nacional. Normas sancionatorias y preventivas de delitos y faltas que excluyen a parejas homosexuales de garantías y cargas allí consagradas. Garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Principio de no autoincriminación o incriminación de familiares. Normas penales y preventivas de delitos respecto de los cuales la víctima es el compañero(a) permanente. Beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Unidad normativa. Normas penales y preventivas sobre delitos que tienen por sujeto pasivo al compañero(a) permanente. Inasistencia alimentaria entre compañeros permanentes-Término de dos años de convivencia. Malversación y dilapidación de bienes familiares.

D-7290

C-936/10

Nov 23/10

 

Mp. Dr. Vargas

Ley 1312 de 2009, Art. 2, Parág. 3º, num. 17. “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004, en lo relacionado con el principio de oportunidad”.

Primero. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 17 del artículo 2° de la Ley 1312 de 2009.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 2° de la Ley 1312 de 2009, en el entendido de que también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.

SV MGC

SV JCHP

SV JIPCh

SV HASP

Aplicación del principio de oportunidad al desmovilizado de un grupo armado al margen de la ley-Principio de legalidad, límites constitucionales, derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, omisión legislativa al no excluirlo en los casos de graves violaciones de derechos humanos. Diseño de la política pública en materia penal-Límites constitucionales. Política criminal-medidas normativas que forman parte del concepto. Política pública en materia criminal-etapas en el proceso de diseño. Derecho penal-Relación entre la constitución y la política criminal del estado. Derecho penal-constitucionalización. Principio de oportunidad-Potestad de configuración legislativa en el diseño de las causales para su aplicación. Garantía de derechos de las víctimas de grave criminalidad-Deber del estado asegurar la vigencia de un orden justo. Protección derechos de las víctimas-estándares internacionales de derechos incorporados en el orden jurídico colombiano, instrumentos internacionales. Tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario-Deberes del estado. Convención Americana sobre Derechos Humanos-Obligación del estado de investigar, Juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principios formulados por las naciones unidas para protección y promoción de derechos humanos-Directrices para la lucha contra la impunidad. Derechos de las víctimas-Contenido. Derechos de las víctimas en la jurisprudencia constitucional colombiana-Principios y preceptos constitucionales a partir de los estándares internacionales, Garantía de un recurso judicial efectivo. Derechos de las víctimas de la criminalidad en el derecho internacional aplicable a las víctimas de los delitos en general-Alcance y clasificación. Derecho a la verdad-Contenido y finalidad. Derecho a que se haga justicia en el caso concreto. Derecho a la reparación-Dimensiones. Derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o perjudicados con el delito. Acto legislativo 03 de 2002-Potestad de configuración de las causales del principio de oportunidad. Principio de oportunidad-Potestad legislativa, Características. Fiscalía general de La Nación-Casos excepcionales para suspender, Interrumpir o renunciar a la persecución penal. Aplicación del principio de oportunidad a desmovilizados-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Condición de declaración juramentada del imputado o acusado, Representa una clara renuncia del estado a investigar conductas delictivas que podrían implicar violaciones a los derechos humanos. Pertenencia a organización criminal-No es una conducta tipificada como delito autónomo en la ley penal. Omisión legislativa relativa-Significado, Características. Demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa-Competencia de la corte constitucional.

D-8131

C-333/12

Mayo 9/12

Mp. Dra. Calle

Artículo. 67, Incs. 1 y 3.

Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.

Declarar EXEQUIBLES los incisos primero y tercero del artículo 67 de la Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, por el cargo analizado, en el entendido que a partir de la notificación de esta sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente.

 

Magistrados de justicia y paz y empleados de grupos de apoyo administrativo y social-Designación de lista de elegibles vigente. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos. Carrera administrativa y carrera judicial. Jueces de descongestión. Funcionarios judiciales ordinarios y funcionarios de justicia y paz-elección por mérito. Sistema de carrera administrativa y judicial. Función pública. Merito-Provisión de cargos públicos en la administración.

D-8803

 

 

CUADRO RESUMEN

LEY 975 DE 2005

 

1

C-127/06

6

C-455/06

11

C-670/06

16

C-936/10

 

2

C-319/06

7

C-476/06

12

C-719/06

17

C-333/12

 

3

C-370/06

8

C-531/06

13

C-080/07

 

 

 

4

C-400/06

9

C-575/06

14

C-1199/08

 

 

 

5

C-426/06

10

C-650/06

15

C-029/09

 

 

 

 

 


LEY 1424 DE 2010

“Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones”

 

 

SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-771/11

Oct. 13/11

Mp. Dr. Pinilla

Artículo 1.

Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los mismos a la sociedad.

Artículo 4.

Mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica. Créase un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, con el fin de recolectar, sistematizar, preservar la información que surja de los Acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación, y producir los informes a que haya lugar.

La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros.

Artículo 6.

Medidas especiales respecto de la libertad. Una vez el desmovilizado haya manifestado su compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley a los que se refiere la presente ley, el contexto general de su participación y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia, la autoridad judicial competente, decretará a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, la suspensión de las órdenes de captura proferidas en contra de desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, incursos en los delitos que se establecen en el artículo 1o de la presente ley, siempre que estas hayan sido proferidas con fundamento únicamente por esas conductas y concurra el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Encontrarse vinculado al proceso de Reintegración Social y Económica dispuesto por el Gobierno Nacional.

2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente este proceso.

3. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización.

Lo aquí previsto también se aplicará para solicitar a la autoridad judicial competente, que conozca de actuaciones en contra de los beneficiarios de la presente ley, que se abstenga de proferir orden de captura.

Mediante auto de sustanciación la autoridad competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de captura a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión de orden de captura será notificada a los mismos.

Parágrafo. La autoridad judicial prescindirá de la imposición de la medida de aseguramiento, cuando el desmovilizado beneficiario, únicamente haya incurrido en los delitos señalados en el artículo 1o de la presente ley, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 7.

Suspensión condicional de la ejecución de la pena y medidas de reparación. La autoridad judicial competente decidirá, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley, a petición del Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período equivalente a la mitad de la condena establecida en la Sentencia, una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a la verdad y la Reparación, así como estar vinculado al proceso de reintegración social y económica dispuesto por el Gobierno Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente dicho proceso.

2. Ejecutar actividades de servicio social con las comunidades que los acojan en el marco del proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno Nacional.

3. Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue condenado dentro del marco de la presente ley, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.

4. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha en que haya sido certificada su desmovilización.

5. Observar buena conducta en el marco del proceso de reintegración.

Mediante auto de sustanciación a la autoridad competente, comunicará a las partes e intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena será notificada a los mismos.

Parágrafo 1. La suspensión condicional de la pena principal conllevará también la suspensión de las penas accesorias que correspondan. La custodia y vigilancia de la ejecución de la pena seguirá siendo competencia del funcionario judicial y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en los términos del Código Penitenciario y Carcelario.

Parágrafo 2. Transcurrido el periodo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin que el condenado incumpla las obligaciones de que trata el presente artículo, la pena quedará extinguida previa decisión judicial que así lo determine.

Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “concierto para delinquir simple o agravado”, contenida en el artículo 1º de la Ley 1424 de 2010.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el segundo inciso del artículo 4º de la Ley 1424, en el entendido de que los terceros allí referidos son únicamente los relacionados en el artículo 33 de la Constitución Política y los desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley.

Tercero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “en contra del cual no procede recurso alguno” contenidas en los artículos 6º y 7º de la Ley 1424 de 2010.

SV MVCC

SV GEMM

SV JIPP

SV LEVS

AV MGC

Mecanismos de Justicia Transicional-Ambito de aplicación. Paz-Propósito central del Derecho Internacional, Valor constitucional, Derecho y deber de los ciudadanos. Amnistía e indulto para delitos políticos. Política criminal del Estado. Derecho a la Paz. Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y Reparación-Mecanismo no judicial, Beneficios jurídicos. Protección penal frente a la impunidad de delitos graves. Investigación y juzgamiento de graves comportamientos contra derechos humanos. Beneficios a autores del delito de concierto para delinquir simple o agravado como delito de lesa humanidad. Principios para la Protección y Promoción de Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad-Derecho a saber. Imposibilidad de recurrir decisiones que ponen en conocimiento de las partes solicitudes del Gobierno Nacional para otorgamiento de beneficios.

D-8475

 

 

CUADRO RESUMEN

LEY 1424 DE 2010

 

1

C-771/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LEY 1448 DE 2011

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”

 

 

SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-052/12

Feb. 8/12

Mp. Dr. Pinilla

Artículo 3°.

Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta (sic) se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas (sic), lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”

Declarar EXEQUIBLES, respecto del cargo analizado las expresiones “en primer grado de consanguinidad, primero civil” y “cuando a esta (sic) se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”, ambas contenidas en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo.

AV JIPP

AV LEVS

AV MVCC

Definición de victima para efectos de atención, Asistencia y reparación integral-Exequibilidad condicionada. Demanda de inconstitucionalidad-Principio pro actione. Justicia

-Jurisprudencia constitucional, Concepto. Víctima-reconocimiento, Reglas para su reconocimiento. Daño-Definición, Concepto amplio y comprehensivo. Derechos de las víctimas-Grados de parentesco para reclamación, Parámetros y criterios trazados por el legislador, Instrumentos internacionales, Jurisprudencia constitucional. Medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-Configuración legislativa. Legislador-Facultad de establecer definiciones. Concepto jurídico indeterminado-Alcance. Precedente jurisprudencial-Casos en que resulta obligatorio.

D-8593

C-250/12

Marzo 28/12

Mp. Dr. Sierra

Artículo 3o.

Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Parágrafo 1o.

Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

Parágrafo 2o.

Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

Parágrafo 3o.

Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

Parágrafo 4o.

Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

Parágrafo 5o.

La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 75.

Titulares del derecho a la restitución. Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3 de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.

Primero.- Declarar exequible la expresión a partir del primero de enero de 1985, contenida en el artículo tercero de la ley 1448 de 2011 por el cargo examinado en la presente decisión.

Segundo.- Declarar exequible la expresión entre el primero de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley, contenida en el artículo 75 de la ley 1448 de 2011, por el cargo examinado en la presente decisión.

 

Límite temporal en medidas previstas a favor de las víctimas del conflicto armado interno-Medidas de atención, asistencia y reparación integral. Demanda de inconstitucionalidad-Contenido normativo autónomo y completo. víctima-Evolución del concepto en el derecho internacional público, Concepto en la jurisprudencia de la corte constitucional, No inclusión de aquellas anteriores a una fecha respecto del goce de medidas reparatorias de índole patrimonial no las invisibiliza ni supone una afrenta adicional a su condición, Tratamiento diferenciado entre dos grupos. Principio general de igualdad y derecho a la igualdad-Jurisprudencia constitucional. Igualdad-Triple papel en el ordenamiento constitucional, Trato diferenciado injustificado. Igualdad como valor, principio y derecho fundamental. Test de igualdad. Jurisprudencia constitucional-Trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Principio de igualdad-Mandatos que comprende. Límite temporal en medidas previstas a favor de las víctimas-No es desproporcionada, Justificación, Libre configuración legislativa en juicio de igualdad, Idoneidad para garantizar la sostenibilidad fiscal. Justicia transicional-Límites temporales. Principio de seguridad jurídica-Alcance.

D-8590 y otros

C-253A/12

Marzo 29/12

Mp. Dr. Mendoza

Artículo 3o.

Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Parágrafo 1º.

Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

Parágrafo 2º.

Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

Parágrafo 3º.

Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

Parágrafo 4º.

Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

Parágrafo 5º.

La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 75.

Titulares del derecho a la restitución. Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.”

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-250 de 2012, que declaró la EXEQUIBILIDAD de la expresión “a partir del 1º de enero de 1985” contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “por hechos ocurridos” contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, “simbólica” y “como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizados”, contenidas en el parágrafo 4º del mismo artículo.

Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-250 de 2012, que declaró la EXEQUIBILIDAD de la expresión “entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley” contenida en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

Cuarto.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del primer inciso del parágrafo segundo del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

Quinto.- INHIBIRSE de hacer un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones demandadas del segundo inciso del parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

Sexto.-Declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo 3º del artículo 3ºde la Ley 1448 de 2011.

SPV JCHP

SPV MVCC

SPV Y AV LEVS

SPV JIPP

Cosa juzgada constitucional en ley de víctimas del conflicto armado-Límites temporales para aplicación de medidas de atención, asistencia y reparación. Potestad de configuración legislativa en materia de justicia

-Alcance. Demanda de inconstitucionalidad de ley de víctimas del conflicto armado y Principio de igualdad-Exclusiones no constituyen trato discriminatorio ni vulnera normas constitucionales. Ley sobre medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-Alcance. Víctimas del conflicto armado-Definición, Destinatarios de medidas especiales de protección, Principios de buena fe, igualdad y enfoque diferencial, Principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad, Medidas especiales de apoyo no sustituyen los procesos penales que deben tramitarse, Medidas de protección previstas en la ley no son aplicables a víctimas de delincuencia común. Juicio o test de igualdad-Objeto, estructura analítica. Juicio de igualdad en potestad de configuración legislativa-Niveles de intensidad. Juicio de igualdad-Metodología para determinar si una norma es o no violatoria del principio de igualdad y por tal motivo resulta discriminatoria y debe ser retirada del ordenamiento jurídico. Victima en derecho internacional humanitario-Concepto, no excepciona a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Victima en el proceso penal-Reconocimiento de condición, Acceso a mecanismos de verdad, justicia y reparación. Ley de víctimas de conflicto armado-Exclusión en la aplicación de medidas a miembros de grupos armados ilegales también víctimas no resulta discriminatoria ni vulnera normas constitucionales ni del bloque de constitucionalidad, Condición de minoría de edad para desvinculación de miembros de grupos armados ilegales para su reconocimiento como víctimas no vulnera la constitución. Reclutamiento de menores en conflicto armado-Prohibición por normas de derecho internacional. Delincuencia común-Concepto. Principio de trato humanitario-Aplicación. Derechos de las víctimas en bloque de constitucionalidad-Derecho al recurso judicial efectivo. Justicia transicional-Concepto, Medidas previstas.

D-8643 y otro

C-609/12

Agosto 1/12

Mp. Dr. Palacio

(…)

 “Artículo 44.

Gastos de la víctima en relación con los procesos judiciales. Las víctimas respecto de las cuales se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de disponibilidad de recursos para cubrir los gastos en la actuación judicial, serán objeto de medidas tendientes a facilitar el acceso legítimo al proceso penal. De manera preferente y en atención a los recursos monetarios y no monetarios disponibles, podrán ser objeto de medidas tales como el acceso a audiencias a través de teleconferencias o cualquier otro medio tecnológico que permita adelantar las respectivas etapas procesales.

Parágrafo 1o.

Cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela o acudir a la justicia contencioso administrativa, para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen en el proceso no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso de las acciones de tutela, o de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el caso de las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, incluyendo la suma que sea acordada como cuota de éxito, cuota litis, o porcentaje del monto decretado a favor de la víctima por la autoridad judicial. Lo anterior tendrá aplicación independientemente de que se trate de uno o varios apoderados e independientemente de que un proceso reúna a varias víctimas.

Parágrafo 2o.

Lo previsto en este artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley”

 (…)

Primero. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011, por los cargos analizados.

Segundo. Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo, respecto del cargo de falta de unidad de materia, por las razones expuestas.

SV LEVS

SV AMGA

SV MVCC

Límite de honorarios de abogados que representan a víctimas del conflicto armado interno exclusivamente en materia de Tutela y Acción Contencioso Administrativa-Justificación. Medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno-Gastos de la víctima en relación con los procesos judiciales. Demanda de inconstitucionalidad-Principio pro actione. Víctimas del conflicto armado interno-Derechos, desarrollo normativo, Definición, Prerrogativas relacionadas con la administración de justicia, Representan uno de los sectores más frágiles dentro de una sociedad, Sujetos de especial protección constitucional. Legislación como consecuencia del conflicto armado interno-Propósitos. Víctimas del conflicto armado interno y victimas de desplazamiento forzado interno-Equiparación. Derechos y deberes de los abogados en un estado social de derecho-Contenido. Profesión de abogado-Función social, Ejercicio como instrumento primordial en la realización de los postulados del estado social de derecho. Practica del derecho-Escenarios en que se desarrolla. Honorarios de abogado-Contenido, Criterios según el Consejo Superior de la Judicatura, Jurisprudencia constitucional. Derecho de igualdad y dignidad humana. Derecho constitucional a la igualdad-Trato igual. Principio de igualdad-Criterio de comparación o tertium comparationis. Honorarios de abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno-Test estricto de igualdad para determinar trato diferenciado. Topes de honorarios de abogados que representan a víctimas del conflicto armado interno-Trato diferenciado del restante universo de profesionales, Criterios de razonabilidad y proporcionalidad, Límites de honorarios de base y no en la cuota litis. Sanción disciplinaria de abogados que representan a víctimas del conflicto armado interno-No suple la necesidad del tope de honorarios para evitar abusos. Fortalecimiento de amparo de pobreza y regularización de parámetros en honorarios de abogados-Son medidas que pueden ir complementadas pero no suplantan la necesidad del tope de honorarios para evitar abusos.

D-8928

C-715/12

Sept. 13/12

Mp. Dr. Vargas

 (…)

Artículo 28.

Derechos de las víctimas. Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente Ley, tendrán entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.

5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente Ley, tenga enfoque diferencial.

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar.

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad Nacional.

9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente Ley.

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente Ley.

11. Derecho a conocer el Estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Título IV.

Reparación de las víctimas.

Capítulo I.

Disposiciones generales.

Artículo 70.

El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles.

Título iv.

Capítulo III.

Restitución de tierras. Disposiciones generales.

Artículo 72.

Acciones de restitución de los despojados. El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente. Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación. En el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación. La restitución jurídica del inmueble despojado se realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, según el caso. El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia, en los términos señalados en la Ley. En los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el afectado. La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restitución. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los (6) seis meses siguientes a la expedición de la presente Ley.

Artículo 73.

Principios de la restitución. La restitución de que trata la presente Ley estará regida por los siguientes principios:

1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas;

2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho;

3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente Ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas;

4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad;

5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación;

6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas;

7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas;

8. Prevalencia Constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente Ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial Constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.

Artículo 74.

Despojo y abandono forzado de tierras. Se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75. La perturbación de la posesión o el abandono del bien inmueble, con motivo de la situación de violencia que obliga al desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. El despojo de la posesión del inmueble o el desplazamiento forzado del poseedor durante el período establecido en el artículo 75 no interrumpirá el término de usucapión exigido por la normativa. En el caso de haberse completado el plazo de posesión exigido por la normativa, en el mismo proceso, se podrá presentar la acción de declaración de pertenencia a favor del restablecido poseedor. Si el despojo o el desplazamiento forzado perturbaron la explotación económica de un baldío, para la adjudicación de su derecho de dominio a favor del despojado no se tendrá en cuenta la duración de dicha explotación. En estos casos el Magistrado deberá acoger el criterio sobre la Unidad Agrícola Familiar como extensión máxima a titular y será ineficaz cualquier adjudicación que exceda de esta extensión. El propietario o poseedor de tierras o explotador económico de un baldío, informará del hecho del desplazamiento a cualquiera de las siguientes entidades: la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar.

Parágrafo.

La configuración del despojo es independiente de la responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria, o civil, tanto de la persona que priva del derecho de propiedad, posesión, ocupación o tenencia del inmueble, como de quien realiza las amenazas o los actos de violencia, según fuere el caso.

Artículo 75.

Titulares del derecho a la restitución. Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.

Procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros.

Artículo 76.

Registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente. Créase el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta Ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio. El registro se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que se crea por esta Ley. La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso. Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe, conforme a la Ley. Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá acceso a todas las bases de datos sobre las víctimas de despojo o abandono forzado, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados, de las notarías, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de las oficinas de registro de instrumentos públicos, entre otros. Para estos efectos, las entidades dispondrán de servicios de intercambio de información en tiempo real con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con base en los estándares de seguridad y políticas definidas en el Decreto 1151 de 2008 sobre la estrategia de Gobierno en Línea. En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el intercambio de información en tiempo real, los servidores públicos de las entidades y organizaciones respectivas, deberán entregar la información en el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la solicitud. Los servidores públicos que obstruyan el acceso a la información o incumplan con esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Parágrafo 1o.

Las autoridades que reciban información acerca del abandono forzado y de despojo de tierras deben remitir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al día hábil siguiente a su recibo, toda la información correspondiente con el objetivo de agilizar la inscripción en el registro y los procesos de restitución.

Parágrafo 2o.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas deberá permitir el acceso a la información por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en aras de garantizar la integridad e interoperatividad de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Artículo 77.

Presunciones de despojo en relación con los predios inscritos en el registro de tierras despojadas. En relación con los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta las siguientes presunciones:

1. Presunciones de derecho en relación con ciertos contratos. Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume de derecho que existe ausencia de consentimiento, o causa ilícita, en los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución, celebrados durante el periodo previsto en el artículo 75, entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes conviva, sus causahabientes con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la Ley cualquiera que sea su denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros. La ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en este numeral genera la inexistencia del acto o negocio de que se trate y la nulidad absoluta de todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o una parte del bien.

2. Presunciones legales en relación con ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:

a. En cuya colindancia hayan ocurrido actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado colectivo, o violaciones graves a los DH en la época en que ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivía o sus causahabientes.

b. Sobre inmuebles colindantes de aquellos en los que, con posterioridad o en forma concomitante a las amenazas, se cometieron los hechos de violencia o el despojo se hubiera producido un fenómeno de concentración de la propiedad de la tierra en una o más personas, directa o indirectamente; sobre inmuebles vecinos de aquellos donde se hubieran producido alteraciones significativas de los usos de la tierra como la sustitución de agricultura de consumo y sostenimiento por monocultivos, ganadería extensiva o minería industrial, con posterioridad a la época en que ocurrieron las amenazas, los hechos de violencia o el despojo.

c. Con personas que hayan sido extraditadas por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio, o a través de terceros.

d. En los casos en los que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se traslada en el momento de la transacción.

e. Cuando no se logre desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados en alguno de los literales del presente artículo, el acto o negocio de que se trate será reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte del bien estarán viciados de nulidad absoluta.

f. Frente a propiedad adjudicada de conformidad con la Ley 135 de 1961 y el Decreto 561 de 1989, a empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas campesinas, cuando con posterioridad al desplazamiento forzado se haya dado una transformación en los socios integrantes de la empresa.

3. Presunciones legales sobre ciertos actos administrativos. Cuando la parte opositora hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo posterior legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima. Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume legalmente que tales actos son nulos. Por lo tanto, el Juez o Magistrado podrá decretar la nulidad de tales actos. La nulidad de dichos actos produce el decaimiento de todos los actos administrativos posteriores y la nulidad de todos los actos y negocios jurídicos privados que recaigan sobre la totalidad del bien o sobre parte del mismo.

4. Presunción del debido proceso en decisiones judiciales. Cuando el solicitante hubiere probado la propiedad, posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá negársele su restitución con fundamento en que una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada otorgó, transfirió, expropió, extinguió o declaró la propiedad a favor de un tercero, o que dicho bien fue objeto de diligencia de remate, si el respectivo proceso judicial fue iniciado entre la época de las amenazas o hechos de violencia que originaron el desplazamiento y la de la sentencia que da por terminado el proceso de que trata esta Ley. Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se presume que los hechos de violencia le impidieron al despojado ejercer su derecho fundamental de defensa dentro del proceso a través del cual se legalizó una situación contraria a su derecho. Como consecuencia de lo anterior, el Juez o Magistrado podrá revocar las decisiones judiciales a través de las cuales se vulneraron los derechos de la víctima y a ordenar los ajustes tendientes a implementar y hacer eficaz la decisión favorable a la víctima del despojo.

5. Presunción de inexistencia de la posesión. Cuando se hubiera iniciado una posesión sobre el bien objeto de restitución, durante el periodo previsto en el artículo 75 y la sentencia que pone fin al proceso de que trata la presente Ley, se presumirá que dicha posesión nunca ocurrió.

Artículo 78.

Inversión de la carga de la prueba. Bastará con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio.

Artículo 84.

Contenido de la solicitud. La solicitud de restitución o formalización deberá contener:

a) La identificación del predio que deberá contener como mínimo los siguientes datos: la ubicación, el departamento, municipio, corregimiento o vereda, la identificación registral, número de la matrícula inmobiliaria e identificación catastral, número de la cédula catastral.

b) La constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas.

c) Los fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud.

d) Nombre, edad, identificación y domicilio del despojado y de su núcleo familiar, o del grupo de personas solicitantes, según el caso.

e) El certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique registralmente el predio.

f) La certificación del valor del avalúo catastral del predio.

Parágrafo 1o.

Se garantizará la gratuidad a favor de las víctimas, de los trámites de que trata el presente artículo, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010.

Parágrafo 2o.

En los casos en que no sea posible allegar con la solicitud los documentos contenidos a literales e) y f) del presente artículo, se podrán acreditar por cualquiera de los medios de prueba admisibles señalados en el Código de Procedimiento Civil su calidad de propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de restitución.

Artículo 91.

Contenido del fallo. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente. La sentencia deberá referirse a los siguientes aspectos, de manera explícita y suficientemente motivada, según el caso:

a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y las solicitudes de los terceros;

b. La identificación, individualización, deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando su ubicación, extensión, características generales y especiales, linderos, coordenadas geográficas, identificación catastral y registral y el número de matrícula inmobiliaria.

c. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba la sentencia, en la oficina en donde por circunscripción territorial corresponda el registro del predio restituido o formalizado.

d. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que cancele todo antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de la denominada falsa tradición y las medidas cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones registrales;

e. Las órdenes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de protección;

f. En el caso de que procediera la declaración de pertenencia, si se hubiese sumado el término de posesión exigido para usucapir previsto por la normativa, las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que inscriba dicha declaración de pertenencia;

g. En el caso de la explotación de baldíos, se ordenará al Incoder la realización de las adjudicaciones de baldíos a que haya lugar.

h. Las órdenes necesarias para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia dentro del proceso de restitución, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva providencia;

i. Las órdenes necesarias para que se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el inmueble a restituir sea parte de uno de mayor extensión. El Juez o Magistrado también ordenará que los predios se engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios predios de menor extensión;

j. Las órdenes pertinentes para que se haga efectivo cumplimiento de las compensaciones de que trata la Ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución;

k. Las órdenes necesarias para que la persona compensada transfiera al Fondo de la Unidad Administrativa el bien que le fue despojado y que fue imposible restituirle.

l. La declaratoria de nulidad de las decisiones judiciales que por los efectos de su sentencia, pierdan validez jurídica, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas, debatidos en el proceso, si existiera mérito para ello, de conformidad con lo establecido en esta Ley, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo;

n. La orden de cancelar la inscripción de cualquier derecho real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución, en virtud de cualesquiera obligaciones civiles, comerciales, administrativas o tributarias contraídas, de conformidad con lo debatido en el proceso;

o. Las órdenes pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de entrega material de los bienes a restituir;

p. Las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas;

q. Las órdenes y condenas exigibles de quienes hayan sido llamados en garantía dentro del proceso a favor de los demandantes y/o de los demandados de buena fe derrotados en el proceso;

r. Las órdenes necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, en los términos establecidos por la presente Ley;

s. La condena en costas a cargo de la parte vencida en el proceso de restitución de que trata la presente Ley cuando se acredite su dolo, temeridad o mala fe;

t. La remisión de oficios a la Fiscalía General de la Nación en caso de que como resultado del proceso se perciba la posible ocurrencia de un hecho punible.

Parágrafo 1o.

Una vez ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento se hará de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendrá la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia, aplicándose, en lo procedente, el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendrá hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los derechos del reivindicado en el proceso.

Parágrafo 2o.

El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de los cuatro meses siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los términos aplicables en el proceso constituirá falta gravísima.

Parágrafo 3o.

Incurrirá en falta gravísima el funcionario que omita o retarde injustificadamente el cumplimiento de las órdenes contenidas en el fallo o no brinde al Juez o al Magistrado el apoyo requerido por este para la ejecución de la sentencia.

Parágrafo 4o.

El título del bien deberá entregarse a nombre de los dos cónyuges o compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento, abandono o despojo, cohabitaban, así al momento de la entrega del título no están unidos por Ley.

Artículo 99.

Contratos para el uso del predio restituido. Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso. Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución. El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y que estos obtengan una retribución económica adecuada.

Artículo 120.

Régimen penal. El que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años. Las mismas penas se impondrán al que presente ante el Tribunal solicitud de restitución de tierras en desarrollo de las disposiciones de esta Ley, sin tener la calidad de despojado, o a quien presente oposición a una solicitud de restitución, a través de medios fraudulentos o documentos falsos y a quien emplee en el proceso pruebas que no correspondan con la realidad. Quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios al principio de oportunidad previsto en el Código de Procedimiento Penal.

Título IX.

Artículo 207.

Cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos del artículo 3o de la presente Ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 y siguientes de la presente Ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderá los beneficios establecidos en el Capítulo III del Título IV de esta Ley. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las demás normas vigentes que sancionen dicha conducta.”

Primero.- DECLARAR EXEQUIBLE las expresiones “si hubiere sido despojado de ella” y “de los despojados”, “despojado” y “el despojado” contenidas en los artículos 28, numeral 9 y 72 incisos 2, 4 y 5, de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que estas expresiones incluyen tanto a las víctimas de despojo como a las víctimas forzadas al abandono de sus bienes.

Segundo.- DECLARAR EXEQUIBLE las expresiones “de la tierra”, “inmuebles”, “de las tierras”, “de los inmuebles”, “del inmueble” y “de tierras” contenidas en los artículos 70, 72, 73 y 75 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo analizado en esta sentencia.

Tercero.- DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “El propietario o poseedor de tierras” contenida en el inciso 7º del artículo 74; la expresión “que fueran propietarias o poseedoras de predios”, contenida en el inciso 1º del artículo 75;  las expresiones “la propiedad, posesión u ocupación”, contenidas en el inciso 4 del artículo 76, en los numerales 3 y 4 del artículo 77, y en el inciso 1º del artículo 78; la  expresión “propietario, poseedor u ocupante”  contenida en el parágrafo 2º del artículo 84;  y la expresión “propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío” contenida en el artículo 91; todas ellas de la Ley 1448 de 2011, por el cargo analizado en esta sentencia.

Cuarto.- INHIBIRSE  para pronunciarse de fondo en relación con la expresión “explotador económico de un baldío” contenida en el inciso 7 del artículo 74; la expresión “explotadoras de baldíos” contenida en el inciso 1º del artículo 75; y la expresión “explotación de baldíos” contenida en el literal g. del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Quinto.- DECLARAR EXEQUIBLE el inciso quinto del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo analizado en esta sentencia.

Sexto.- DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “opositora” contenida en el artículo 77 numeral 3 de la Ley 1448 de 2011, y exequible la expresión “parte” contenida en el mismo segmento normativo, en el entendido de que se refiere a los solicitantes víctimas de despojo o abandono forzado de bienes.

Séptimo.- DECLARAR EXEQUIBLES los incisos primero y tercero  del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo analizado en esta sentencia.

Octavo.- INHIBIRSE de proferir un pronunciamiento de fondo en relación con el inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Noveno.- DECLARAR INEXEQUIBLE el inciso 3 del artículo 120 de la Ley 1448 de 2011.

Decimo.- DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 207 de la Ley 1448 de 2011.

SPV MVCC

SPV MGC

SV Y APV JIPCh

SPV LGGP

SPV GEMM

Medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-Acciones de restitución de tierras de despojados, Inscripción en el registro de tierras despojadas o abandonadas como requisito de procedibilidad para iniciar Acción de Restitución. Derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos-Contenido. Derechos de las victimas del desplazamiento forzado-Relevancia constitucional. Reconocimiento y protección de derechos de las víctimas, justicia, verdad, reparación y no repetición-Instrumentos internacionales. Derechos de victimas de graves violaciones a derechos humanos, justicia y reparación-Sistema Interamericano y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relevancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Obligatoriedad y vinculatoriedad de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos-Implicaciones. Derecho a la reparación de las víctimas-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho a la reparación y derecho a la verdad y justicia-Conexión intrínseca. Informes de la comisión interamericana de derechos humanos-fuente de derecho internacional. Derecho a la justicia-Reglas jurisprudenciales. Derecho a la verdad-Criterios jurisprudenciales. Derecho a la reparación-Parámetros y estándares constitucionales. Derecho a la restitución-Componente preferente y principal de la reparación integral a víctimas, instrumentos internacionales. Justicia transicional-Alcance. Protección sobre derechos a población desplazada-Jurisprudencia constitucional sobre reubicación y restitución de tierras. Protección sobre derechos de personas en situación de desplazamiento frente a la propiedad inmueble-Jurisprudencia constitucional, Principios. Obligaciones estatales en el marco de derechos humanos de personas en situación de desplazamiento-Reglas contenidas en la legislación y jurisprudencia constitucional. Derecho a la vivienda de desplazados-Obligaciones del estado. Normas de restitución de tierras-Principios de adecuación y efectividad, enfoque diferencial y carácter transformador. Acción de restitución de tierras de despojados-Exequibilidad condicionada. Demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa-Requisitos, exigencias. Control de constitucionalidad de omisión legislativa relativa-Eventos. Victimas de despojo, usurpación y abandono forzado de tierras-carácter asimilable. Normas que regulan la restitución de tierras a víctima-Interpretación sistemática incluye a víctimas obligadas a abandonar sus tierras, bienes y pertenencias forzosamente. Reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-No incluye bienes muebles como parte de la restitución por contar con otras vías como la indemnización o vía judicial. Restitución de tierras en el marco de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-No es aplicable al simple tenedor, Exclusión a tenedores no genera una desigualdad negativa. Tenencia-Título precario que no tiene alcance jurídico para dar lugar a la restitución de bien inmueble. Víctima del conflicto armado interno que ostenta calidad de tenedor-Protección mediante otros mecanismos de reparación integral, Protección a través de la indemnización. Legislador-No existe omisión legislativa relativa al no incluir en las expresiones demandadas al tenedor. Condición de víctima y requisitos formales de trámite para acceso a beneficios de protección para goce efectivo de derechos-Diferenciación. Registro único de población desplazada-Finalidad. Medidas o requisitos formales de accesibilidad a beneficiarios en diferentes normatividades que protegen los derechos de las víctimas. Acto constitutivo y acto declarativo de condición de víctima-Distinción. Inscripción de tierras como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución de tierras de las víctimas-Acceso a la justicia y debido proceso. Presunción de despojo en favor de opositores-Contraria a los derechos de restitución de víctimas del conflicto armado, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Contratos para uso de predio objeto de restitución ante existencia de proyectos agroindustriales productivos-Contenido y alcance, Condiciones. Régimen penal aplicable a conductas que generen responsabilidad respecto de la inscripción en el registro de tierras despojadas-Contenido y alcance. Alteración o simulación en registro de tierras despojadas-Régimen penal. Aplicación del principio de oportunidad a favor de quienes confiesan la ilegalidad de títulos en proceso de restitución de tierras-Límites constitucionales. Principio de oportunidad-Contenido, Límites, Exigencias para su aplicación. Pérdida de derechos de victimas por uso, invasión u ocupación de predios objeto de restitución-Desproporcionada e irrazonable al desconocer la calidad de víctima y su derecho a la restitución en razón de una situación de hecho.

D-8963

C-781/12

Dic. 5/12

Mp. Dra. Calle

(…) Articulo 3.

Victimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

(…).”

Declarar EXEQUIBLE, en los términos de la presente providencia, la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

 

Definición de víctimas en referencia a daños por infracciones ocurridas con ocasión del conflicto armado. Medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas. Control abstracto de constitucionalidad. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos. Principio pro actione. Adopción de medidas especiales a favor de las víctimas con exclusión de otras. Justicia transicional. Víctimas de delincuencia común. Documento Conpes sobre política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Corte interamericana de derechos humanos.

D-8997

C-820/12

Octubre 18/12

Mp. Dr. González

Artículo 99-.

Contratos para el uso del predio restituido. Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso. Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución. El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y que estos obtengan una retribución económica adecuada.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-715 de 2012 respecto de los incisos primero y tercero del artículo 99 de la ley 1448 de 2011.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, el inciso segundo del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011, bajo el entendido de que la entrega del proyecto productivo y las condiciones de explotación del mismo, procederán con el consentimiento de la víctima restituida y los recursos destinados a la reparación colectiva serán los que provinieren del producido del proyecto, descontada la participación de la víctima.

AV JIPP

AV AJE

SV JIPCh

AV LGGP

Contratos para uso de predio restituido en ley de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-Consentimiento de víctima restituida como elemento esencial para procedencia. Cosa juzgada constitucional en ley de reparación integral y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado-Celebración de contratos para uso de predios que desarrollan proyectos agroindustriales a cargo de opositores de buena fe exenta de culpa probada y  rol del magistrado respecto de los derechos de las partes. Ratio decidendi en sentencia de constitucionalidad-Carácter vinculante. Cosa juzgada constitucional-Configuración. Legitimación por activa en acción pública de inconstitucionalidad-Ciudadana en ejercicio. Demanda de inconstitucionalidad-presentación personal. Acción pública de inconstitucionalidad-Presentación personal acredita calidad de ciudadana en ejercicio. Uso de predio restituido en ley de reparación integral a víctimas del conflicto armado cuando opositor no logra probar la buena fe exenta de culpa-Procedencia respecto de predios en que se desarrollan proyectos agroindustriales cuando medie consentimiento de la víctima beneficiaria de la restitución. Empresa-Base del desarrollo. Propiedad-Función social. Unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas-Creación, Naturaleza jurídica y funciones. Derecho a la restitución de víctimas del conflicto armado interno-Concepto, Alcance, Titulares, Requisitos para que se configure la titularidad, Legitimación procesal. Restricciones para uso de predio restituido en ley de reparación integral a víctimas del conflicto armado cuando opositor no logra probar la buena fe exenta de culpa-Configura limitación al derecho de dominio sobre predio restituido. Derecho de acceso a la administración de justicia de víctimas del conflicto armado-Derechos a la reparación y restitución. Derecho de victimas a ser restituidas-No constituye derecho fundamental absoluto o definitivo. Derecho de victimas a ser restituidas en ley de reparación integral-Restricciones tienen justificación constitucional. Derecho a la restitución en el derecho internacional humanitario. Buena fe exenta de culpa-Acreditación.

D-9012

C-1054/12

Dic. 5/12

Mp. Dr. Pinilla

Artículo 207.

Cualquier persona que demanda la condición de víctima en los términos del artículo 3° de la presente ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 y siguientes de la presente ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderá los beneficios establecidos en el capítulo III del Título IV de esa ley.

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las demás normas vigentes que sancionen dicha conducta.

ESTARSE a lo resuelto en la sentencia C-715 de septiembre 13 de 2012, que declaró inexequible el artículo 207 de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

AV LGGP

Pérdida de beneficios por utilización de vías de hecho para invadir, usar u ocupar predio cuya restitución se pretende. Cosa juzgada constitucional.

D-9145

C-099/13

Feb. 27/13

Mp. Dra. Calle

Artículo 79.

Competencia para conocer de los procesos de restitución. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras. Los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, conocerán y decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del proceso. En los procesos en que se reconozca personería a opositores, los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial. Las sentencias proferidas por los Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de tierras que no decreten la restitución a favor del despojado serán objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos y garantías de los despojados.

Parágrafo 1o.

Los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, podrán decretar de oficio las pruebas adicionales que consideren necesarias, las que se practicarán en un término no mayor de veinte (20) días.

Parágrafo 2o.

Donde no exista Juez Civil del Circuito especializado en restitución de tierras, podrá presentarse la demanda de restitución ante cualquier juez civil municipal, del circuito o promiscuo, quien dentro de los dos (2) días siguientes deberá remitirla al funcionario competente.

Artículo 88.

Oposiciones. Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no haya actuado como solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de restitución. Al escrito de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución o formalización. Cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en este capítulo y no se presenten opositores, el Juez o Magistrado procederá a dictar sentencia con base en el acervo probatorio presentado con la solicitud.

Artículo 132.

Reglamentación. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley. La víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza. En el evento que la víctima acepte que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción, el monto de esta indemnización será superior al valor que le entregaría a la víctima por este mismo concepto, según el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los funcionarios o personal encargado de asesorar a las víctimas deberán manifestarle, de forma clara, sencilla y explicativa, las implicaciones y diferencias de aceptar o no que la indemnización sea realizada en el marco de un contrato de transacción.

Primero. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “única instancia”, contenida en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, el inciso final del artículo 88 de la Ley 1448 de 2011.

Tercero. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los incisos 2º y 3º del artículo 132 de la ley 1448 de 2011, en el entendido que en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa.

SV MGC

SV Y AV LEVS

AV LGGP

AV JIPCh

Daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del estado no pueden ser objeto de transacción. Única instancia en procesos de restitución de tierras.

D-9214

C-280/13

Mayo 15/13

 

Mp. Dr. Pinilla

Artículo 3o.

Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

[…]

Artículo 51.

Medidas en materia de educación. Las distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones privadas. En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la presente ley, puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en condición de discapacidad. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX. Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a las víctimas de que trata la presente ley.

Artículo 60.

Normatividad aplicable y definición. La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten. Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la presente ley, continuarán vigentes.

Parágrafo 1o.

El costo en el que incurra el Estado en la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en ningún caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho esta población. Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.

Parágrafo 2o.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la presente Ley.

Artículo 61.

La declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento. La persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1o de enero de 1985, y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada. La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 155 de la presente Ley. La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la solicitud de registro debe respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

Parágrafo 1o.

Se establece un plazo de dos (2) años para la reducción del subregistro, periodo en el cual las víctimas del desplazamiento de años anteriores podrán declarar los hechos con el fin de que se decida su inclusión o no en el Registro. Para este efecto, el Gobierno Nacional adelantará una campaña de divulgación a nivel nacional a fin de que las víctimas de desplazamiento forzado que no han declarado se acerquen al Ministerio Público para rendir su declaración.

Parágrafo 2o.

En las declaraciones presentadas dos años después de la ocurrencia del hecho que dio lugar al desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado. En cualquier caso, se deberá preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron su desplazamiento para contar con información precisa que permita decidir sobre la inclusión o no del declarante al Registro.

Parágrafo 3o.

En evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la declaración en el término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento. La víctima de desplazamiento forzado deberá informar al funcionario del Ministerio Público, quien indagará por dichas circunstancias y enviará la diligencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos aquí mencionados.

Artículo 66.

Retornos y reubicaciones. Con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables, estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento. Cuando no existan las condiciones de seguridad para permanecer en el lugar elegido, las víctimas deberán acercarse al Ministerio Público y declarar los hechos que generen o puedan generar su desplazamiento.

Parágrafo 1o.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para garantizar la efectiva atención integral a la población retornada o reubicada, especialmente en lo relacionado con los derechos mínimos de identificación a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, salud a cargo del Ministerio de la Protección Social, educación a cargo del Ministerio de Educación Nacional, alimentación y reunificación familiar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vivienda digna a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando se trate de vivienda urbana, y a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuando se trate de vivienda rural y orientación ocupacional a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Parágrafo 2o.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará el procedimiento para garantizar que las personas víctimas de desplazamiento forzado que se encuentren fuera del territorio nacional con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la presente Ley, sean incluidas en los programas de retorno y reubicación de que trata el presente artículo.

Artículo 67.

Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente Ley.

Parágrafo 1o.

El Gobierno Nacional establecerá los criterios para determinar la cesación de la situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a causa del hecho mismo del desplazamiento, de acuerdo con los indicadores de goce efectivo de derechos de la atención integral definidos jurisprudencialmente.

Parágrafo 2o.

Una vez cese la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas, para dejar constancia de la cesación a la que se ha hecho referencia en este artículo. En todo caso, la persona cesada mantendrá su condición de víctima, y por ende, conservará los derechos adicionales que se desprenden de tal situación.

Parágrafo 3o.

Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.

Artículo 123.

Medidas de restitución en materia de vivienda. Las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o indemnización. Las víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y a los mecanismos especiales previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la prorrogan, modifican o adicionan. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la entidad que haga sus veces, o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que haga sus veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan sido víctimas en los términos de la presente ley. El Gobierno Nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo, tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.

Parágrafo 1o.

La población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los programas y proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población discapacitada desplazada.

Parágrafo 2o.

Se priorizará el acceso a programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de seguridad por parte de la autoridad competente

Artículo 125.

Cuantía máxima. La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los beneficiarios de viviendas de interés social.

Artículo 132.

Reglamentación. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley. La víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza. En el evento que la víctima acepte que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción, el monto de esta indemnización será superior al valor que le entregaría a la víctima por este mismo concepto, según el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los funcionarios o personal encargado de asesorar a las víctimas deberán manifestarle, de forma clara, sencilla y explicativa, las implicaciones y diferencias de aceptar o no que la indemnización sea realizada en el marco de un contrato de transacción.

Parágrafo 1o.

El presente artículo surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de expedición de la presente ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad. Así mismo, las víctimas que al momento de la expedición de la presente ley hubiesen recibido indemnización administrativa por parte del Estado, contarán con un (1) año contado a partir de la expedición de la presente ley para manifestarle por escrito, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas si ya estuviese en funcionamiento, si desean aceptar de forma expresa y voluntaria que la indemnización administrativa fue entregada en el marco de un contrato de transacción en los términos del presente artículo. En este evento, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas según sea el caso, deberá volver a examinar el monto de la indemnización entregado a la víctima y comunicarle el procedimiento que debe surtirse, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional establezca para el efecto, para entregar las sumas adicionales a que haya lugar.

Parágrafo 2o.

El Comité Ejecutivo de que trata los artículos 164 y 165 de la presente ley será el encargado de revisar, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa. Esta solicitud de revisión procederá por las causales y en el marco del procedimiento que determine el Gobierno Nacional. En este sentido, el Comité Ejecutivo cumplirá las funciones de una instancia de revisión de las indemnizaciones administrativas que se otorguen y establecerá criterios y lineamientos que deberán seguir las demás autoridades administrativas a la hora de decidir acerca de una solicitud de indemnización. La decisión que adopte el Comité Ejecutivo será definitiva y mientras ejerce la función de revisión no se suspenderá el acceso por parte de la víctima a las medidas de asistencia, atención y reparación de que trata la presente ley.

Parágrafo 3o.

La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional: I. Subsidio integral de tierras; II. Permuta de predios; III. Adquisición y adjudicación de tierras; IV. Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada; V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva. La suma que sea adicional al monto que para la población no desplazada se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos señalados en este parágrafo, se entenderá que es entregada en forma de indemnización administrativa.

Parágrafo 4o.

El monto de los 40 salarios mínimos legales vigentes del año de ocurrencia del hecho, que hayan sido otorgados en virtud del artículo 15 de la Ley 418 de 1997 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional con motivo de hechos victimizantes que causan muerte o desaparición forzada, o el monto de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes otorgados por la incapacidad permanente al afectado por la violencia, constituyen indemnización por vía administrativa.

Primero: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-781 de 2012 en lo relacionado con la expresión “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” contenida en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, la expresión “y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago” contenida en el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011.

Tercero: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, el segundo inciso del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011, con excepción de la expresión “que no contraríen la presente ley” que se declara INEXEQUIBLE.

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, el segundo inciso del parágrafo 1° del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.

Quinto: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, el parágrafo 2° del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011, bajo el entendido de que la definición allí contenida no podrá ser razón para negar la atención y la protección prevista por la Ley 387 de 1997 a las víctimas de desplazamiento forzado.

Sexto: Declararse INHIBIDA para decidir sobre el cargo dirigido contra apartes de los parágrafos 1°, 2° y 3° del artículo 61 de la Ley 1448 de 2011.

Séptimo: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, la expresión “estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de sus derechos” contenida en el primer inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011.

Octavo: Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el segundo inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que lo allí establecido no afectará el goce de los derechos reconocidos por la ley a las personas víctimas de desplazamiento forzado, entre ellos, la posibilidad de ser nuevamente reubicado.

Noveno: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados la expresión “forzado a través de sus propios medios” contenida en el primer inciso del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo: Declararse INHIBIDA para decidir sobre el cargo dirigido contra la expresión “de restitución”, que forma parte del título que antecede al artículo 123 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo Primero: Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados el artículo 125 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo Segundo: Declararse INHIBIDA para decidir sobre los cargos dirigidos contra los apartes del parágrafo 3° del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.

AV LEVS

AV LGGP

Medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno-Cosa juzgada constitucional. Ley de víctimas-Instrumento de justicia transicional. Medidas para aliviar el desplazamiento forzado y posibilidad de retorno a las tierras despojadas. Principios Deng y principios Pinheiro-Instrumentos internacionales contenidos en documentos de las Naciones Unidas. Mandato de progresividad en los derechos económicos, sociales y culturales-Aplicación derivada del carácter prestacional. Derecho a la educación-gratuidad. Potestad reglamentaria. Potestad derogatoria del congreso. Principio de progresividad. Principio de distinción. Servicios sociales del gobierno y reparación de las víctimas. Retornos y reubicaciones. Medidas de restitución en materia de vivienda. Subsidio familiar de vivienda-Cuantía máxima.

D-9321

C-438/13

Julio 11/13

 

Mp. Rojas

Artículo 17.

Progresividad. El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente.

Artículo 19.

Sostenibilidad. Para efectos de cumplir con las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación dispuestas en el presente marco, el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley, y tomará las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecución efectiva de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de Reparaciones de que trata el artículo 54 de la Ley 975 de 2005. El desarrollo de las medidas a que se refiere la presente ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.

Artículo 27.

Aplicación normativa. En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de persona humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas.

Artículo 28.

Derechos de las víctimas. Las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente Ley,

tendrán entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.

5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla dividido el núcleo familiar.

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.

9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente Ley.

10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente Ley.

11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.

12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Artículo 37.

Audición y presentación de pruebas. La víctima tendrá derecho, siempre que lo solicite, a ser oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder. La autoridad competente podrá interrogar a la víctima en la medida estrictamente necesaria para el esclarecimiento de los hechos investigados, con pleno respeto a sus derechos, en especial, su dignidad y su integridad moral y procurando en todo caso utilizar un lenguaje y una actitud adecuados que impidan su revictimización.

Artículo 41.

Modalidad especial de testimonio. El Juez o Magistrado podrá decretar, de oficio o por solicitud del Fiscal, de la Defensa, del Ministerio Público o de la víctima, medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima, un niño o niña, adolescente, un adulto mayor o una víctima de violencia sexual. El funcionario competente, tendrá en cuenta la integridad de las personas y tomando en consideración que la violación de la privacidad de un testigo o una víctima puede entrañar un riesgo para su seguridad, controlará diligentemente la forma de interrogarlo a fin de evitar cualquier tipo de hostigamiento o intimidación y prestando especial atención al caso de víctimas de delitos de violencia sexual.

Artículo 46.

Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, o demás evidencia recaudada durante una investigación penal por el daño de los derechos de las víctimas de las que trata la presente ley, se pueda inferir razonablemente que la estructura u organización ilegal a la que perteneció el investigado recibió apoyo económico, de manera voluntaria, de una persona natural o jurídica nacional o extranjera, con filial o subsidiaria en el territorio nacional, o que servidores públicos dispusieron de la función pública para promover acciones de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la respectiva estructura ilegal, el fiscal deberá remitir el expediente y las pruebas recaudadas a un Fiscal ordinario, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y las normas que regulan la materia. En los eventos en que durante el procedimiento regulado en la Ley 975 de 2005, el Fiscal de Justicia y Paz advierta alguna de las circunstancias mencionadas en el inciso anterior, este deberá remitir el expediente y las pruebas recaudadas a un Fiscal ordinario, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y las normas que regulan la materia. En los eventos en que se declare la responsabilidad penal de la persona natural o del representante de la persona jurídica nacional o extranjera con filial o subsidiaria en el territorio nacional o del servidor público, según sea el caso, el Juez de conocimiento, previa solicitud del fiscal o del Ministerio Público, abrirá inmediatamente un incidente de reparación

especial, que se surtirá de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, sin necesidad de que se individualicen las víctimas, comoquiera que el Juez o Magistrado de conocimiento tendrá en consideración el daño de derechos causado por el grupo armado al margen de la ley que hubiere sido apoyado. Al decidir el incidente de reparación el Juez o Magistrado de conocimiento ordenará, a título de reparación a las víctimas, que la misma suma de dinero con que el condenado o los condenados contribuyó o contribuyeron a la financiación de la estructura u organización ilegal, o su equivalente en dinero si el apoyo fue en especie, o la suma que el Juez o Magistrado estime pertinente en caso de que la misma no esté determinada dentro del proceso, sea consignada a favor del Fondo de Reparación a las Víctimas de la Violencia. El Juez o Magistrado también podrá ordenar al condenado la ejecución de medidas de satisfacción, las cuales deberán ser realizadas directamente por este. Esta disposición no tendrá efectos para la responsabilidad subsidiaria del Estado la cual se regirá por lo establecido en el artículo 10 de la presente Ley.

Parágrafo 1o.

Cuando en el transcurso del proceso penal el juez de conocimiento advierta razones fundadas para pensar que la estructura u organización ilegal a la que perteneció el acusado recibió apoyo económico, de manera voluntaria, de una persona natural o jurídica nacional o extranjera, con filial o subsidiaria en el territorio nacional, deberá remitir el expediente y las pruebas recaudadas a un Fiscal ordinario, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y las normas que regulan la materia.

Parágrafo 2º.

La persona jurídica cuyo representante legal sea condenado en los términos del presente artículo, deberá concurrir como tercero civilmente responsable al incidente de reparación en los términos del Código de Procedimiento Penal. Así mismo, el Juez o Magistrado también podrá ordenar la ejecución de medidas de satisfacción a favor de las víctimas por parte de las personas jurídicas a las que se refiere este artículo.

Parágrafo 3o.

En ningún caso, en los términos del presente artículo, el Juez o Magistrado podrá ordenar a una persona jurídica, a título de reparación, consignar a favor del Fondo de Reparación a las Víctimas de la violencia en más de una ocasión por los mismos hechos.

Artículo 47.

Ayuda humanitaria. Las víctimas de que trata el artículo 3o de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento de la misma. Las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica especializada de emergencia.

Parágrafo 1o.

Las entidades territoriales en primera instancia, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar subsidiariamente, deberán prestar el alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento de la misma.

Parágrafo 2o.

Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que la requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su admisión, cuando estas lo requieran en razón a una violación a las que se refiere el artículo 3o de la presente Ley.

Parágrafo 3o.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación, deberá adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas para garantizar la ayuda humanitaria. De igual manera, y de acuerdo a lo contemplando en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas correspondientes, prestará por una sola vez, a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, y de acuerdo a su competencia, la ayuda humanitaria.

Parágrafo 4o.

En lo que respecta a la atención humanitaria para la población víctima del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en el Capítulo III del presente Título.

Artículo 64.

Atención humanitaria de emergencia. Es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima. Realizado el registro se enviará copia de la información relativa a los hechos delictivos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias.

Artículo 86.

Admisión de la solicitud. El auto que admita la solicitud deberá disponer:

a) La inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos indicando el folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de inscripción por el registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre la situación jurídica del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden de inscripción.

b) La sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia.

c) La suspensión de los procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restitución se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepción de los procesos de expropiación.

d) La notificación del inicio del proceso al representante legal del municipio a donde esté ubicado el predio, y al Ministerio Público.

e) La publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y los nombres e identificación de la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos.

Parágrafo.

Adicionalmente el Juez o Magistrado en este auto o en cualquier estado del proceso podrá decretar las medidas cautelares que considere pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se estuviere causando sobre el inmueble.

Artículo 88.

Oposiciones. Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no haya actuado como solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de restitución. Al escrito de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución o formalización. Cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en este capítulo y no se presenten opositores, el Juez o Magistrado procederá a dictar sentencia con base en el acervo probatorio presentado con la solicitud.

Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 17 de la Ley 1448 de 2011 y la expresión “y progresividad” contenida en el inciso segundo del artículo 19 de la misma ley, por el cargo estudiado en la presente sentencia.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “En los casos de reparación administrativa” contenida en el artículo 27 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo estudiado en la presente sentencia.

Tercero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes” contenida en el numeral 11 del artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo estudiado en la presente sentencia.

Cuarto.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones “La víctima tendrá derecho, siempre que lo solicite, a ser oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder” y “procurando en todo caso utilizar”, contenidas en el artículo 37 de la Ley 1448 de 2011, por los cargos estudiados en la presente sentencia.

Quinto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “El Juez o Magistrado podrá decretar, de oficio o por solicitud del Fiscal, de la Defensa, del Ministerio Público o de la víctima, medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima, un niño o niña, adolescente, un adulto mayor o una víctima de violencia sexual”, contenida en el artículo 41 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo estudiado en la presente sentencia.

Sexto.- Sobre el artículo 46 de la Ley 1448 de 2011: Declarar EXEQUIBLE, por el cargo estudiado en la presente sentencia, la expresión “previa solicitud del fiscal o del Ministerio Público”, contenida en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1448 de 2011, bajo el entendido que cuando las víctimas hayan participado en el respectivo proceso penal por financiación de grupos armados al margen de la ley, también podrán solicitar el inicio del incidente de reparación especial; Declarar EXEQUIBLES, por los cargos estudiados en la presente sentencia, la expresión “sin necesidad de que se individualicen las víctimas, comoquiera que el Juez o Magistrado de conocimiento tendrá en consideración el daño de derechos causado por el grupo armado al margen de la ley que hubiere sido apoyado” , así como el inciso cuarto, contenidos en el mismo artículo, bajo el entendido que el juez o magistrado podrá decretar sumas adicionales a título de reparación de acuerdo con lo probado en el proceso.

Séptimo.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “inmediatas” y “directa” contenidas en el inciso primero del artículo 47 de la Ley 1448 de 2011.

Octavo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “prestará por una sola vez” contenida en el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que la ayuda humanitaria podrá ser prorrogada, siempre que se demuestre que la víctima no ha superado la situación de gravedad y urgencia.

Noveno.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima” contenida en el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011, por el cargo estudiado en la presente sentencia.

Décimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y el núcleo familiar del despojado o de” contenida en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud”, contenida en el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011, bajo el entendido que el término para las oposiciones se empezará a contar a partir de la notificación de la admisión de la solicitud.

AV LEVS

AV LGGP

Principio de progresividad-contenido de derechos estrictamente prestacionales. Aplicación del principio Pro Homine a los casos de reparación administrativa. Participación adecuada de la víctima en procesos judiciales. Sujetos de especial protección constitucional. Participación de la víctima en proceso penal de financiamiento. Reparaciones proporcionales y correspondientes al daño y a la gravedad del hecho que lo ocasiona. Derecho de reparación integral. Prórroga de la ayuda humanitaria. Plazo para interponer oposiciones en el procedimiento de restitución.

D-9389

C-462/13

Julio 17/13

 

Mp. Dr. Pinilla

Artículo 3o.

Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

Artículo 51.

Medidas en materia de educación. Las distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones privadas. En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco de su autonomía, establecerán los procesos de selección, admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los términos de la presente ley, puedan acceder a sus programas académicos ofrecidos por estas instituciones, especialmente mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en condición de discapacidad. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las víctimas de que trata la presente ley, dentro de las estrategias de atención a la población diversa y adelantará las gestiones para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito y subsidios del ICETEX. Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a las víctimas de que trata la presente ley.

Artículo 60.

Normatividad aplicable y definición. La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten. Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la presente ley, continuarán vigentes.

Parágrafo 1o.

El costo en el que incurra el Estado en la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en ningún caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho esta población. Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.

Parágrafo 2o.

Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la presente Ley.

Artículo 61.

La declaración sobre los hechos que configuran la situación del desplazamiento. La persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1o de enero de 1985, y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada. La declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 155 de la presente Ley. La valoración que realice el funcionario encargado de recibir la solicitud de registro debe respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

Parágrafo 1o.

Se establece un plazo de dos (2) años para la reducción del subregistro, periodo en el cual las víctimas del desplazamiento de años anteriores podrán declarar los hechos con el fin de que se decida su inclusión o no en el Registro. Para este efecto, el Gobierno Nacional adelantará una campaña de divulgación a nivel nacional a fin de que las víctimas de desplazamiento forzado que no han declarado se acerquen al Ministerio Público para rendir su declaración.

Parágrafo 2o.

En las declaraciones presentadas dos años después de la ocurrencia del hecho que dio lugar al desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado. En cualquier caso, se deberá preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron su desplazamiento para contar con información precisa que permita decidir sobre la inclusión o no del declarante al Registro.

Parágrafo 3o.

En evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima del desplazamiento forzado rendir la declaración en el término establecido en el presente artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal impedimento. La víctima de desplazamiento forzado deberá informar al funcionario del Ministerio Público, quien indagará por dichas circunstancias y enviará la diligencia a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que realice las acciones pertinentes de acuerdo a los eventos aquí mencionados.

Artículo 66.

Retornos y reubicaciones. Con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables, estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento. Cuando no existan las condiciones de seguridad para permanecer en el lugar elegido, las víctimas deberán acercarse al Ministerio Público y declarar los hechos que generen o puedan generar su desplazamiento.

Parágrafo 1o.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para garantizar la efectiva atención integral a la población retornada o reubicada, especialmente en lo relacionado con los derechos mínimos de identificación a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, salud a cargo del Ministerio de la Protección Social, educación a cargo del Ministerio de Educación Nacional, alimentación y reunificación familiar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vivienda digna a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando se trate de vivienda urbana, y a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuando se trate de vivienda rural y orientación ocupacional a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Parágrafo 2o.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reglamentará el procedimiento para garantizar que las personas víctimas de desplazamiento forzado que se encuentren fuera del territorio nacional con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la presente Ley, sean incluidas en los programas de retorno y reubicación de que trata el presente artículo.

Artículo 67.

Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente Ley.

Artículo 123.

Medidas de restitución en materia de vivienda. Las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o indemnización. Las víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y a los mecanismos especiales previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la prorrogan, modifican o adicionan. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la entidad que haga sus veces, o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que haga sus veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan sido víctimas en los términos de la presente ley. El Gobierno Nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo, tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.

Parágrafo 1o.

La población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los programas y proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población discapacitada desplazada.

Parágrafo 2o.

Se priorizará el acceso a programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de seguridad por parte de la autoridad competente.

Artículo 125.

Cuantía máxima. La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los beneficiarios de viviendas de interés social.

Artículo 132.

Reglamentación. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley. La víctima podrá aceptar, de forma expresa y voluntaria, que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción en el cual la víctima acepta y manifiesta que el pago realizado incluye todas las sumas que este debe reconocerle por concepto de su victimización, con el objeto de precaver futuros procesos judiciales o terminar un litigio pendiente. Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de las demás medidas de reparación consagradas en la presente ley, de los derechos no patrimoniales de las víctimas, y en el entendido de que ello no releva al victimario de su obligación de reparar a la víctima según sea establecido en el marco de un proceso judicial de cualquier naturaleza. En el evento que la víctima acepte que la entrega y recepción de la indemnización administrativa se entiende realizada en el marco de un contrato de transacción, el monto de esta indemnización será superior al valor que le entregaría a la víctima por este mismo concepto, según el reglamento que para el efecto expida el Gobierno nacional. Los funcionarios o personal encargado de asesorar a las víctimas deberán manifestarle, de forma clara, sencilla y explicativa, las implicaciones y diferencias de aceptar o no que la indemnización sea realizada en el marco de un contrato de transacción.

Parágrafo 1°.

El presente artículo surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de expedición de la presente ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad. Así mismo, las víctimas que al momento de la expedición de la presente ley hubiesen recibido indemnización administrativa por parte del Estado, contarán con un (1) año contado a partir de la expedición de la presente ley para manifestarle por escrito, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas si ya estuviese en funcionamiento, si desean aceptar de forma expresa y voluntaria que la indemnización administrativa fue entregada en el marco de un contrato de transacción en los términos del presente artículo. En este evento, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional o a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas según sea el caso, deberá volver a examinar el monto de la indemnización entregado a la víctima y comunicarle el procedimiento que debe surtirse, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional establezca para el efecto, para entregar las sumas adicionales a que haya lugar.

Parágrafo 2º.

El Comité Ejecutivo de que trata los artículos 164 y 165 de la presente ley será el encargado de revisar, por solicitud debidamente sustentada del Ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa. Esta solicitud de revisión procederá por las causales y en el marco del procedimiento que determine el Gobierno Nacional. En este sentido, el Comité Ejecutivo cumplirá las funciones de una instancia de revisión de las indemnizaciones administrativas que se otorguen y establecerá criterios y lineamientos que deberán seguir las demás autoridades administrativas a la hora de decidir acerca de una solicitud de indemnización. La decisión que adopte el Comité Ejecutivo será definitiva y mientras ejerce la función de revisión no se suspenderá el acceso por parte de la víctima a las medidas de asistencia, atención y reparación de que trata la presente ley.

Parágrafo 3º.

La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional: I. Subsidio integral de tierras; II. Permuta de predios; III. Adquisición y adjudicación de tierras; IV. Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada; V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva. La suma que sea adicional al monto que para la población no desplazada se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos señalados en este parágrafo, se entenderá que es entregada en forma de indemnización administrativa.

Parágrafo 4º.

El monto de los 40 salarios mínimos legales vigentes del año de ocurrencia del hecho, que hayan sido otorgados en virtud del artículo 15 de la Ley 418 de 1997 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional con motivo de hechos victimizantes que causan muerte o desaparición forzada, o el monto de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes otorgados por la incapacidad permanente al afectado por la violencia, constituyen indemnización por vía administrativa.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-781 de 2012 en lo relacionado con la expresión “ocurridas con ocasión del conflictos armado interno” contenida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con la expresión “cuando estas no cuenten con los recursos para su pago” del inciso primero del artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 y declarar EXEQUIBLE la expresión “siempre” del mismo inciso.

Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con la expresión “que no contraríen la presente ley” del inciso segundo del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.

Cuarto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con en el inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.

Quinto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con los apartes demandados del parágrafo 2º del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.

Sexto.- Declararse INHIBIDA para decidir sobre el cargo dirigido contra los apartes demandados de los parágrafos 1º, 2º y 3º del artículo 61 de la Ley 1448 de 2011.

Séptimo.- En relación con el primer inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011: (i) ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con los apartes demandados del primer inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011. (ii) Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado en la presente sentencia, la expresión “Con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables”, contenida en el primer inciso del artículo 66 de la Ley. (iii) Declararse INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad de la expresión “a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento” del primer inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011. Octavo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con el segundo inciso del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011.

Noveno.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con el artículo 67 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo.- Declararse INHIBIDA para decidir sobre el cargo dirigido contra la expresión “de restitución” del artículo 123 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-280 de 2013 en lo relacionado con el artículo 125 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo segundo.- En relación con el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011: (i) Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento sobre la expresión “por núcleo familiar”, contenida en el inciso primero del parágrafo 3º del artículo 132 de la ley 1448 de 2011. (ii) Declarar EXEQUIBLE las expresiones “y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional: I. Subsidio integral de tierras; II. Permuta de predios; III. Adquisición y adjudicación de tierras; IV.

Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada; V. Subsidio de vivienda de internes social rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva”, contenidas en el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido que tales mecanismos son adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero. (iii) Declarar INEXEQUIBLE las expresiones “La suma que sea adicional al monto que para la población no desplazada se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos señalados en este parágrafo, se entenderá que es entregada en forma de indemnización”, contenidas en el inciso tercero del parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.

AV Y SPV MVCC

SPV MGC

AV Y SPV LEVS

AV LGGP

Cosa juzgada constitucional. Sentencia inhibitoria-Carácter excepcional, presupuestos de procedencia. Decisión inhibitoria previa de la corte constitucional-No impide una nueva inhibición. Indemnización administrativa para víctimas del conflicto armado interno-Componentes, mecanismo para determinar monto máximo.

D-9362

C-581/13

Agosto 28/13

 

Mp. Dr. Pinilla

Artículo 9o.

Carácter de las medidas transicionales. El Estado reconoce que todo individuo que sea considerado víctima en los términos en la presente ley, tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y a que las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley, no se vuelvan a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos. Las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el Estado, tendrán la finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Estas medidas se entenderán como herramientas transicionales para responder y superar las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente Ley. Por lo tanto, las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado, derivada del daño antijurídico imputable a este en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes. El hecho que el Estado reconozca la calidad de víctima en los términos de la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la responsabilidad del Estado o de sus agentes. Tal reconocimiento no revivirá los términos de caducidad de la acción de reparación directa. En el marco de la justicia transicional las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, y la naturaleza de las mismas. En los eventos en que las víctimas acudan a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de la acción de reparación directa, al momento de tasar el monto de la reparación, la autoridad judicial deberá valorar y tener en cuenta el monto de la reparación que en favor de las víctimas se haya adoptado por el Estado, en aras de que sea contemplado el carácter transicional de las medidas que serán implementadas en virtud de la presente ley.”

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los incisos 5° y 6° del artículo 9° de la Ley 1448 de 2011.

SV MVCC

SV LEVS

AV ARR

AV LGGP

AV JIPP

Como resultado de los análisis de constitucionalidad suscitados por la presente demanda, la Corte determinó que los incisos quinto y sexto del artículo 9° de la Ley de Víctimas no son contrarios a las normas superiores y del bloque de constitucionalidad invocadas por los actores. Como principal sustento de esta conclusión, la Corte encontró que los incisos acusados no implican una indebida limitación a los poderes y el campo de acción de los jueces administrativos ni de ninguna otra autoridad, quienes pese a los mandatos indicativos contenidos en estas normas, conservan la plenitud de sus facultades y la posibilidad de adoptar las decisiones que consideren pertinentes y necesarias para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral.

Bajo la anterior consideración, no resulta contrario a la Constitución el deber que se asigna a las autoridades para que al dar aplicación a esta ley observen los criterios de justicia transicional y sostenibilidad fiscal. Según se estableció, ello no lesiona el derecho de las víctimas definidas por esta ley a la reparación integral, el principio de responsabilidad del Estado ni el de separación de poderes. Finalmente, tampoco se acreditó la alegada infracción al principio de unidad de materia, por el que debe regirse el trámite legislativo.

En consecuencia, al haberse descartado la prosperidad de cada uno de los cargos propuestos en la demanda, se declaró la exequibilidad de los incisos demandados frente a tales cuestionamientos.

D-9484

C-753/13

Oct. 30/13

Mp. Dr. González

Artículo 77.

Indemnización a víctimas ROM o Gitanas Individuales. Inclúyase dentro del Programa de Indemnización por Vía Administrativa de que trata el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 un capítulo especial sobre la indemnización especial y diferencial a víctimas individuales ROM o Gitanas que precise el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización. Los criterios diferenciales para la determinación de dichas indemnizaciones serán: el grado de vulneración, la afectación diferencial, la equidad aplicable a la distribución del monto total asignado al universo de víctimas y el impacto producido por los daños producidos a la víctima. La indemnización individual será distribuida bajo criterios de equidad entre el universo de víctimas Rrom o Gitanos, y establecerá el plazo en el que será distribuido en términos de los límites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

Primero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 77 del Decreto 4634 de 2011 y el artículo 80 del Decreto 4635 de 2011, por los cargos examinados en esta sentencia.

AV MVCC

AV LEVS

Principio de sostenibilidad fiscal. Progresividad para acceso a bienes y servicios en todo el territorio, promoción de la productividad, competitividad y desarrollo. Derecho a la reparación de víctimas del conflicto armado interno-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Reparación administrativa y componente de la indemnización. Proceso de justicia transicional nacional.

D-9608

C-912/13

Dic. 3/13

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 9.

Carácter de las medidas transicionales. El estado reconoce que todo individuo que sea considerado víctima en los términos en la presente ley, tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y a que las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente ley, no se vuelvan a repetir, con independencia de quién sea el responsable de los delitos. Las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el estado, tendrán la finalidad de contribuir a que las víctimas sobrelleven su sufrimiento y, en la medida de lo posible, al restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados. Estas medidas se entenderán como herramientas transicionales para responder y superar las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente ley. Por lo tanto, las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el estado con el objetivo de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del estado, derivada del daño antijurídico imputable a este en los términos del artículo 90 de la constitución nacional, como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el estado o sus agentes. El hecho que el estado reconozca la calidad de víctima en los términos de la presente ley, no podrá ser tenido en cuenta por ninguna autoridad judicial o disciplinaria como prueba de la responsabilidad del estado o de sus agentes. Tal reconocimiento no revivirá los términos de caducidad de la acción de reparación directa. En el marco de la justicia transicional las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente ley, y la naturaleza de las mismas. En los eventos en que las víctimas acudan a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio de la acción de reparación directa, al momento de tasar el monto de la reparación, la autoridad judicial deberá valorar y tener en cuenta el monto de la reparación que en favor de las víctimas se haya adoptado por el estado, en aras de que sea contemplado el carácter transicional de las medidas que serán implementadas en virtud de la presente ley.

Artículo 10.

Condenas en subsidiariedad. Las condenas judiciales que ordenen al estado reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del estado o de sus agentes. En los procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa de que trata la presente ley en el artículo 132, sin perjuicio de la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del proceso judicial.

Artículo 123.

Medidas de restitución en materia de vivienda. Las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o indemnización. Las víctimas podrán acceder al subsidio familiar de vivienda de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y a los mecanismos especiales previstos en la ley 418 de 1997 o las normas que la prorrogan, modifican o adicionan. El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, o la entidad que haga sus veces, o el ministerio de agricultura y desarrollo rural, o la entidad que haga sus veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan sido víctimas en los términos de la presente ley. El gobierno nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo, tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.

Parágrafo 1o.

La población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los programas y proyectos diseñados por el gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población discapacitada desplazada.

Parágrafo 2o.

Se priorizará el acceso a programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de seguridad por parte de la autoridad competente.

Artículo 124.

Postulaciones al subsidio familiar de vivienda. Los postulantes al subsidio familiar de vivienda en las condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el fondo nacional de vivienda o la entidad que haga sus veces, o por el banco agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda.

Artículo 125.

Cuantía máxima. La cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo será el que se otorgue en el momento de la solicitud a los beneficiarios de viviendas de interés social.

Artículo 127.

Normatividad aplicable. Se aplicará al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, lo establecido en la normatividad vigente que regula la materia, en cuanto no sea contraria a lo que aquí se dispone.

Artículo 130.

Capacitación y planes de empleo urbano y rural. El servicio nacional de aprendizaje, Sena, dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos víctimas, en los términos de la presente ley, a sus programas de formación y capacitación técnica. El gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, a través del ministerio de la protección social y el servicio nacional de aprendizaje (Sena), diseñará programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano con el fin de apoyar el autosostenimiento de las víctimas, el cual se implementará a través del plan nacional para la atención y reparación integral a las víctimas.

Artículo 131.

Derecho preferencial de acceso a la carrera administrativa. La calidad de víctima será criterio de desempate, en favor de las víctimas, en los concursos pertenecientes a los sistemas de carrera general y carreras especiales para acceder al servicio público.

Parágrafo. El derecho consagrado en el presente artículo prevalecerá sobre el beneficio previsto en el numeral 3 del artículo 2o de la ley 403 de 1997”.

Primero.- Declarar exequibles, en relación con el cargo examinado, el inciso final del artículo 9 de la ley 1448 de 2011, y los artículos 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la misma ley, que consagran como medidas de reparación el acceso preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo y a la carrera administrativa en casos de empate, en el entendido que tales prestaciones son adicionales y no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.

Segundo.- Inhibirse para conocer de la acusación formulada contra el inciso 2º del artículo 10 de la ley 1448 de 2011 y del cargo por violación del principio de igualdad.

AV LGGP

Medidas de reparación-Acceso preferente de víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, a la carrera administrativa en casos de empate, prestaciones adicionales que no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho. La Corte reiteró los precedentes fijados en anteriores decisiones, según los cuales: (i) el derecho a la reparación integral de las víctimas incorpora, entre sus contenidos, la necesidad de diferenciar la asistencia humanitaria, por un lado, y las medidas de política social, por otro, de las medidas de reparación propiamente dichas, sin que estas últimas puedan ser confundidas con, o sustituidas por, las primeras; (ii) otorgar efectos reparatorios a las medidas que conforman la oferta social destinada a las víctimas no es, en sí mismo, contrario a la Constitución, siempre y cuando el reconocimiento de aquellas prestaciones a favor de las víctimas no disminuya sino que por el contrario contribuya a incrementar la calidad y cantidad de las medidas de reparación a las que tienen derecho; (iii) no resulta admisible descontar las prestaciones otorgadas por concepto de ayuda humanitaria o asistencia social, del valor de las reparaciones debidas a las víctimas, porque ello atenta contra su derecho a la reparación integral. Con fundamento en estas consideraciones la Corte concluyó que las prestaciones consagradas a favor de las víctimas en los artículos 123, 124, 125, 127, 130 y 131 de la ley incorporan un elemento de acción afirmativa, a la vez que son consideradas como medidas de reparación a favor de las víctimas. La Sala consideró que el hecho de conferir efectos reparatorios a las medidas que conforman la oferta social destinada a las víctimas no supone, en sí mismo, una infracción al principio de distinción, siempre y cuando el reconocimiento de aquellas prestaciones a favor de las víctimas no disminuya sino que, por el contrario, contribuya a incrementar la calidad y cantidad de las medidas de reparación a las que tienen derecho. Por otra parte, la Corte sostuvo que, al poner en relación las disposiciones anteriores con la previsión contenida en el inciso final del artículo 9º de la Ley de Víctimas, podría llegar a entenderse este último como una autorización para descontar las prestaciones en materia de acceso a vivienda, formación y empleo y desempate en casos de carrera administrativa, que hayan sido reconocidas a favor de las víctimas, del monto de la reparación judicial que en su favor llegara a ordenar la jurisdicción contencioso administrativa. Tal entendimiento vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral y desconoce el precedente fijado en la sentencia SU-254 de 2013, relativo a la imposibilidad de reducir el alcance de las indemnizaciones administrativas y/o judiciales pretextando el previo reconocimiento de medidas de asistencia social a favor de las víctimas. Por tal razón, declaró la exequibilidad condicionada de las normas acusadas, en el entendido que las prestaciones que en ellas se consagran son adicionales y no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas.

D-9683

C-795/14

Oct. 30/14

 

Mp. Dr. Palacio

Artículo 100.

Entrega del predio restituido. La entrega del predio objeto de restitución se hará al despojado en forma directa cuando este sea el solicitante, o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a favor del despojado, dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a ello, o dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Para la entrega del inmueble el Juez o Magistrado de conocimiento practicará la respectiva diligencia de desalojo en un término perentorio de cinco (5) días y para ello podrá comisionar al Juez Municipal, quien tendrá el mismo término para cumplir con la comisión. Las autoridades de policía prestarán su concurso inmediato para el desalojo del predio. De la diligencia se levantará un acta y en ella no procederá oposición alguna. Si en el predio no se hallaran habitantes al momento de la diligencia de desalojo se procederá a practicar el allanamiento, de conformidad con los artículos 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil. En este caso se realizará un inventario de los bienes, dejándolos al cuidado de un depositario.

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones ordenadas por el juez o Magistrado cuando hubiere lugar a ello, o” del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011.

SV LGGP

La Corte decidió sobre la constitucionalidad del fragmento acusado, que en opinión de los actores resultaba contrario al derecho a la igualdad, al derecho a la tutela judicial efectiva y a varios derechos fundamentales de las víctimas de despojo y abandono forzoso, en cuanto sujeta la efectiva entrega del predio restituido al pago de las compensaciones que hubiere ordenado el juez en favor de los poseedores de buena fe. Para ello, la Sala comenzó por referirse al procedimiento de restitución de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011, usualmente conocida como la Ley de Víctimas, así como a la trascendencia de tales procesos para la consecución de los fines de esta importante ley. También recordó la línea jurisprudencial sobre los derechos de las víctimas, trazada al menos desde las sentencias C-228 de 2002 y C-370 de 2006, y en otras más recientes, entre ellas los fallos C-715 de 2012, C-579 de 2013 y C-180 de 2014, a propósito de la aplicación de la referida ley y el análisis de exequibilidad de sus disposiciones. Así mismo, revisó los elementos pertinentes al tema que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como las decisiones relevantes de los tribunales internacionales, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este contexto, la Sala explicó que la norma parcialmente acusada contiene un mandato, el de entregar el predio objeto de restitución, sea al despojado o a la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y una condición, la de que previamente hubieren sido canceladas las compensaciones ordenadas por el juez, cuyo pago, conforme al artículo 98 de la misma ley, corresponde a esa misma Unidad Administrativa Especial. La Corte encontró que, ciertamente, la aplicación del segmento normativo acusado, supone que la efectiva restitución del predio se postergue hasta tanto la referida entidad estatal cancele la totalidad de las compensaciones que el juez hubiere ordenado a favor de terceros poseedores de buena fe, lo que puede implicar un aplazamiento considerable al logro de la finalidad que el proceso persigue, la efectiva recuperación de las tierras que hubieren sido despojadas, por causas no imputables al titular del derecho. En esta medida, la Corte encontró que el aparte normativo acusado era contrario a la Constitución, particularmente por cuanto, dado que las víctimas de que trata la Ley 1448 se encuentran todas en circunstancias de debilidad manifiesta, esta norma ha debido implementar una acción afirmativa que facilitara el goce efectivo del derecho cuya protección se busca, finalidad que no se cumple al condicionar el logro de la restitución al pago de las compensaciones que una entidad estatal debe satisfacer. En esa medida, el aparte acusado resulta excesivamente gravoso y lesivo para los intereses y los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación integral, en cuanto comporta una restricción particularmente significativa e intensa de sus garantías constitucionales, que impide la plena certeza en la satisfacción de su derecho a la restitución. Por estas razones, se declaró inexequible el aparte acusado, de manera que en todos los casos la restitución tenga lugar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

D-10190

C-017/15

Enero 21/15

 

Mp. Dr. Palacio

Artículo 76.

REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE. Créase el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio. El registro se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno. La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que se crea por esta Ley. La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso. Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe, conforme a la ley. Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá acceso a todas las bases de datos sobre las víctimas de despojo o abandono forzado, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados, de las notarías, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de las oficinas de registro de instrumentos públicos, entre otros. Para estos efectos, las entidades dispondrán de servicios de intercambio de información en tiempo real con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con base en los estándares de seguridad y políticas definidas en el Decreto 1151 de 2008 sobre la estrategia de Gobierno en Línea. En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el intercambio de información en tiempo real, los servidores públicos de las entidades y organizaciones respectivas, deberán entregar la información en el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la solicitud. Los servidores públicos que obstruyan el acceso a la información o incumplan con esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Parágrafo 1o. Las autoridades que reciban información acerca del abandono forzado y de despojo de tierras deben remitir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al día hábil siguiente a su recibo, toda la información correspondiente con el objetivo de agilizar la inscripción en el registro y los procesos de restitución.

Parágrafo 2o. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas deberá permitir el acceso a la información por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en aras de garantizar la integridad e interoperatividad de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Declararse INHIBIDA para decidir sobre los cargos formulados contra las expresiones “El registro se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno” y “Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para decidir sobre su inclusión en el Registro”, contenidas en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

 

Ineptitud sustantiva de la demanda. La Corte debía decidir si los apartes acusados del artículo 76 son contrarios al texto superior en cuanto vulneran el derecho a la igualdad al no permitir la aplicación de un enfoque diferencial, generan una omisión legislativa relativa al no regular suficientemente la etapa administrativa de la restitución de tierras, y desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad al condicionar la garantía de los derechos a la existencia de condiciones para el retorno. Sin embargo, la Sala encontró que los cargos formulados no cumplían los requisitos necesarios para dar lugar a un fallo de fondo, pues carecen de certeza y de suficiencia al corresponder a un particular entendimiento del actor sobre el sentido de los apartes acusados, también por cuanto no se plantearon de manera satisfactoria los aspectos de los que depende su prosperidad, entre ellos el criterio de comparación a partir del cual se predicaría vulneración del derecho a la igualdad, o los elementos que demuestran la configuración de una omisión legislativa relativa.

D-10316

C-069/16

Febrero 18/16

 

MP. Dr. Pérez

ARTÍCULO 190. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL RECLUTAMIENTO ILÍCITO. Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral en los términos de la presente ley. Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de reclutamiento ilícito podrán reclamar la reparación del daño, de acuerdo con la prescripción del delito consagrada en el artículo 83 del Código Penal.

La restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes estará a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 

Una vez los niños, niñas y adolescentes cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas.

Declarar EXEQUIBLE la expresión “siempre que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo de armado organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo de la Dejación de las Armas”, contenida en el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de Armas (CODA), se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.

SV ALC

SPV GSOD

SPV LEVS

El problema jurídico que le correspondió resolver a la Corte en esta ocasión, consistió en determinar si la exigencia a los niños, niñas y adolescentes desmovilizados que cumplen su mayoría de edad, de un certificado expedido por el CODA como requisito previo para ingresar a los programas de integración social y económica ofrecidos en favor de las víctimas de reclutamiento forzado, establece un trato diferenciado y discriminatorio entre víctimas de grupos armados al margen de la ley y víctimas de grupo armados post desmovilización, por cuanto estas últimas quedaron excluidas de la entrega de dicho certificado, en razón a que solo se les reconoce la condición de grupos armados al margen de la ley a los grupos guerrilleros y de autodefensa.

 

A juicio de la Corte, la diferencia aludida genera en efecto un trato discriminatorio, contrario a los derechos a la igualdad y a la reparación, habida cuenta que una lectura que restrinja a los mencionados grupos la exigencia del citado certificado para acceder al proceso de reintegración social y económica, a las víctimas de reclutamiento ilícito desvinculadas de los grupos de armados que han surgido luego del proceso de desmovilización de la Ley 975 de 2005, es decir, las víctimas de reclutamiento ilícito de los llamados grupos ilegales post desmovilización, entendiendo por tales, entre otros, las bandas criminales y los grupos armados no identificados.

 

Con apoyo en su propia jurisprudencia y en el derecho internacional, la corporación sostuvo que la condición de víctima de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado interno que vive Colombia, no puede determinarse con base en la calidad o condición específica del sujeto que incurrió en el hecho victimizante, sino a partir de la relación existente entre la situación generadora de la violación de los derechos y el marco del conflicto armado, contexto en el cual se ha considerado que las conductas atribuidas a los grupos post desmovilización, entre ellas, el reclutamiento ilícito, han tenido ocurrencia en el ámbito del conflicto armado, dada su relación con la complejidad real e histórica. Conforme con esto, la Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación, el cual debe ser garantizado por el Estado en igualdad de condiciones para todas, a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito.

 

No obstante, frente a normas que presentan problemas de interpretación, como ocurre en el presente caso, la Corte no declara su inexequibilidad, puesto que la disposición admite una interpretación acorde con la Constitución y en esa medida, opta por mantener en el ordenamiento el precepto, pero condicionando su exequibilidad a dicho entendimiento. En el caso concreto, el aparte acusado del artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 es exequible siempre y cuando se entienda que la certificación de desvinculación que expide el Comité

Operativo de la Dejación de Armas (CODA) se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado.

D-10886

C-160/16

Abril 06/16

 

MP. Dr. Vargas

ARTÍCULO 10. CONDENAS EN SUBSIDIARIEDAD. Las condenas judiciales que ordenen al Estado reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus agentes.

 

En los procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el Estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa de que trata la presente ley en el artículo 132, sin perjuicio de la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del proceso judicial.

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de mérito sobre la demanda contra el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”

SV JIPC

SV ARR

La Corte constató que los argumentos en que se sustentan cargos de inconstitucionalidad planteados en esta oportunidad, carecen de certeza, suficiencia y pertinencia. El punto de partida del actor es la supuesta homologación o sustitución de la reparación judicial por la administrativa, enunciado que no le es adjudicable al contenido del precepto demandado, cuyo cometido es el de regular la concurrencia a subsidiaria y limitada del estado en el pago de las condenas proferidas judicialmente en proceso de justicia transicional, sin perjuicio de la obligación que pervive en cabeza del victimario de satisfacer la totalidad de la reparación declarada judicialmente. Esa falta de certeza en la base del planteamiento del demandante condujo así mismo a la falta de especificidad y pertinencia de las razones que dan sustento a su exposición, como quiera que no logró establecer una relación de oposición objetiva y verificable entre las normas constitucionales que invoca y el contenido normativo acusado, reconduciendo su argumentación un plano subjetivo en el que asigna a la norma alcance y consecuencias que no se inscriben genuinamente en su contenido.

D-10943

C-161/16

Abril 06/16

 

MP. Dr. Vargas

ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

 

PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

 

PARÁGRAFO 2o. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

 

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

 

PARÁGRAFO 3o. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

 

PARÁGRAFO 4o. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

 

PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de

la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, las expresiones “Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable”, contenidas en el parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.

SV JIPP

SV JIPC

SV ARR

AV MVCC

AV ALC

AV GSOD

En el presente caso, le correspondió a la Corte determinar, si el establecimiento de un régimen especial de reparación económica a los miembros de la Fuerza Pública, víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, con ocasión del conflicto armado interno, configura una vulneración del derecho a la igualdad.

 

Para resolver este cuestionamiento, el tribunal constitucional consideró importante precisar que la reparación a las víctimas del conflicto armado interno regulada por la Ley 1448 de 2011 no implica un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Constituye un mecanismo especial de justicia transicional para indemnizar los daños que hayan sufrido las víctimas del conflicto armado interno a través del pago de una indemnización directa por parte de Estado, a quienes se encuentran en los supuestos reguladas en la ley, de manera que se garantice el derecho a la reparación consagrado en la Constitución. Así mismo, resaltó el reconocimiento que hizo esta ley del carácter de víctimas del conflicto armado interno a los miembros de la Fuerza Pública y por tanto su derecho a acceder a medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantía de no repetición.

 

La Corte señaló que el legislador cuenta con un margen de configuración normativa para establecer los destinatarios de las medidas de reparación y los tipos de indemnización, fundado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que se logre un equilibrio entre la obligación de indemnizar a las víctimas del conflicto armado interno y los recursos escasos con que cuenta el Estado para ello.

En el caso concreto, dado el carácter especial de los miembros de la Fuerza Pública, la misión a su cargo y su relación de sujeción con el gobierno y la administración pública por la especificidad de las funciones constitucionales que cumple, así como el régimen especial que los rige, la Corporación encontró justificado el trato distinto que se les otorga en la disposición demandada. De otra parte, constató que se trata de una medida razonable y proporcionada, como quiera que se encamina a una finalidad legítima desde la óptica constitucional, en cuanto busca reparar a las víctimas del conflicto armado interno con los recursos escasos y la institucionalidad de que dispone el Estado, acorde con el principio constitucional de sostenibilidad fiscal.

 

De esta forma, la ley ha previsto un conjunto de normas especiales que contemplan elementos de diferenciación según las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el miembro de la Fuerza Pública sufra la lesión o la muerte, los cuales dependen de que los hechos tengan lugar en desarrollo del servicio, en misión de servicio o como consecuencia de un combate, las cuales determinan el tipo y monto de la prestación económica que se le debe reconocer. Además, existe un régimen de beneficios generales que se les otorga en razón de las funciones constitucionales que les corresponde.

 

Por consiguiente, la Corte determinó que no podía hablarse en este caso de discriminación contra los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado interno, toda vez que en relación con los demás servidores públicos y víctimas de ese conflicto, existen diferencias que justifican un trato diferente. En todo caso, aclaró, que la aplicación de un régimen especial respecto de la reparación administrativa no quiere decir que el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional esté limitado en su derecho a la reparación integral en sus cinco componentes, de modo que cualquier daño que no sea cubierto por el régimen especial, podrá ser reclamado por vía de la acción judicial de reparación.

 

En consecuencia, la Corte declaró exequible el aparte normativo acusado del parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, por no vulnerar el derecho a la igualdad de los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado interno.

D-10945

C-330/16

Junio 23/16

Mp. Dra. Calle

ARTÍCULO 88. OPOSICIONES. Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y tenida en cuenta por el Juez o Magistrado.

 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no haya actuado como solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de restitución.

 

Al escrito de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución o formalización.

 

Cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en este capítulo y no se presenten opositores, el Juez o Magistrado procederá a dictar sentencia con base en el acervo probatorio presentado con la solicitud.

 

ARTÍCULO 91. CONTENIDO DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente.

 

Las órdenes necesarias para garantizar que las partes de buena fe exenta de culpa vencidas en el proceso sean compensadas cuando fuera del caso, en los términos establecidos por la presente ley;

 

ARTÍCULO 98. PAGO DE COMPENSACIONES. El valor de las compensaciones que decrete la sentencia a favor de los opositores que probaron la buena fe exenta de culpa dentro del proceso, será pagado por el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. En ningún caso el valor de la compensación o compensaciones excederá el valor del predio acreditado en el proceso.

 

En los casos en que no sea procedente adelantar el proceso, y cuando de conformidad con el artículo 97 proceda la compensación en especie u otras compensaciones ordenadas en la sentencia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá competencia para acordar y pagar la compensación económica correspondiente, con cargo a los recursos del fondo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

 

El valor de las compensaciones monetarias deberá ser pagado en dinero.

 

ARTÍCULO 105. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS. Serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas las siguientes:

 

1. Diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de conformidad con esta ley y el reglamento.

 

2. Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción en el registro.

3. Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios para presentarlas en los procesos de restitución a que se refiere el presente capítulo.

 

4. Identificar física y jurídicamente, los predios que no cuenten con información catastral o registral y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la consecuente apertura de folio de matrícula a nombre de la Nación y que se les asigne un número de matrícula inmobiliaria.

 

5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley.

 

6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa.

 

7. Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los predios, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

 

8. Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los predios restituidos y formalizados.

 

9. Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes se les formalicen los predios de conformidad con este capítulo, para la cancelación de los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los predios restituidos y el alivio de créditos asociados al predio restituido o formalizado.

 

10. Las demás funciones afines con sus objetivos y funciones que le señale la ley.

Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

 

Segundo.- EXHORTAR al Congreso de la República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una política pública comprensiva acerca de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional.

SPV JIPP

SPV LEVS

 

Restitución de tierras a víctimas del conflicto armado. Oposiciones. Contenido del fallo. Pago de compensaciones. Pago a favor de terceros de buena fe. El presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) demandó la expresión “exenta de culpa” por generar una omisión legislativa relativa. En su sentir, la inclusión de este estándar de conducta (la buena fe exenta de culpa) en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, genera una situación inequitativa e injusta frente a personas que actúan como opositores en el proceso de restitución de tierras, tienen la calidad de segundos ocupantes del predio objeto de restitución, son sujetos vulnerables, carecen de vivienda y no tuvieron relación alguna con el despojo. La Sala concluyó que efectivamente existe un problema de discriminación indirecta que afecta exclusivamente a los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad y que no tuvieron relación (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el abandono forzado del predio objeto de restitución. Consideró además, que este problema debe ser tomado en cuenta por los jueces de tierras en el marco de sus competencias, tomando en consideración que, en virtud de la complejidad de las tensiones constitucionales que se dan en estos trámites y debido a la ausencia de un órgano de cierre en la justicia de tierras, los funcionarios judiciales requieren un conjunto de criterios orientadores para solucionar la situación constitucionalmente problemática a la que se hizo referencia en esta providencia.

D-11106

C-404/16

Agosto 03/16

Mp. Dra Ortiz

ARTÍCULO 94. ACTUACIONES Y TRÁMITES INADMISIBLES. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “ni la conciliación” contenida en el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011.

AV MVCC

El problema jurídico que se planteó en esta oportunidad a la Corte, consistió en definir si la improcedencia de la conciliación en el proceso de restitución, vulnera los derechos de las víctimas del conflicto armado interno al debido proceso, acceso a la administración de justicia y la garantía de eficacia de estos derecho consagrada en el artículo 2º de la

Constitución, al cerrar la posibilidad de acudir a un mecanismo expedito de resolución de controversias.

 

De manera preliminar, la Corte precisó el alcance de la norma acusada, en relación con el cual se expusieron dos interpretaciones: de un lado, algunos de los intervinientes consideran que a partir de la lectura literal de su texto no se desprende que la norma impida a los solicitantes conciliar con los opositores por fuera de proceso de restitución. Aducen que según lo indica el título del artículo 94, la disposición no habla de una prohibición, sino de trámites y actuaciones inadmisibles en “este proceso”, es decir como una etapa dentro del proceso de restitución, pero no se excluyen las conciliaciones efectuadas por fuera de éste. De otra parte, puede entenderse que la disposición de la cual hace parte la expresión demandada, incluye la conciliación extra proceso judicial, como lo ha entendido la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, UAEGRTD. Esta interpretación tiene sustento en la exposición de la Ley 1448 de 2011, en la cual se resalta la necesidad de acompañamiento judicial a la víctima en todas las etapas, no solo para garantizar la efectividad de la restitución, sino para devolverles a las víctimas la confianza en las instituciones del Estado. Esta interpretación, además, resulta consistente con una interpretación teleológica de la disposición demandada, si se tiene en cuenta que uno de los objetivos de la Ley 1448 de 2011 es el de redefinir la relación entre el Estado y las víctimas del conflicto armado, de manera que garantice la efectividad del derecho a la restitución mediante el “acompañamiento estatal” durante todas las etapas del proceso. Adicionalmente, una interpretación sistemática de la ley llevaría a concluir que el artículo 94 se refiere exclusivamente a la conciliación extrajudicial. Sin embargo, si dentro del proceso de restitución de tierras no se regula una etapa judicial o prejudicial de conciliación, carece de sentido y no es dable inferir que el artículo 94 se refiera a la inadmisibilidad de una etapa procesal que ya de por sí no está prevista. Tampoco, se contempla una norma remisoria al ordenamiento procesal civil en aquello que no esté regulado en la Ley 1448 de 2011 y tampoco distingue entre diferentes tipos de conciliación. En consecuencia, la Corte concluyó que la expresión demandada cobija tanto la conciliación como etapa del proceso, como la conciliación extra proceso.

 

Para establecer si la admisibilidad de la conciliación en los procesos de restitución vulnera los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la Corte debía definir el objeto de dicho proceso y así, identificar los derechos, bienes jurídicos e intereses involucrados en el mismo y de esta forma, determinar si los solicitantes de la restitución pueden disponer de ellos o si la decisión de limitar la posibilidad de conciliación en estos procesos es razonable y proporcionada. Al respecto, la jurisprudencia ha establecido que el fin del proceso no se limita únicamente a la restitución material y jurídica de los inmuebles que hayan sido objeto de despojo o abandono forzado y cuando ello no sea posible, la compensación en especie o dinero. En efecto, el desplazamiento forzado, el despojo, el abandono forzado y las demás afectaciones territoriales tiene implicaciones para una serie de derechos constitucionales, muchos de ellos de carácter fundamental, como la vida digna, la integridad y seguridad personal, la libertad de escoger domicilio, la libre circulación, la autonomía personal, la unidad familiar, la libertad de expresión y de asociación, los derechos sociales al trabajo, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda, la paz y la igualdad. Al estar involucrados derechos fundamentales, prima facie, la inadmisibilidad de la conciliación dentro del proceso de restitución cuenta con un fundamento constitucional sólido.

 

Además de los derechos enunciados, este proceso involucra el derecho fundamental a conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y demás hechos victimizantes (art. 1º de la Ley 1448 de 2011). La Corte recordó que la titularidad de este derecho no está únicamente en cabeza de quien sufre el hecho victimizante, sino también de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, toda vez que tiene una dimensión colectiva y la necesidad de que se garantice mediante investigaciones que debe llevar a cabo el

Estado. Como la víctima no es la única titular del derecho a la verdad, es claro que el solicitante de la restitución no puede disponer autónomamente de este derecho y por ende, se justificaría la constitucionalidad de la inadmisibilidad de la conciliación en los procesos de restitución. El argumento según el cual, el principio de dignidad humana no puede permitir a utilización del solicitante como un medio para esclarecer la verdad sobre el despojo y abandono forzado de bienes resultaría razonable, sería razonable si las condiciones actuales de nuestro país permitieran garantizar el ejercicio pleno de la autonomía de voluntad a cada individuo, lo cual desafortunadamente ello no es así, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los solicitantes de la restitución.

 

Por último, la Corte consideró que no resultaba de recibo el planteamiento según el cual, el legislador tendría el deber constitucional de establecer la conciliación, bien como una actuación anterior al proceso o como parte del mismo, o de permitir la conciliación por fuera del proceso de restitución. Primero, porque es un determinación que cabe dentro del amplio margen de configuración con que cuenta el legislador para estructurar los procesos judiciales; y segundo, porque el legislador goza de un extenso margen de configuración para regular la conciliación por fuera del proceso, estableciendo cuáles materias pueden ser objeto de la misma y cuáles no. Además, la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, según lo enunciado en los preceptos constitucionales que lo consagran, ni tampoco limita el derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que es un mecanismo excepcional que debe entenderse como complementario de los instrumentos principales de la organización judicial. Por ello, el Congreso, acorde con los parámetros fijados por la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su potestad configurativa, estableció la inadmisibilidad de la conciliación como mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de la restitución, de sus familias y el derecho a la verdad, que también está en cabeza de toda la sociedad. En esa medida, el cargo por violación del derecho de acceso a la administración de justicia, no prosperó.

D-11196

C-494/16

Septiembre 14/16

Mp. Dr. Guerrero

ARTÍCULO 60. NORMATIVIDAD APLICABLE Y DEFINICIÓN.

 

La atención a las víctimas del desplazamiento forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387de 1997 y demás normas que lo reglamenten.

 

Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la presente ley, continuarán vigentes.

 

PARÁGRAFO 1o. El costo en el que incurra el Estado en la prestación de la oferta dirigida a la población desplazada, en ningún caso será descontado del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tiene derecho esta población.

 

Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus vulnerabilidades específicas, tiene efecto reparador, exceptuando la atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición.

 

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de la presente ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o de la presente Ley.

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “dentro del territorio nacional” contenida tanto en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, como el parágrafo 2º del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SV ARR

AV MVCC

La Corte encontró que la demanda formulada contra uno de los elementos de la definición de persona desplazada o de víctima de desplazamiento forzado, no cumplía con los requisitos que se exige de un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa. En primer lugar, porque no existe el régimen de desprotección que se invoca por el actor, puesto que el amparo de los derechos de las personas que se vieron obligadas a migrar hacia el exterior, ya sea que tengan la condición de refugiado, asilado o de simple migrante irregular, encuentra su fundamento normativo en la noción que de víctima dada en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Por eso, no se cumplía el requisito referente a que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo por omisión que se plantea, toda vez que la disposición que se cuestiona regula una realidad distinta y su alcance se circunscribe a la determinación de una definición operativa para distinguir que se entiende por persona desplazada. En realidad, lo que se busca por el demandante, no se soluciona con la ampliación solicitada, puesto que lo que se demanda es la expedición de un régimen normativo que desde el punto de vista legal, integre, precise, especifique y desarrolle el conjunto de derechos a favor de las personas que con ocasión del conflicto armado interno migraron hacia el exterior, petición que corresponde a una omisión absoluta ante la ausencia de dicho marco legal, integrado y coherente, frente al cual, esta corporación resulta incompetente.

 

A lo anterior, se agrega que en ningún momento se explica en la demanda por qué el tratamiento y el régimen jurídico al que someten las personas víctimas de desplazamiento forzado debe extenderse y ser exactamente igual al que se prevé para los refugiados, los asilados, los migrantes irregulares o quienes se encuentran en proceso de obtener una declaración formal de refugio, más aún cuando no siempre el hecho ilícito que motiva el cruce de fronteras es exactamente el mismo, como se advierte en los instructivos del Gobierno Nacional, en los que se clasifican las medidas para las víctimas que se encuentran en el exterior, a partir de la circunstancia de haber sido sometido a desplazamiento forzado o de haber padecido otro tipo de hechos victimizantes. Tampoco, el actor explica cómo la abstención del legislador más allá de representar una hipótesis de silencio, constituye una infracción a un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. Finalmente, la presunta omisión no se predica de forma directa de la disposición acusada, sino que la supuesta situación de desprotección en que según el demandante se encuentran los migrantes internacionales, se fundamenta en otras disposiciones que no fueron demandadas –incluso de carácter reglamentario- cuya lectura, en algunos casos incompleta, hace evidente que la presunta omisión no se deriva del precepto acusado y que al final de cuentas, lo que se buscaba era una especie de examen oficioso del todo el régimen normativo de la población en condición de desplazamiento para derivar de allí circunstancias de desprotección que habilitaran su extensión a los sujetos relacionados por el demandante. Por estas razones, la Corte se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo.

D-11139

C-006/17

Enero 18/17

Mp. Dra. Calle

ARTÍCULO 10. CONDENAS EN SUBSIDIARIEDAD. Las condenas judiciales que ordenen al Estado reparar económicamente y de forma subsidiaria a una víctima debido a la insolvencia, imposibilidad de pago o falta de recursos o bienes del victimario condenado o del grupo armado organizado al margen de la ley al cual este perteneció, no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado o de sus agentes.

 

En los procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el Estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la

víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa de que trata la presente ley en el artículo 132, sin perjuicio de la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada dentro del proceso judicial.

Declararse INHIBIDA para pronunciarse acerca de la exequibilidad del inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

SV ARR

Después de tener en cuenta las consideraciones de la Corte contenidas en la sentencia C-160/16acerca del alcance del inciso segundo del artículo 10 de la Ley 1448 de 2016 acusado en esta oportunidad, la Sala Plena constató que la demanda no cumplía con los requisitos mínimos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia que se exigen de los cargos de inconstitucionalidad para poder realizar un examen de fondo y emitir un fallo de mérito.

En primer lugar, el tribunal encontró que no era posible identificar el sentido de la censura que se plantea por vulneración del derecho de igualdad y del principio de igualdad. Si bien es cierto que la demanda no parte de una interpretación subjetiva del enunciado cuestionado, también lo es que la norma no ordena nada en los casos en que el primer y único obligado en la reparación económica a la víctima es el Estado colombiano. El actor afirma, sin demostrarlo, que el Legislador tiene permitido mejorar, pero no desmejorar los derechos, a la vez que pretende dar un trato idéntico a destinatarios que se encuentran en circunstancias idénticas, que no es posible debido al tope establecido al pago concurrente del Estado previsto en el inciso demandado. Su razonamiento parte de argumentos genéricos y vagos, que presuponen lo que se pretende demostrar, sin que se efectúe una real confrontación entre la disposición legal acusada y normas superiores de la Constitución. De igual modo, la Corte constató la ausencia de cargos específicos de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, cuya argumentación se basa esencialmente en decisiones judiciales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Mapiripán y por el Tribunal Superior de Bogotá en el caso de la masacre de Mampuján, que aporta elementos de juicio acerca de las manera como dos órganos judiciales definieron el alcance de las reparaciones a cargo del Estado, pero no constituye un cargo por violación de la igualdad. Además, el actor no explica por qué estos pronunciamientos podrían ser parámetros de control de constitucionalidad.

D-11481

 

 

CUADRO RESUMEN

LEY 1448 DE 2011

 

1

C-052/12

6

C-781/12

11

C-438/13

16

C-795/14

22

C-330/16

2

C-250/12

7

C-820/12

12

C-462/13

17

C-017/15

23

C-404/16

3

C-253A/12

8

C-1054/12

13

C-581/13

18

C-069/16

24

C-494/16

4

C-609/12

9

C-099/13

14

C-753/13

20

C-160/16

25

C-006/17

5

C-715/12

10

C-280/13

15

C-912/13

21

C-161/16

 

 

 

 


LEY 1592 DE 2012

 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones”.

 

 

C-532/13

Agosto 15/13

Mp. Dr. Guerrero

Artículo 28.

Modifíquese el artículo 32 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 32. Competencia funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en Materia de Justicia y la Paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley.

El juzgamiento en los procesos a los que se refiere la presente ley, en cada una de las fases del procedimiento, se llevará a cabo por las siguientes autoridades judiciales:

1. Los Magistrados con funciones de control de garantías.

2. Los Magistrados con funciones de conocimiento de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

3. Los jueces con funciones de ejecución de sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo con la distribución de trabajo que disponga el Consejo Superior de la Judicatura en cada una de las salas de Justicia y Paz.

Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones conducentes y proveerá los cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por magistrados diferentes. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996.

Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión: “las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996”, contenida en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012.

Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión: “La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”, en el entendido que los cargos a los que se refiere dicho preceptos legal, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente en materia penal.

AV LEVS

AV MVCC

SPV LGGP

AV JIPP

Principio del mérito para designar magistrados que conocen procesos de justicia y paz-Aplicación. Cosa juzgada material. Precedente jurisprudencial referente a carrera judicial y provisión de cargos mediante concurso público de méritos.

D-9515

C-614/13

Sept. 4/13

Mp. Dr. González

Artículo 26.

Modifíquese el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 25.

Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Si a los beneficiarios de la pena alternativa de conformidad con esta ley, con posterioridad a la concesión de la pena alternativa se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos armados organizados al margen de la ley y antes de su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el postulado en el marco del proceso especial de que trata la presente ley, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas.

Adicionalmente, si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena alternativa.

Cuando la autoridad judicial competente compruebe cualquiera de los incumplimientos que se refiere el presente artículo, procederá a la revocatoria de los beneficios jurídicos y ordenará la ejecución de la pena principal contenida en la sentencia de Justicia y Paz.

Parágrafo 1. Las causales de revocatoria de la pena alternativa contenidas en el presente artículo, se darán a conocer al desmovilizado postulado durante el proceso y estarán contenidas en la sentencia.

Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre y cuando no se trate de procedimientos parciales de imputación, terminación anticipada del proceso, formulación y aceptación de cargos, o de sentencias parciales proferidas en el marco de los procedimientos de Justicia y Paz.

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad del segundo y del tercer inciso del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, que modifica el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, por ineptitud sustancial de la demanda.

 

Acción pública de inconstitucionalidad-requisitos. Cosa juzgada material-Requisitos.

D-9531

C-752/13

Oct. 30/13

Mp. Dr. Guerreo

Artículo 8o.

La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11D del siguiente tenor:

Artículo 11D.

Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Para efectos del cumplimiento de los requisitos contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11 respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas. La Fiscalía General de la Nación tomará todas las medidas necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el presente artículo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda.

Parágrafo.

En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la desmovilización.

Artículo 37.

Postulación de desmovilizados al procedimiento penal especial. Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder a los beneficios consagrados en la Ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación. Quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá un (1) año a partir de la solicitud para decidir sobre su postulación.

Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos años para decidir sobre su postulación”, integrada al inciso primero del artículo 37 de la citada Ley 1592 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, la expresión “El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda”, contenida en el inciso tercero del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.

 

De manera previa, la Corte encontró que en relación con el cargo formulado contra la expresión “Vencido este plazo el Gobierno Nacional tendrá dos años para decidir sobre su postulación” integrada al artículo 37 de la Ley 1592 de 2012, la demanda no satisface sustantivamente los requisitos de procedibilidad exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, en particular, los presupuestos de suficiencia, claridad, certeza y especificidad. Esto, por cuanto, la acusación consistente en que el legislador consagró una medida discriminatoria que afecta a un grupo de desmovilizados en relación con otro, resulta insuficiente, puesto que el demandante no explica de manera clara, precisa y suficiente por qué es inconstitucional que en relación con la ley de justicia y paz, el legislador haya concedido al Gobierno Nacional plazos distintos para decidir sobre la postulación de desmovilizados a dicha ley, a partir de la consideración del momento en que se llevaron a cabo las aludidas desmovilizaciones –antes o después de la expedición de la Ley 1592 de 2012-, ya que se limita a señalar que resulta desproporcionado, irrazonable o discriminatorio sin fundamentar esta afirmación. En realidad, la demanda se sustenta en apreciaciones puramente subjetivas, surgidas del entendimiento personal que el propio actor le atribuye a la norma acusada, presumiendo que el Gobierno empleará necesariamente dos años para decidir sobre la postulación de quienes se hubieren desmovilizado con anterioridad a la vigencia de la Ley 1592 de 2012 y por ende, al ser mayor del establecido para la postulación de los desmovilizados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley (un año), afecta los derechos y beneficios transicionales de quienes fueron primeros en el tiempo. A juicio de la Corte, tal razonamiento no se desprende necesariamente del texto impugnado, como quiera que el término de dos años comporta en realidad un plazo máximo con el que cuenta el Gobierno para decidir la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012. A lo anterior se agrega que la acusación tampoco resulta de fácil comprensión, ya que de prosperar, no produciría el efecto perseguido por el actor, en la medida que la declaración de inconstitucionalidad del aparte acusado, implicaría la desaparición del término de dos años y por ende dejaría sin límite temporal al Gobierno Nacional para decidir sobre la postulación de quienes se desmovilizaron antes de la vigencia de la Ley 1592 de 2012, lo que terminaría por hacer más gravosa la situación jurídica de dicho grupo de desmovilizados. Por estas razones, la Corte debía inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo, sobre el segmento normativo acusado del artículo 37 de la Ley 1592 de 2012. En cuanto al aparte demandado del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, la Corte concluyó que no vulnera el artículo 29 de la Constitución, en particular, en la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva, al excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, sin valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma. Al respecto, recordó que el desmovilizado accede libre y voluntariamente al proceso de justicia y paz, asumiendo el deber jurídico de contribuir a la reconciliación nacional, lo cual se materializa poniendo en conocimiento de la autoridad judicial la verdad sobre su participación en los hechos delictivos por el perpetrados y entregando todos los bienes adquiridos en desarrollo de las actividades delictivas, a cambio de la indulgencia de una disminución punitiva. Si ello es así, cuando el desmovilizado no actúa con lealtad y falta a los compromisos adquiridos, lo propio es tramitar su exclusión del proceso de justicia y paz o, en su defecto, revocar la pena alternativa, pues de lo contrario se estaría afectando en forma desproporcionada el valor de la justicia y el principio de igualdad, ya que no existiría razón jurídica para que, a pesar de su conducta negativa, el desmovilizado permanezca en el proceso de justicia y paz y sea beneficiario del mismo.  Para la Corporación, en la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado y es parte de los compromisos adquiridos, este debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad, cual es, la expulsión del proceso de justicia y paz y de la pérdida de los beneficios, por no haber entregado una confesión completa y veraz y no estar en disposición de entregar sus bienes con el fin de reparar a las víctimas. Así mismo, precisó que, de todos modos, la autoridad judicial deberá apreciar en su conjunto las circunstancias fácticas de cada caso y la actuación del postulado, o si por el contrario, obedece a una situación objetiva que no le resulta imputable y que, por consiguiente, no podría tomarse como base para determinar la exclusión de los beneficios. Al mismo tiempo señaló, que las garantías judiciales reconocidas por la ley de justicia y paz, no pueden ser interpretadas en el sentido de que al desmovilizado no se le exige esfuerzo alguno para deshacer los negocios que le han permitido ocultar su patrimonio o para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene claramente identificados pero que no se encuentran en su poder, pues tal lectura no honra en absoluto la obligación de reparar que la Constitución, las normas civiles y los tratados internacionales exigen. De ahí que los errores y olvidos que se pueden generar en las diligencias judiciales, particularmente en relación con la obligación del postulado de declarar todos los bienes adquiridos ilícitamente, no pueden entenderse amparados por la garantía de proscripción de la responsabilidad objetiva. Por consiguiente, el cargo formulado contra un segmento del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 no estaba llamado a prosperar.

D-9568

C-827/13

Nov. 13/13

Mp. Dr. Mendoza

Artículo 19.

La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:

Artículo 18A.

Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos: 1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario; 2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta; 3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz; 4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley; 5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización. Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes. Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con funciones de control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 1. Que el postulado deje de participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;  2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente;  3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.

Parágrafo. En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley. Artículo 35.

Modifíquese el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 66.

Resocialización y reintegración de postulados en detención preventiva y de condenados a la pena alternativa. El Gobierno nacional velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean dejados en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario diseñará y ejecutará un programa especial para la resocialización de los postulados que se encuentren privados de la libertad en establecimientos penitenciarios o carcelarios. En estos casos, la finalidad de la detención preventiva incluirá la resocialización de los desmovilizados que hayan sido postulados por el Gobierno nacional al proceso penal de que trata la presente ley y que se encuentren activos en el mismo. El programa de resocialización deberá incluir un componente de atención psicosocial que les permita a los postulados participar de manera efectiva en los procesos penales especiales de justicia y paz. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas, diseñará e implementará en el marco de la política nacional de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, un proceso de reintegración particular y diferenciado para los desmovilizados postulados a la presente ley que sean dejados en libertad, el cual tendrá como objetivo la contribución de estos postulados a la reconciliación nacional. Este programa de reintegración no estará supeditado a la prohibición establecida en el artículo 50 de la Ley 418 de 1997, y deberá incluir un componente de atención psicosocial. Este programa en ningún caso podrá incluir la financiación de proyectos productivos. El proceso de reintegración será de carácter obligatorio para los desmovilizados postulados al proceso de la presente ley.  Para el desarrollo e implementación de la política nacional de reintegración de personas y grupos alzados en armas, el fortalecimiento institucional y en general para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, podrá adelantar alianzas, suscribir convenios y celebrar contratos con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. El Gobierno nacional, a través de las entidades competentes, determinará y adoptará las medidas de protección para los postulados a la presente ley que quedaren en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento, previo estudio del nivel de riesgo y de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar su proceso de reintegración.

Parágrafo. Para efectos de las disposiciones contenidas en el presente artículo, el Gobierno nacional realizará los ajustes y las apropiaciones presupuestales necesarias durante las respectivas vigencias fiscales.

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda formulada contra los artículos 19 (parcial) y 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012, por falta de legitimación de los demandantes.

AV Y SV MGC

AV Y SV LGGP

La Corte Constitucional ha explicado en repetidas oportunidades que la legitimidad para hacer uso de la acción pública de inconstitucionalidad está restringida a quienes ejercen derechos políticos. De manera constante ha señalado, que la calidad de ciudadano en ejercicio constituye un requisito sustancial para convertirse en sujeto activo de esta acción pública, de manera que no podría emitir pronunciamiento de fondo respecto de aquellos preceptos legales que han sido demandados, si quienes formulan la acusación no demuestran tener esa condición. En realidad, tal como se advierte de los mandatos contenidos en los artículos 40 y 241 de la Carta, la capacidad jurídica para iniciar y concluir válidamente al juicio de inconstitucionalidad la tiene únicamente quien acredite estar en ejercicio de la ciudadanía. El Tribunal recordó que en Colombia, el control de constitucionalidad se ejerce -entre otros supuestos- por los ciudadanos, a través de una acción pública cuya finalidad es retirar o mantener en el  ordenamiento jurídico una norma, según esta sea o no conforme con la normatividad constitucional, por medio de una decisión que tiene efectos erga omnes. Esta acción ciudadana, establecida por primera vez en la Ley 2ª de 1904 -para decretos leyes y posteriormente, en el Acto Legislativo 3 de 1910 -para leyes en sentido formal y material- encaminada a salvaguardar la integridad de la Carta Política, al margen de pretensiones o intereses de orden individual y subjetivo, constituye uno de los derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución que, con excepción de la participación de los extranjeros en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital (art. 100 C. Po.), se entienden reservados a los nacionales colombianos, siempre y cuando se encuentren en ejercicio de la ciudadanía. En efecto, de acuerdo con las normas constitucionales, es claro que el solo hecho de ser titular de los derechos políticos no habilita al nacional colombiano para ejercerlos. Los derechos políticos no son absolutos. Según lo ha determinado la jurisprudencia, tres son las exigencias constitucionales que condicionan el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad: (i) ser persona natural de nacionalidad colombiana, (ii) ostentar la calidad de ciudadano y (iii) hallarse en ejercicio de los derechos políticos. En cuanto al primer requisito, esto es, acreditar la condición de persona natural de nacionalidad colombiana, la Corte ha explicado que “las personas jurídicas, públicas o privadas, no pueden demandar la inexequibilidad de una determinada norma”, por cuanto “los derechos políticos son ejercidos únicamente por personas naturales, concretamente por aquellas cuyos derechos ciudadanos se encuentran vigentes”. El segundo requisito consiste en ostentar la calidad de ciudadano, adquirida por los nacionales colombianos cuando alcanzan la mayoría de edad, que mientras la ley no disponga otra cosa se da a partir de los dieciocho años (art. 98 CP). Como es sabido, la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil es el documento que permite la identificación de las personas, el ejercicio de sus derechos civiles y la participación de los ciudadanos en la actividad política. En esa medida, al hacerse uso de la acción pública de inconstitucionalidad la calidad de ciudadano se acredita con la presentación personal de la demanda ante juez o notario público. Finalmente, el tercer requisito exige que el ciudadano se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de manera que no haya sido privado o suspendido de los mismos. Así lo ha determinado, entre muchas otras, en la Sentencia C-536/98, donde la Corte se declaró inhibida para proferir decisión de mérito en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano, quien se encontraba suspendido del ejercicio de sus derechos políticos debido a una condena penal en su contra. En el presente caso, la Corte constató que actualmente, los demandantes carecen de legitimidad para instaurar la acción pública de inconstitucionalidad, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de condena penal. En consecuencia, debe proceder a inhibirse de emitir un fallo de fondo, por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción. La Corporación reiteró que lo anterior no significa, que las personas condenadas a quienes se les impone la restricción temporal en el ejercicio de sus derechos políticos no puedan formular durante el respectivo lapso, las demás acciones judiciales que la Constitución y la ley les reconocen para acceder a la administración de justicia, en defensa de sus derechos.

D-9621 AC

C-911/13

Dic. 3/13

Mp. Dr. Palacio

Artículo 2o.

Modifíquese el artículo 5o de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 5o.

Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley”.

Declarar, por los cargos analizados, la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad”, del inciso quinto del artículo 2º de la ley 1592 de 2012, en el entendido que también se tendrán como víctimas a los familiares en primer grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

AV NEPP

Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos. Principio pro actione. Situación genérica de familiares de víctimas directas. Presunción del daño por vínculos de consanguinidad y parentesco civil sufrido por familiares de miembros de la fuerza pública fallecidos-Reconocimiento automático como víctimas. Derechos de las víctimas que han sufrido de manera individual o colectiva las consecuencias del conflicto armado interno. Resarcimiento integral del perjuicio causado.

D-9689

C-015/14

Enero 23/14

Mp. Dr. González

Artículo 19. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del siguiente tenor:

Artículo 18A.

Sustitución de la medida de aseguramiento y deber de los postulados de continuar en el proceso. El postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sujeta al cumplimiento de lo .establecido en el presente artículo y a las demás condiciones que establezca la autoridad judicial competente para garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley. El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la reclusión en un establecimiento sujeto integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario;

2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles, si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y haber obtenido certificado de buena conducta;

3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en las diligencias judiciales del proceso de Justicia y Paz;

4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto en la presente ley;

5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.

Para verificar los anteriores requisitos el magistrado tendrá en cuenta la información aportada por el postulado y provista por las autoridades competentes.

Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá ser revocada por el magistrado con funciones de control de garantías a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus representantes, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que el postulado deje de participar en las diligencias judiciales de su proceso de justicia y paz, o se compruebe que no ha contribuido al esclarecimiento de la verdad;

2. Que el postulado incumpla las condiciones fijadas por la autoridad judicial competente;

3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado por el Gobierno nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.

Parágrafo. En los casos en los que el postulado haya estado privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del presente artículo será contado a partir de su postulación a los beneficios que establece la presente ley.

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 19 de la Ley 1592 de 2012, que agrega el artículo 18 A a la Ley 975 de 2005, por el cargo examinado.

 

Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos, oportunidad procesal para definir la aptitud. Medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Penas alternativas a la principal. Aplicación de medida de aseguramiento de detención preventiva a personas privadas de la libertad. Justicia transicional. Desmovilización y reincorporación de miembros de grupos armados organizados ilegales privados de la libertad en establecimiento de reclusión. Concesión del beneficio de sustitución de la detención preventiva por otra medida de aseguramiento en libertad-Requisitos. Principio de igualdad. Juicio de igualdad. Test de igualdad.

D-9737

C-180/14

Enero 23/14

 

Mp. Dr. Rojas

Artículo 24.

La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23A, del siguiente tenor:

Artículo 23A.

Reparación integral. Con el fin de asegurar a las víctimas una reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias. En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “ las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar ”del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.

LGGP

GEMM

Juez penal-Competencia para que decida sobre la reparación integral de las víctimas, Inobservancia del principio de juez natural. De manera preliminar, al definir el objeto de control de constitucionalidad, la Corte procedió a efectuar la integración normativa de la expresión “ las cuales en ningún caso serán tasadas ” contenida en el inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 y la expresión “ y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar ” contenida en el inciso quinto de la misma disposición, con el fin de evitar que la determinación a adoptar resultara inocua ante la conexidad de la norma censurada con aquellas que se integran. Luego de examinar los lineamientos constitucionales sobre los derechos de las víctimas en procesos de transición democrática hacia la paz, la Corte Constitucional concluyó que en el contexto colombiano el derecho de las víctimas de acceso a la administración de justicia, y especialmente a un recurso judicial efectivo, se vincula constitucionalmente a la posibilidad de que mediante una decisión del juez penal de conocimiento se dispongan las medidas de reparación integral que demanda, y en este orden resultan inconstitucionales las expresiones “ las cuales en ningún caso serán tasadas ”, del inciso cuarto y el apartado normativo “ y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar ” del inciso quinto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012. De igual manera, el tribunal consideró que estas disposiciones debían integrarse normativamente con el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012. A juicio de la Corte, las citadas disposiciones son inconstitucionales, como quiera que impiden al Tribunal de Justicia y Paz adoptar las medidas de reparación relativas a la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, a favor de las víctimas, lo cual desconoce que en virtud del artículo 2º de la Constitución Política, corresponde a las autoridades garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas y en coherencia con ello y por mandato de los numerales 6° y 7° del artículo 250 de la Constitución Política, compete al juez penal de conocimiento adoptar de manera concreta las medidas de reparación integral dentro del respectivo proceso. Por lo anterior, consideró la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implica la inobservancia del principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, de acuerdo con la decisión de la Corte, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011. Puntualizó la Corte que la decisión de inexequibilidad adoptada se refiere a la hipótesis en que la víctima decida solicitar la reparación dentro del proceso penal, evento en el cual por virtud del principio de juez natural corresponde al Tribunal de Justicia y Paz ordenar en cada caso en concreto las medidas de reparación a favor de las víctimas, toda vez que las otras formas de reparación que no surjan de un proceso penal seguirán a cargo de las Unidades Administrativas Especiales de Atención y Reparación Integral a las víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de acuerdo con las competencias señaladas en la Ley 1448 de 2011, pues la decisión adoptada no modifica las funciones atribuidas por otras disposiciones legales a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en lo concerniente a la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas.

D-9813

C-255/14

Abril 23/14

 

Mp. Dr. Rojas

Artículo 23.

Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedara así:

Artículo 23.

lncidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas . En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de oficio al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse par más de veinte (20) días hábiles. La audiencia del incidente se iniciara con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si éste estuviere en desacuerdo. La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la promueve no es víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley. Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente. La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de la víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.

Parágrafo 1°.

La Defensoría del Pueblo, previo a la audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla, las distintas rutas de acceso a los programas de reparación Integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011.

Parágrafo 2°.

No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho a participar en el incidente de que se trata el presente artículo.

Parágrafo 3°.

A la audiencia de incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.

Parágrafo 4°.

Si participare en el incidente del que trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que ésta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación colectiva administrativa.

Parágrafo 5°.

La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas participen.

Artículo 40.

Entrada en vigencia del incidente de identificación de las afectaciones acusadas. Los incidentes de reparaci6n integral del proceso penal especial de justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuaran su desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de identificaci6n de las afectaciones causadas que contempla el artículo 23 de esta Ley, el cual modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005.

Artículo 41.

Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposic1ones que le sean contrarias, en particular los artículos 7, 8, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-180 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas” del artículo 23, inciso cuarto de la Ley 1592 de 2012 y “y Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23 y el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012. Segundo.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 40 y las expresiones demandadas del artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SPV MVCC

SPV JIPP

SPV ARR

Cosa juzgada constitucional. La Corte encontró que, respecto de los cuestionamientos que se formulan contra los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material en relación con la Sentencia C-180 de 2014, en la cual se declaró la inexequibilidad parcial de los incisos cuarto y quinto del artículo 23 y el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012. Lo anterior por cuanto si bien los ciudadanos demandantes señalan como demandado todo el texto de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, la censura se refiere concretamente a la forma como se decide el incidente de  identificación de afectaciones causadas, que a juicio de los demandantes somete el incidente de reparación integral a los parámetros fijados para la reparación por vía administrativa, asunto que ya fue objeto de pronunciamiento en la sentencia C-180 de 2014. A partir de lo anterior, el Tribunal Constitucional estableció que existe identidad entre la norma declarada inexequible y el contenido normativo de los citados artículos que en esta ocasión censura el ciudadano y que se refiere a la intervención en la definición del incidente de identificación de afectaciones causadas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y la fijación del monto de la indemnización dentro del incidente, aspectos que fueron analizados en la mencionada sentencia dando lugar a la declaratoria de inexequibilidad señalada, por lo cual no es procedente un nuevo pronunciamiento de esta Corporación sobre contenidos normativos de los artículos demandados que ya fueron excluidos del ordenamiento jurídico por sentencia C-180 de 2014. 

En efecto, al examinar nuevamente los cargos formulados por los demandantes contra las citadas normas, el Tribunal Constitucional estableció que no se aportaron los elementos de juicio ni las razones por las cuales las víctimas de los procesos de Justicia y Paz y las que se encuentran en el régimen de reparación de la Ley 1448 de 2011 deban tener un régimen diferente para la obtención de la respectiva reparación o desvirtuar la validez de la medida adoptada por el legislador en cuanto al régimen procedimental aplicable. La ausencia del concepto de violación cierto, específico y suficiente impidió a la Corte entrar a realizar un examen de fondo y proferir un fallo de mérito respecto de los cargos de inconstitucionalidad formulados, por desconocimiento del derecho a la reparación integral, acceso a la justicia e igualdad.

D-9849

C-286/14

Mayo 20/14

 

Mp. Dr. Vargas

ARTÍCULO 23.

Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 23. Incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de oficio al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de veinte (20) días hábiles. La audiencia del incidente se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo. La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la promueve no es víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley. Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente. La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.

PARÁGRAFO 1o.

La Defensoría del Pueblo, previo a la audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla, las distintas rutas de acceso a los programas de reparación integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011.

PARÁGRAFO 2o.

No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho a participar en el incidente de que trata el presente artículo.

PARÁGRAFO 3o.

A la audiencia de incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.

PARÁGRAFO 4o.

Si participare en el incidente del que trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación colectiva administrativa.

PARÁGRAFO 5o.

La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes al patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de conformidad con los criterios de priorización.

ARTÍCULO 24.

La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23 A, del siguiente tenor:

Artículo 23A. Reparación integral. Con el fin de asegurar a las víctimas una reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias. En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.

ARTÍCULO 27.

Modifíquese el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 26. Recursos. La apelación solo procede contra la sentencia y contra los autos que resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo de las audiencias, sin necesidad de interposición previa del recurso de reposición. En estos casos, se procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas que los modifiquen, sustituyan y adicionen. Para las demás decisiones en el curso del procedimiento especial de la presente ley, solo habrá lugar a interponer el recurso de reposición que se sustentará y resolverá de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. La apelación se concederá en el efecto suspensivo cuando se interponga contra la sentencia, contra el auto que resuelva sobre nulidad absoluta, contra el que decreta y rechaza la solicitud de preclusión del procedimiento, contra el que niega la práctica de una prueba en el juicio, contra el que decide sobre la exclusión de una prueba, contra el que decide sobre la terminación del proceso de Justicia y Paz y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas. En los demás casos se otorgará en el efecto devolutivo.

PARÁGRAFO 1o.

El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.

PARÁGRAFO 2o.

De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.

PARÁGRAFO 3o.

Contra la decisión de segunda instancia no procede el recurso de casación|1.

PARÁGRAFO 4o.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones relacionadas con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

ARTÍCULO 33.

El artículo 54 de la Ley 975 de 2005 tendrá un parágrafo 5o con el siguiente contenido:

PARÁGRAFO 5o.

Los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los postulados en el marco del proceso penal especial de que trata la presente ley como aquellos que provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo, serán destinados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el pago de los programas de reparación administrativa que se desarrollen de conformidad con la Ley 1448 de 2011. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 17B y en el artículo 46 de la presente ley.

ARTÍCULO 40.

Entrada en vigencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas. Los incidentes de reparación integral del proceso penal especial de justicia y paz que hubiesen sido abiertos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el incidente de identificación de las afectaciones causadas que contempla el artículo 23 de esta ley, el cual modifica el artículo 23 de la Ley 975 de 2005.

Primero.- Declarar ESTARSE A LO RESUELTO a la sentencia C-180 de 2014 en cuanto decidió declarar inexequibles la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” del inciso 4 del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la ley 1592 de 2012.

Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

SPV JIPP

SVP ARR

AV MVCC

AV LGGP

AV GEMM

AV JIPCh

La Corte empezó por constatar la configuración del fenómeno de cosa juzgada constitucional respecto de las expresiones declaradas inexequibles por esta Corporación mediante la Sentencia C-180 de 2012 “las cuales en ningún caso serán tasadas” del inciso 4 del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, y el segmento normativo “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” contenido en el inciso quinto del artículo 23, como también, en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, evidenciando que se presenta identidad de contenidos normativos demandados, ya que en esta oportunidad se demanda la totalidad de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012. La Corporación estimó que en esta oportunidad debía determinar si la Ley 1592 de 2012 en sus artículos 23, 24, 27 parcial, 33 y 40 “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005”, en los cuales se regula de manera integral el tema del incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas resulta violatoria de los artículos 29 y 229 de la CP, al igual que de normas del bloque de constitucionalidad, al implicar una violación del acceso a la administración de justicia, de un recurso judicial efectivo y del debido proceso para lograr la garantía del derecho fundamental de reparación integral de las víctimas, en razón a que sustituye el incidente de reparación integral por la vía judicial penal, tal y como se encontraba consagrado en la Ley 975 de 2005, por un incidente de identificación de afectaciones que se homologa con la reparación integral a las víctimas por vía administrativa. Luego de referirse a las características de la justicia transicional y a los límites a la libertad de configuración del Legislador en regímenes transicionales de justicia y paz por parte de los derechos de las víctimas a la reparación integral en conexidad con el derecho a la justicia, en sus componentes de acceso a la administración de justicia, de un recurso judicial efectivo –art.229- y de debido proceso –art. 29-; de analizar la diferenciación sustancial entre las vías judiciales y administrativas de reparación integral; de referirse a la naturaleza y alcance del incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 y los desarrollos jurisprudenciales sobre este incidente de reparación integral como recurso judicial efectivo; de establecer el alcance normativo del incidente de identificación de afectaciones previsto en la Ley 1592 de 2012 y de determinar la necesidad de realizar integración normativa con los artículos 25 y 41 de la Ley 1592 de 2012, la Corte concluyó que los artículos 23, 24, 25, 27 (parcial), 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012 vulneran el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo –art. 229- para lograr una reparación integral, e igualmente resultan violatorios de los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad. Lo anterior, por cuanto las disposiciones demandadas y aquellas con las cuales se realizó integración normativa derogan o suprimen totalmente el incidente de reparación integral a las víctimas por la vía judicial penal del régimen de transición de justicia y paz contemplado en la Ley 975 de 2005, creando en su reemplazo un incidente de identificación de afectaciones que se fusiona con los mecanismos de la vía administrativa de reparación integral consagrada en la Ley 1448 de 2011, lo cual restringe desproporcionadamente el derecho de las víctimas a contar con un recurso judicial efectivo para obtener la reparación integral por la vía judicial en el proceso especial de justicia y paz, remitiéndola a la vía administrativa de reparación, o a la vía civil, lo que en últimas hace nugatoria la reparación integral en sede judicial. En este sentido, la Sala evidenció que las normas demandadas de la Ley 1592 de 2012, al sustituir o reemplazar el incidente de reparación integral por la vía penal de justicia transicional consagrada en la Ley 975 de 2005 por el incidente de identificación de afectaciones regulado por la Ley 1592 de 2012, que se homologa con los mecanismos de reparación integral por la vía administrativa, excedió los límites competenciales impuestos al legislador para regular los regímenes de justicia transicional por parte de los derechos fundamentales de las víctimas, en este caso a la reparación integral en conexidad con el derecho a la justicia en su aspecto del derecho a un recurso judicial efectivo, de acceso a la administración de justicia y debido proceso de conformidad con los artículos 250, 229 y 29 CP, así como los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad, que consagran el derecho de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo y al debido proceso para obtener la reparación judicial integral. Igualmente, la Sala concluyó que las normas demandadas son inconstitucionales por cuanto homologan, fusionan y reemplazan la vía penal de reparación integral del régimen de transición de Justicia y Paz con la vía administrativa de reparación integral, diluyendo las cruciales diferencias que existen entre ambas vías, y de contera desconocen con ello los derechos de las víctimas a recurrir tanto a la vía judicial como a la vía administrativa, sin que estas vías deban ser excluyentes, sino por el contrario complementarias y articuladas. En armonía con lo anterior, el Tribunal, al adelantar un juicio de ponderación, de proporcionalidad o de razonabilidad, demostró que la medida adoptada por el legislador carece de una finalidad legitima desde el punto de vista constitucional; no es necesaria en sentido estricto, ni idónea, ni adecuada para solucionar los problemas encontrados por el legislador respecto del incidente de reparación integral consagrado en la Ley 975 de 2005; y no es proporcional en sentido estricto, puesto que afecta de manera grave y desproporcionada el derecho a la reparación integral y a un recurso efectivo para la obtención de la misma por parte de las víctimas. Finalmente, la Corte analizó la necesidad de aplicar la figura de la reincorporación de normas derogadas al ordenamiento jurídico interno o reviviscencia de disposiciones derogadas por la declaratoria de inexequibilidad de las normas que las han sustituido, de conformidad con los requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta Corte. En punto a este tema, encontró necesaria la reincorporación del artículo 23 y 24 de la ley 975 de 2005 que regula el incidente de reparación integral, así como de los artículos 7 (derecho a la verdad), 8 (derecho a la reparación), 42 (deber general de reparar), 43 (orden de reparación en la sentencia), 45 (solicitud de reparación), 47 (rehabilitación), 48 (medidas de satisfacción y garantías de no repetición), y 49 (programas de reparación colectiva), todos de la Ley 975 de 2005. En relación con esta declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas y aquellas con las cuales se realizó integración normativa, así como respecto de la reincorporación o reviviscencia de las normas derogadas de la Ley 975 de 2005 que regulan el incidente de reparación integral, esta Corporación precisó que esta decisión no afecta en ningún sentido las disposiciones, planes, programas, mecanismos, elementos, componentes, estrategias y diferentes medidas de la reparación integral por vía administrativa y la restitución de tierras consagradas en la Ley 1448 de 2011, y por tanto no desestructura la política pública de reparación integral a las víctimas. Los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos manifestaron su salvamento de voto parcial respecto de la decisión adoptada en la sentencia C-286/14. En criterio del magistrado Palacio Palacio, la Corte ha debido hacer integración normativa con el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, y declarar inexequible dicho precepto por desconocer los derechos de las víctimas a la reparación integral y a un recurso judicial efectivo, como lo exigen de manera categórica diversos instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En su concepto, el análisis que la Corte adelantó en esta oportunidad dejó en evidencia la necesidad de integrar al juicio de constitucionalidad el artículo 10 de la ley 1448 de 2011, debido a su conexidad directa y necesaria con el incidente de identificación de las afectaciones causadas. Aquella norma señala que en los procesos penales, si el Estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, “el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa (…)”; monto que en la actualidad es de aproximadamente veinticuatro (24) millones de pesos. A juicio del magistrado Palacio Palacio, restringir la responsabilidad del Estado en el pago de la indemnización subsidiaria, en los términos allí previstos, no solo desconoce los derechos de las víctimas a la reparación integral (restitutio in integrum), sino que resulta en extremo desproporcionado teniendo en cuenta la dimensión del daño que por lo general sufren las víctimas del conflicto armado interno. Además, exigir de ellas que acudan a la acción de reparación directa cuando se ha adelantado el proceso penal, identificado a los responsables y determinado los daños antijurídicos causados, implicaría privar a las víctimas de un recurso judicial efectivo y, en su lugar, imponerles un kafkiano peregrinaje por los estrados judiciales agravando aún más su ya trágica situación. En criterio del magistrado Rojas Ríos, la sentencia de la cual se separa parcialmente, entraña un odioso retroceso en la línea jurisprudencial de garantía que ha construido de tiempo atrás la Corte Constitucional1 en relación con las víctimas del desastroso conflicto armado que ha vivido nuestro país. La apreciación de que estamos en un proceso de justicia transicional, lo cual legitimaría en apariencia decisiones como ésta, no implica que las víctimas constituyan, a la postre, el hilo delgado del proceso de restauración que vive el país, por cuanto ello incrementaría, si faltara, la desigualdad y miseria, que se torna a la postre en obstáculo de convivencia pacífica. Por ello, no comparte la decisión de la Sala de no efectuar la integración normativa con el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, pues omitir el análisis de esta disposición va en frontal detrimento de los derechos que la Constitución y jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha reconocido a las víctimas del conflicto armado al examinar normas de justicia transicional. Resulta desconcertante para el magistrado Rojas Ríos, que la Sala se pronuncie y declare la inexequibilidad del artículo 33 de la Ley 1592 de 2012 vinculando esta decisión al contenido temático del referido artículo 10, pero se abstenga de pronunciarse sobre la incompatibilidad aparente de éste con el derecho a la reparación integral, y cuyo contenido sin ninguna duda constituye una homologación práctica y real de la reparación judicial con la reparación administrativa, por cuanto, por como lo expresa su texto “si el Estado debe concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que este deberá reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa”. Estimó, que la Sala no podía posponer el control constitucional de la citada norma ante la aparente vulneración que de ella se deriva para los derechos de las víctimas, pues no basta garantizar sentencias judiciales que impongan condenas al pago de perjuicios si por otra parte, con el silencio se avala la vigencia de normas que pueden implicar el desconocimiento del derecho de las víctimas del conflicto armado a la tutela judicial efectiva y la intangibilidad de las decisiones judiciales, y de contera a la justa reparación integral de las víctimas. No puede olvidarse que la ejecución de las sentencias es parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. El magistrado Rojas Ríos igualmente salva parcialmente el voto porque si bien comparte la decisión de estarse a lo resuelto en la sentencia C-180 de 2014 que declaró la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, considera que la Corte se equivocó al excluir del ordenamiento todo el texto de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012 en ejercicio del control constitucional a partir del propósito del legislador de homologar la reparación judicial a la reparación administrativa, sin tener en cuenta que el contenido y alcanceque en la actualidad revisten las normas que declara inexequibles – en virtud de la sentencia C-180 de 2014- se aleja de esa finalidad del legislador y recobra la naturaleza judicial al establecer que compete al Tribunal Superior del Distrito Judicial pronunciarse sobre la reparación integral, con todos los mecanismos que la componen. Advierte con preocupación el magistrado Rojas Ríos que la decisión de la Sala se sustrae de analizar el texto específico de las disposiciones legales examinadas, y dejando de lado el estudio constitucional basado en el principio de conservación del derecho decide la inexequibilidad sin verificar con rigor su supuesta contradicción con la Carta Política. Reitera el magistrado que no hay en la decisión un estudio pormenorizado de cada una de las normas que integran los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012 sino unas consideraciones globales sobre la finalidad del legislador al expedir todo el articulado de ésta ley referido al incidente de identificación de afectaciones causadas, cuando el control constitucional impone la confrontación particular y específica de contenidos normativos concretos con las disposiciones constitucionales que el actor invoca como quebrantadas, que no pueden desconocer el espacio de configuración del legislador. Por su parte, la magistrada María Victoria Calle Correa anunció aclaración de voto. Señaló que está de acuerdo con el sentido de la decisión adoptada en el trámite D-9930, en tanto declara inexequibles (en su conjunto) las normas de la Ley 1592 de 2012 por las cuales se pretendió incorporar el incidente de identificación de afectaciones y derogar el incidente de reparación judicial integral inicialmente previsto en la Ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz). En su concepto, la eliminación de la reparación judicial de las víctimas y su remplazo por las medidas de reparación administrativa es inconstitucional, como lo sentó la Corte en sentencia C-180 de 2014. Sin embargo, consideró necesario realizar algunas aclaraciones puntuales frente a la motivación de la sentencia adoptada en este trámite. Comenzó por indicar que la ratio decidendi de la sentencia del proceso D-9930 es clara: el Legislador no puede derogar derechos fundamentales de las víctimas; no puede privarlas de la justicia, la verdad y la reparación, ni del derecho a solicitar su eficacia ante los jueces. No puede, en fin, desconocer la situación de las víctimas que desde el año 2005 han participado en un proceso judicial de desarticulación de diversos grupos al margen de la ley (principalmente paramilitares), para llevarlos al ámbito de la reparación por vía administrativa, fundada primordialmente en el principio de solidaridad social. Sin embargo, una vez definido ese fundamento central, en el proyecto se plantea continuar con un test de proporcionalidad, el cual resulta innecesario y, por lo tanto, constituye un obiter dicta: si la decisión se basa en una regla acerca de la incompetencia del Congreso para despojar a las víctimas de sus derechos, y no en una colisión entre distintos principios y fines perseguidos por el Legislador, entonces no resultaba preciso entrar a determinar mediante una ponderación la validez de la restricción. En otros términos, como en este caso no se trataba de la restricción de un derecho sino de su eliminación, no resultaba procedente el examen de proporcionalidad. Más allá de lo expuesto, el resultado propuesto del test es que no se supera su etapa inicial, o de razonabilidad, pues la confusión o reducción de la reparación judicial al plano administrativo no es constitucionalmente admisible, con fundamento en la sentencia C-180 de 2014. La magistrada Calle Correa consideró imprescindible aclarar que (i) como lo ha definido la jurisprudencia constitucional (C-370 de 2006 y C-575 de 2006), la obligación de reparar incluye todos los bienes que integran el patrimonio de los victimarios; y (ii) el deber del Estado de concurrir subsidiariamente en el pago de las condenas dictadas en el proceso de justicia y paz no se agota en los montos de la reparación administrativa. Tal como se expresó en la sentencia C-180 de 2004, los órganos administrativos no podrían desconocer las condenas judiciales al momento de dictar los actos administrativos correspondientes para su ejecución. Suponer que la indemnización judicial ya declarada judicialmente se limita en la práctica a los montos de la vía administrativa, implica (i) hacer ineficaz la declaración judicial de reparación; (ii) igualar, en contra de lo establecido por la jurisprudencia constitucional, la reparación judicial a la administrativa, en lo atinente a los montos; (iii) ubicar en la misma situación jurídica a quienes ya participaron en un procedimiento judicial y obtuvieron en este una declaración del daño basada en pruebas analizadas por el juez natural, frente a quienes solo han acudido al escenario de la ley de víctimas. Añadió la magistrada, que el deber del Estado de responder subsidiariamente por las condenas no tiene su fundamento primordial en el principio de solidaridad, como sí ocurre con la reparación administrativa. Cuando el daño ha sido probado judicialmente y se produjo en lmarco del conflicto armado, el incumplimiento de deberes de protección a cargo del Estado también genera su responsabilidad y su deber de asegurar la plena vigencia de las víctimas. Esta obligación es, según jurisprudencia constitucional, un eje definitorio de la Constitución, que se deriva de una lectura armónica de los artículos 2º, 90, 250, 93 y 94, en armonía con los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario (C-579 de 2013, sobre el marco jurídico para la paz). Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub expresaron su aclaración de voto, toda vez que la inexequibilidad que se declara en esta oportunidad es una consecuencia de lo decidido en la reciente sentencia C-180/14respecto de la cual salvaron el voto. Si bien están de acuerdo con la conclusión a la que se llega en el presente caso, discrepan de algunas consideraciones expuestas como fundamento de esta decisión, entre otras, las relativas a la responsabilidad del Estado, por la reparación integral a las víctimas. De igual modo, expresaron dudas acerca de la integración normativa con algunos de los artículos cuyos apartes demandados se declararon inexequibles por la confusión que se puede crear al desparecer algunas de las modificaciones introducidas por la Ley 1592 de 2012 al procedimiento para la reparación integral de las víctimas en los procesos de justicia y paz.

D-9390

C-287/14

Mayo 20/14

 

Mp. Dr. Vargas

ARTÍCULO 4°.

Modifíquese el artículo 6° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 6°. Derechos de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. La definición de estos derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos las víctimas tendrán derecho a participar de manera directa o por intermedio de su representante en todas las etapas del proceso a las que se refiere la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. La magistratura velará porque así sea.

ARTÍCULO 23.

Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 23. Incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de oficio al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de veinte (20) días hábiles. La audiencia del incidente se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo. La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la promueve no es víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley. Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente. La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.

PARÁGRAFO 1o.

La Defensoría del Pueblo, previo a la audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla, las distintas rutas de acceso a los programas de reparación integral a los que se refiere la Ley 1448 de 2011.

PARÁGRAFO 2o.

No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho a participar en el incidente de que trata el presente artículo.

PARÁGRAFO 3o.

A la audiencia de incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.

PARÁGRAFO 4o.

Si participare en el incidente del que trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley1448 de 2011. Si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación colectiva administrativa.

PARÁGRAFO 5o.

La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes al patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de conformidad con los criterios de priorización.

ARTÍCULO 24.

La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23 A, del siguiente tenor:

Artículo 23A. Reparación integral. Con el fin de asegurar a las víctimas una reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias. En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.

Artículo 25.

Modifíquese el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley; la declaratoria de extinción del derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan sobre los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y rendimientos; la acumulación jurídica de penas; la obligación del condenado de participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo 66 de la presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias previstas en el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que debe asumir el condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento. En el evento en que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le fueron impuestas. La Sala de Conocimiento en el marco de la presente ley, según el caso, se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

ARTÍCULO 33.

El artículo 54 de la Ley 975 de 2005 tendrá un parágrafo 5o con el siguiente contenido:

PARÁGRAFO 5o.

Los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los postulados en el marco del proceso penal especial de que trata la presente ley como aquellos que provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo, serán destinados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el pago de los programas de reparación administrativa que se desarrollen de conformidad con la Ley 1448 de 2011. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 17B y en el artículo 46 de la presente ley.

Artículo 41.

Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7°, 8°, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005.

Primero: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-180 de 2014, en la que se declararon INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.

Segundo: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

Tercero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la expresión: “La definición de estos derechos se encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011”, contenida en el artículo 4° de la Ley 1592 de 2012.

SPV ARR

AV MVCC

AC JIPP

En esta oportunidad, la Corte debía resolver dos problemas jurídicos: (i) determinar si las expresiones: “(…) las cuales en ningún caso serán tasadas” contenida en el inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012; “(…) y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (…)” contenida en el inciso quinto del artículo 23; y el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, vulneran los principios de separación de poderes e independencia judicial, en cuanto trasladan a una dependencia de la rama ejecutiva del poder público (a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UAEARIV-), funciones que son propias de los jueces, como es la de tasar el monto de la indemnización correspondiente al daño antijurídico ocasionado a la víctima por el punible investigado. (ii) Determinar si las expresiones “(…) La definición de estos derechos se encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011”del artículo 4° de la Ley 1592 de 2012; “(…) afectaciones causadas a la víctima” del inciso primero del artículo 23; “(…) afectaciones causadas con la conducta criminal” del inciso segundo del artículo 23; “(…) de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 3° del artículo 23; “(…) la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la atención y Reparación Integral de las víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2001” del parágrafo 4° del artículo 23; “la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 5° del artículo 23; “de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias” del artículo 24, inciso primero; “(…) para el pago de los programas de reparación administrativa” del artículo 33 parágrafo 5°; el segmento “8, 42, 43, 45, 47, 48, 49” del artículo 41, todos de la Ley 1592 de 2012, vulneran los derechos de las víctimas a una reparación integral, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad, en razón a que las expresiones acusadas implican la sustitución del incidente judicial de reparación integral previsto en la Ley 975 de 2006, por un incidente de identificación de afectaciones a la víctima contenido en la Ley 1592 de 2012, el cual reduce la reparación a las víctima de los delitos de justicia y paz, a una indemnización por la vía administrativa. Como quiera que existen pronunciamientos de fondo de esta corporación en relación con algunas de las normas demandadas en esta oportunidad, procedió la Corte a constatar si se configura, el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en relación con las acusaciones formuladas. En lo que concierne al primer cargo, constató la Corte que, en efecto, en la sentencia C-180 de 2012 estudió de fondo un cargo de similar naturaleza que condujo a la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de lasvíctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012. Adicionalmente, corrobora la Corte que el sentencia C-286 de 2014 se declaró la inconstitucionalidad integral de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, de los cuales forman parte las expresiones acusadas, por lo que la Corte decidirá, en relación con este cargo, estarse a los resuelto en las sentencias C-180 de 2014 que declaró la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, y a la sentencia C-286 de 2014, que declaró la inexequibilidad integral de los mencionados artículos. Así mismo constató la Corte que la mayoría de las expresiones que son objeto de censura en el segundo cargo, esto es: “(…) afectaciones causadas a la víctima” del inciso primero del artículo 23; “(…) afectaciones causadas con la conducta criminal” del inciso segundo del artículo 23; “(…) de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 3° del artículo 23; “(…) la Sala ordenará la remisión a la Unidad Administrativa Especial para la atención y Reparación Integral de las víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2001” del parágrafo 4° del artículo 23; “la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 5° del artículo 23; “de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias” del artículo 24, inciso primero; “(…) para el pago de los programas de reparación administrativa” del artículo 33 parágrafo 5°; el segmento “8, 42, 43, 45, 47, 48, 49” del artículo 41, todos de la Ley 1592 de 2012, fueron excluidas del ordenamiento jurídico mediante sentencia C-286 de 2014, que declaró la inexequibilidad de los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012. En consecuencia, solo restaba que la Corte decidiera estarse a lo resuelto en este pronunciamiento. Finalmente, encontró la Corte que en relación con la expresión “(…) La definición de estos derechos se encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011” contenida en el artículo 4° de la Ley 1592 de 2012, no cobijada por el efecto de cosa juzgada constitucional contenida en las sentencias C-180 de 2014 y C-268 de 2014, no se identifican razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes que habiliten un pronunciamiento de fondo, respecto de este concreto aspecto de la acusación. En efecto, los demandantes no aportan razones orientadas a demostrar que de la expresión acusada se derive un quebrantamiento de los derechos de las víctimas a una reparación integral, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la igualdad. En relación con este aspecto no se asumió la carga argumentativa mínima para demostrar que la definición y el desarrollo de los derechos de las víctimas contenidos en la Ley 1448 de 2011, comportaba un quebrantamiento del plexo de derechos invocados por los actores. El magistrado Alberto Rojas Ríos salvó parcialmente su voto, porque si bien comparte la decisión de estarse a lo resuelto en la sentencia C-180 de 2014 que declaró la inexequibilidad parcial de los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012, no participa de la decisión de la Corte de inhibirse de abordar el estudio de fondo del artículo 4 de la Ley 1592 de 2012, pues considera que la demanda si plantea un cargo de inconstitucionalidad contra tal disposición lo cual imponía pronunciarse de mérito sobre la vulneración del derecho de las víctimas a la reparación integral en sede judicial y del acceso a la justicia, quebrantamiento que se produce por la vinculación que hace la norma demandada del concepto y contenido de tales derechos a lo que establece la Ley 1448 de 2011. Como se expresó frente a la sentencia que decidió la demanda D-9930, en lo que se refiere al componente de la indemnización la Corte no puede avalar la aplicación de topes que fija la Ley 1448 de 2011 en su artículo 10, inciso 2°, y tampoco admitir que a los mecanismos de reparación en sede judicial se les dé el mismo alcance de las medidas que a favor de las víctimas contempla la referida ley en sede administrativa. Los magistrados María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio anunciaron una aclaración de voto. Indicaron, que si bien en una decisión previa se declaró la inhibición por motivos semejantes a los presentados en esta sentencia, de manera que resulta comprensible la decisión adoptada en esta oportunidad, en su concepto, sí existía un cargo e incluso el segmento normativo acusado del artículo 4º de la Ley 1592 de 2012 debió ser declarado inexequible. Sin embargo, como esa declaratoria de inexequibilidad se produjo en otro trámite estudiado en la misma sesión de Sala Plena, consideraron innecesario presentar argumentos adicionales sobre la inconstitucionalidad de esta norma.

D-9892

C-694/15

Nov. 11/15

Mp. Dr. Rojas

Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se reforman y adicionan disposiciones de la Ley 975 de 2005, que desarrollan diversos aspectos del denominado proceso de Justicia y Paz para la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales.

 

Artículo 1º. Modifica el Artículo 2º de la Ley 975/05.

 

Aplicación de criterios de priorización en la investigación y juzgamiento de las conductas punibles cometidas por los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir a la reconciliación nacional.

 

Artículo 3º. Adiciona Artículo 5º de la Ley 975/05.

 

Aplicación del enfoque diferencial en la participación de las víctimas en el proceso penal especial, con garantías y medidas especiales de protección.

 

Artículo 4º. Modifica Artículo 6º de la Ley 975/05.

Definición de los derechos de las víctimas de conformidad con lo desarrollado en la Ley 1448 de 2011.

 

Artículo 5º. Adiciona Artículo 11A de la Ley 975/05.

Causales de terminación del Proceso de Justicia y Paz.

 

Artículo 7º. Adiciona Artículo 11C de la Ley 975/05.

Vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados al proceso de Justicia y Paz.

 

Artículo 8º. Adiciona Artículo 11D de la Ley 975/05.

Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas.

 

Artículo 10. Modifica Artículo 15 de la Ley 975/05.

Esclarecimiento de la verdad.

 

Artículo 11. Adiciona Artículo 15A de la Ley 975/05.

Esclarecimiento del despojo de tierras.

 

Artículo 12. Modifica Artículo 16 de la Ley 975/05.

Competencia de la Fiscalía General.

 

Artículo 13. Adiciona Artículo 16A de la Ley 975/05.

Criterios de priorización de casos.

 

Artículo 14. Modifica Artículo 17 de la Ley 975/05.

Versiones libre y confesiones conjuntas o colectivas de los desmovilizados.

 

Artículo 16. Adiciona Artículo 17B de la Ley 975/05.

Imposición de medidas cautelares sobre bienes para efectos de extinción del dominio.

 

Artículo 17. Adiciona Artículo 17C de la Ley 975/05.

Oposición de terceros a la medida cautelar.

 

Artículo 18. Modifica Artículo 18 de la Ley 975/05.

Formulación de imputación.

 

Artículo 19. Adiciona Artículo 18A de la Ley 975/05.

Sustitución de la medida de aseguramiento.

 

Artículo 20. Adiciona Artículo 18B de la Ley 975/05. 

Suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta en justicia ordinaria.

 

Artículo 22. Modifica el Artículo 22 de la Ley 975/05. 

Suspensión de investigaciones.

 

Artículo 23. Modifica el Artículo 23 de la Ley 975/05. 

Incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas.

 

Artículo 24. Adiciona Artículo 23A de la Ley 975/05. 

Reparación integral a las víctimas.

 

Artículo 26. Modifica el Artículo 25 de la Ley 975/05. 

Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad.

 

Artículo 27. Modifica el Artículo 26 de la Ley 975/05. 

Recursos contra la sentencia y contra los autos que resuelven asuntos de fondo.

 

Artículo 29. Modifica el Artículo 44 de la Ley 975/05. 

Actos de contribución a la reparación integral.

 

Artículo 30. Modifica el Artículo 46 de la Ley 975/05. 

Restitución jurídica y material de tierras a despojados y desplazados, conforme el proceso establecido en la Ley 1448 de 2011.

 

Artículo 31. Adiciona Artículo 46A de la Ley 975/05. 

Participación en los procesos judiciales de los postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera por efecto de extradición.

 

Artículo 32. Adiciona Artículo 46B de la Ley 975/05. 

Saneamiento jurídico de los bienes para contribuir a garantizar el derecho de las víctimas a la reparación integral.

 

Artículo 33. Adiciona parágrafo 5º Artículo 54 de la Ley 975/05. 

Recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas se destinan por la UARIV al pago de reparación administrativa, conforme lo regula la Ley 1448 de 2011.

 

Artículo 36. Modifica el Artículo 72 de la Ley 975/05. 

Para los desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz, la ley se aplicará únicamente a los hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización.

 

Artículo 37.

Postulación de desmovilizados al procedimiento penal especial debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2012.

 

Artículo 38.

Trámite excepcional de restitución de tierras continúa con la Ley 975 de 2005, si a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012.

 

Artículo 39.

Restitución de bienes y cancelación de títulos y registros obtenidos en forma fraudulenta.

 

Artículo 40

Incidentes de identificación de las afectaciones causadas abiertos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, continuarán su desarrollo conforme el procedimiento de la Ley 975 de 2005.

 

Artículo 41.

Vigencia y derogatorias de la Ley 975 de 2005 y en especial, los artículos 7º, 8º, 42,

43, 45, 47, 48.

 

 

 

Primero. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las siguientes expresiones y disposiciones relacionadas con la aplicación de los criterios de priorización:

 

La expresión “aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas” del artículo 1º de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión “sin perjuicio de la aplicación de criterios de priorización” del artículo 3º de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión “La investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que determine el Fiscal General de la Nación en desarrollo del artículo 16A de la presente ley” del artículo 10 de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión “y de conformidad con los criterios de priorización” del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión “de acuerdo con los criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de conformidad con el artículo 16A de la presente ley” del artículo 12 de la Ley 1592 de 2012.

 

Las expresiones “de priorización” del inciso segundo y “de priorización” del inciso tercero y “concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos responsables” del artículo 13 de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión “de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación” del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012.

 

El parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012.

 

SEGUNDO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, en relación con la expresión: “la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los procedimientos que esta adelanta para la restitución de los predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011”, del artículo 11 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.

 

TERCERO. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C-286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, en relación con la expresión “las víctimas correspondientes al patrón de macro-criminalidad con criterios de priorización”, del parágrafo 5º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012.

 

CUARTO. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C-370 de 2006, que declaró exequible el parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en relación con el parágrafo 3° del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.

 

QUINTO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “colectivas o conjuntas” y “de manera colectiva” del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.

SEXTO. Declarar EXEQUIBLES el inciso 4º del artículo 18 y la expresión “concentrado”, del artículo 22 de la Ley 1592 de 2012.

 

SÉPTIMO. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.

 

OCTAVO. Declarar EXEQUIBLES los artículos 19 y 20 de la Ley 1592 de 2012, por los cargos analizados.

 

NOVENO. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “de los postulados extraditados”, “por efecto de la extradición concedida”, “los postulados extraditados” y “por los postulados extraditados” del artículo 31 de la Ley 1592 de 2012.

 

DÉCIMO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con las expresiones: “cuando el riesgo se genere con ocasión de su participación en el proceso judicial especial de que trata la presente ley” del artículo 3º y “en los eventos en los que haya lugar” del artículo 10º de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.

 

DÉCIMO PRIMERO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el segmento normativo: “la versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso, de conformidad con los criterios de priorización establecidos por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de criminalidad y victimización”, del artículo 14 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.

 

DÉCIMO SEGUNDO. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C- 286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLE el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, en relación con el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012.

 

DÉCIMO TERCERO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con la expresión: “y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida” del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.

 

DÉCIMO CUARTO. Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en sentencia C- 286 de 2014, que declaró INEXEQUIBLES los artículos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

 

DÉCIMO QUINTO. Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el artículo 29 de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.

 

DÉCIMO SEXTO. Por los cargos de vulneración a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición, como consecuencia de la remisión de la Ley 1592 de 2012 a los procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011:

 

- Declararse INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con la expresión: “La definición de estos derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”, del artículo 4º de la Ley 1592 de 2012, por inepta demanda.

 

- Declarar INEXEQUIBLE el segmento normativo: “Estos bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas” del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012.

 

- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las siguientes expresiones y disposiciones relacionadas con la remisión del proceso de Justicia y Paz a los procedimientos contemplados en la Ley 1448 de 2011:

 

La expresión: “la pondrá a disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con el fin de contribuir a los procedimientos que esta adelanta para la restitución de los predios despojados o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 1448 de 2011” del artículo 11º de la Ley 1592 de 2012.

 

Los parágrafos 2º y 3º del artículo 16 de la Ley 1592 de 2012.

 

El parágrafo 4º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.

 

El artículo 30 de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión: “en el marco de la Ley 1448 de 2011” del artículo 32 de la Ley 1592 de 2012.

 

Las expresiones: “excepcional” y “En los demás casos, se observará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011” del artículo 38 de la Ley 1592 de 2012.

 

Las expresiones: “se podrán” y “según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas” del artículo 39 de la Ley 1592 de 2012.

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Por los cargos relacionados con la no exigencia de que los bienes ofrecidos por los postulados a la Ley de Justicia y Paz tengan vocación reparadora, al igual que los límites a la posibilidad de que disponen las víctimas de interponer recursos e intervenir en audiencias relacionadas con ese tema:

 

- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las siguientes expresiones y

disposiciones:

La expresión: “Cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona”, del numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012.

 

Las expresiones: “y debe ser presentada por el fiscal del caso” y “según lo considere pertinente el fiscal del caso y así lo manifieste en su solicitud”, del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012.

 

La expresión: “la preclusión de la investigación como consecuencia de la extinción de la acción penal” consagrada en el parágrafo 2° del artículo 5º de la Ley 1592  de 2012, en el entendido que las víctimas también podrán solicitar la audiencia de terminación del proceso de justicia y paz. La expresión “con posterioridad a la entrega de los bienes”, contemplada en el parágrafo 3° del artículo 5º de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que el proceso también podrá continuar frente a los bienes ofrecidos o denunciados por el desmovilizado si aún no han sido entregados.

 

La expresión “el fiscal delegado del caso y por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas” del inciso 4º del artículo 7º de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que también se deberá tener en cuenta la información suministrada por las víctimas.

 

El parágrafo del artículo 8º de la Ley 1592 de 2012, por el cargo sobre la vocación reparadora de los bienes.

 

La expresión “Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenará el levantamiento de la medida cautelar” del artículo 17 de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que las víctimas podrán participar en el incidente.

- Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 7º de la Ley 1592 de 2012, en el entendido que la falta de vocación reparadora no puede ser imputable a un propósito del postulado de defraudar los derechos de las víctimas y que las víctimas también tienen derecho a denunciar bienes de los postulados o los de terceros a los cuales se les hayan transferido ilegalmente.

 

DÉCIMO OCTAVO. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “solo” y “de fondo” del inciso segundo, y, “demás” y “solo” del inciso tercero del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012.

 

DÉCIMO NOVENO. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “Para el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización”, y “con anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012” del artículo 36, y “con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre su postulación” y el inciso 2º del artículo 37 de la Ley 1592 de2012.

SPV MVCC

Para el examen que le correspondía realizar a la Corte en esta oportunidad, se agruparon los cargos de inconstitucionalidad en tres ejes: (i) diseño e implementación de metodologías de investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, de conformidad con el criterio de priorización; (ii) algunos aspectos procesales de la Ley 1592 de 2012 y (iii) derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición, protección y participación en el proceso.

 

En primer lugar, la Corporación constató la ineptitud de los cargos formulados contra los apartes demandados de los artículos 4º, 10, 11, 14, 26, 29 de la Ley 1592 de 2012, lo que condujo a la inhibición para proferir un fallo de fondo sobre su constitucionalidad.

 

Así mismo, encontró que existía cosa juzgada constitucional en relación con la expresión “las víctimas correspondientes al patrón de macro-criminalidad con criterios de priorización”, del parágrafo 5º del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, por cuanto en la sentencia C-286 de 2014, este artículo fue declarado inexequible. De igual modo, respecto del parágrafo 3º del artículo 26 y del parágrafo 3º del artículo 27 de la Ley 1592 de 2012, declarados exequibles mediante sentencia C-370 de 2006. También, la Corte dispuso estar a lo resuelto en la sentencia C-286 de 2014, que declaró inexequibles los artículos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012.

 

Con el propósito de resolver los cargos de inconstitucionalidad respecto de los demás artículos demandados de la Ley 1592 de 2012, la Corte precisó el concepto y alcance de la justicia transicional en el Estado Social de Derecho, sus finalidades y mecanismos. Al mismo tiempo, analizó las relaciones entre la verdad judicial y la memoria histórica en contextos de justicia transicional y el concepto de “reparación integral” a las víctimas en el ámbito internacional, así como, su consolidación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y sus características particulares dentro del entramado de la justicia transicional. Capítulo especial se dedicó en esta sentencia, a la priorización como instrumento de política criminal. De igual manera, para dilucidar los problemas jurídicos que se plantean en el presente caso, fue necesario mirar los antecedentes y aspectos esenciales de la Ley 1592 de 2012, como parte del Sistema de Justicia Transicional en Colombia, que modifica aspectos esenciales de la Ley 975 de 2005, especialmente, en el enfoque de investigación que había manejado hasta entonces la Fiscalía General de la Nación en la Unidad Especial de Justicia Transicional.

 

Con fundamento en estos conceptos y el análisis concreto de las normas demandadas frente a los cargos de inconstitucionalidad admitidos, la Corte arribó entre otras, a las siguientes conclusiones:

 

(i) La aplicación de criterios de priorización en la investigación de casos en procesos de justicia transicional no vulnera el derecho de las víctimas a la investigación de las violaciones de derechos humanos de una manera seria, imparcial y en un plazo razonable. Estos criterios permiten asociar casos, analizar la estructura y el funcionamiento de la organización delictiva, encontrar patrones macrocriminales y en últimas, judicializar a los máximos responsables, lo que garantiza una investigación mucho más integral y completa y una respuesta más eficiente a la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

 

(ii) La fijación de criterios de priorización que orienten las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, cuyo empleo se coordine con aquellas actuaciones que tramita la Unidad de Restitución de Tierras, antes que vulnerar los derechos de las víctimas, conduce a que el Estado colombiano brinde una respuesta mucho más completa a las demandas de justicia de los ciudadanos.

 

(iii) Las versiones libres conjuntas o colectivas de los antiguos integrantes de un grupo armado ilegal no afectan el principio de responsabilidad de acto, porque los crímenes de sistema que suelen ser judicializados en ejecución de programas de justicia transicional, conducen a reconstruir el contexto y los patrones macrocriminales que caracterizan la comisión de numerosos crímenes y permiten contar con mayores elemento de juicio en  un escenario procesal en el que se cruzan todas las versiones de los postulados que pertenecieron a determinado bloque con aquellas de las víctimas y con el material probatorio recaudado.

 

(iv) La realización de audiencias colectivas de imputación de cargos o de aceptación de los mismos, no implica que no deba determinarse la responsabilidad individual de cada uno de los postulados dentro de un proceso de justicia transicional. Tampoco, la concentración de audiencias en el proceso especial de justicia y paz no viola el derecho de participación de las víctimas.

 

(v) La aceptación de cargos no vulnera los derechos de las víctimas, por cuanto, requiere que previamente se haya presentado una versión libre y completa de los hechos por parte del postulado y que la Fiscalía haya imputado cargos al desmovilizado. De igual modo, la Corte ha admitido en múltiples ocasiones la constitucionalidad del mecanismo de sentencia anticipada.

 

(vi) Para resguardar los especiales deberes que frente a la verdad tiene el Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la norma contempla la exigencia de que haya sido revelado previamente el patrón de macrocriminalidad.

 

(vii) La consagración de la sustitución de la medida de aseguramiento es un desarrollo de la potestad de configuración del legislador, que atendiendo a consideraciones político criminales consagra un instrumento especial que motive a los desmovilizados a contribuir con el restablecimiento de los derechos de las víctimas y a su vez asegure que no continuaran delinquiendo mediante fuertes restricciones que de no cumplirse darán lugar a la revocatoria del beneficio.

 

(viii) Por razones de política criminal, el legislador tiene facultades para establecer las causales, condiciones y regulaciones de los subrogados penales –como la suspensión condicional de la ejecución de la pena- porque constituyen elementos fundamentales del debido proceso penal y responden a las evaluaciones propias de la política criminal del

Estado. En el caso de la suspensión condicional de la pena en el proceso de justicia y paz permite garantizar las finalidades de la resocialización y reintegración propias de un proceso de justicia transicional. Así mismo, es una medida plenamente coherente con el sistema de duración de la pena alternativa de la Ley de Justicia y Paz y cumple con el principio de prevención, porque contempla un amplio sistema de vigilancia sobre los postulados que accedan a la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

 

(ix) La extradición de los postulados no afecta los derechos de las víctimas, por cuanto la Ley 1592 de 2012 asegura que en ese trámite ya existente se garanticen los derechos a la verdad y a la reparación, pues exige la adopción de medidas para garantizar la participación en los procesos judiciales de los postulados que se encuentren en jurisdicción extranjera. De igual modo, para facilitar que los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados extraditados sean incautados con destino al Fondo de Reparación de Víctimas.

 

(x) La remisión de la Ley 1592 de 2012 al proceso de restitución de tierras contemplado en la Ley 1448 de 2011 no desconoce los derechos de las víctimas. No obstante, la entrega de los bienes a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación

Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas creadas en la Ley 1448 de 2011, prevista en el artículo 8º de la Ley 1592 de 2012 fue declarada inexequible, por cuanto dejaría a las víctimas en los procesos de justicia y paz sin recursos judiciales que afectaría gravemente su derecho a la reparación integral, toda vez que la reparación en estos procesos es judicial y no es administrativa, como lo es en la Ley 1448 de 2011.

 

(xi) Los procedimientos especiales contemplados en la Ley 1592 de 2012 en relación con las medidas cautelares sobre los bienes de los desmovilizados no afectan los derechos de las víctimas, sino que por el contrario, permiten salvaguardarlos inmediatamente se identifique el bien para evitar su enajenación fraudulenta.

 

(xiii) La remisión al marco de la Ley 1448 de 2011 relacionada con la condonación y compensación de impuestos no afecta, sino que favorece los derechos de las víctimas, porque: permite la realización de un procedimiento propio de la restitución de tierras; otorga competencia a un juez especializado en el tema,

 

(xiii) contempla unos términos reducidos; consagra un sistema de presunciones especiales para favorecer a las víctimas y puede ser más ágil que el proceso de justicia y paz, ya que solamente define lo relacionado con los inmuebles y no el resto de asuntos que deben decidirse en el proceso de la Ley 975 de 2005, lo cual se encuentra demostrado, pues a la fecha se han proferido más de mil sentencias sobre restitución de tierras.

 

(xiv) La terminación del proceso de justicia y paz cuando se verifique que el postulado no haya entregado, ofrecido o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, también debe producirse cuando el desmovilizado ha denunciado, ofrecido o entregado fraudulentamente, bienes sin vocación reparadora, o aquel realice maniobras para ocultar los que sí la tengan.

 

(xv) El proceso continúa cuando el postulado fallece con posterioridad a la entrega de bienes e igualmente, cuando la muerte se produce con posterioridad al ofrecimiento o la denuncia de bienes y aún no han sido entregados.

 

(xvi) El suministro de información para decidir la adopción de medidas cautelares también debe tener en cuenta lo informado por las víctimas.

 

(xvii) La vigencia de la Ley de Justicia y Paz es una facultad del Congreso de la República.

D-9818

 

 

CUADRO RESUMEN

LEY 1592 DE 2012

 

1

C-532/13

6

C-015/14

7

C-694/15

 

 

 

2

C-614/13

7

C-180/14

 

 

 

 

 

3

C-752/13

8

C-255/14

 

 

 

 

 

4

C-827/13

9*

C-286/14

 

 

 

 

 

5

C-911/13

10

C-287/14

 

 

 

 

 

 

 


DECRETO 4634 DE 2011

“Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano”

 

 

C-753/13

Oct. 30/13

Mp. Dr. González

Artículo 77.

Indemnización a víctimas ROM o Gitanas Individuales. Inclúyase dentro del Programa de Indemnización por Vía Administrativa de que trata el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 un capítulo especial sobre la indemnización especial y diferencial a víctimas individuales ROM o Gitanas que precise el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización. Los criterios diferenciales para la determinación de dichas indemnizaciones serán: el grado de vulneración, la afectación diferencial, la equidad aplicable a la distribución del monto total asignado al universo de víctimas y el impacto producido por los daños producidos a la víctima.

La indemnización individual será distribuida bajo criterios de equidad entre el universo de víctimas Rrom o Gitanos, y establecerá el plazo en el que será distribuido en términos de los límites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

Primero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 77 del Decreto 4634 de 2011 y el artículo 80 del Decreto 4635 de 2011, por los cargos examinados en esta sentencia.

AV MVCC

AV LEVS

Principio de sostenibilidad fiscal. Progresividad para acceso a bienes y servicios en todo el territorio, promoción de la productividad, competitividad y desarrollo. Derecho a la reparación de víctimas del conflicto armado interno-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Reparación administrativa y componente de la indemnización. Proceso de justicia transicional nacional.

D-9608

 

 

CUADRO RESUMEN

DECRETO 4634 DE 2011

 

 

1

C-753/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DECRETO-LEY 4635 DE 2011

“Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”

 

 

C-753/13

Oct. 30/13

Mp. Dr. González

Artículo 80.

Indemnización a las víctimas individuales negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Las víctimas individuales pertenecientes a las comunidades tendrán derecho a ser indemnizadas por vía administrativa. Se reglamentará concertadamente el trámite, los procedimientos, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización.

Los criterios diferenciales para la determinación de dichas indemnizaciones serán el grado de vulneración, la afectación diferencial, la equidad aplicable a la distribución del monto total asignado al universo de víctimas y el impacto producido por los daños ocasionados a la víctima. Además, en concordancia con el criterio de la indemnización distributiva en equidad, se determinará de manera transparente y clara un monto total de indemnización que será distribuido bajo criterios de equidad entre el universo de las víctimas individuales negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y el plazo en el que será distribuido.

Parágrafo 1°. Para la estimación del monto total disponible se debe partir de la necesidad de alcanzar un monto que resulte coherente, adecuado, proporcional y razonable, tanto para las víctimas, como en términos de los límites impuestos sobre el presupuesto nacional por razones de la estabilidad fiscal de corto y mediano plazo.

Parágrafo 2°. La indemnización por muerte o desaparición forzada se dará por una sola vez y no podrá ser concurrente. Tendrán derecho a ella, prioritaria y concurrentemente, el cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa.

Primero.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, el artículo 77 del Decreto 4634 de 2011 y el artículo 80 del Decreto 4635 de 2011, por los cargos examinados en esta sentencia.

AV MVCC

AV LEVS

Principio de sostenibilidad fiscal. Progresividad para acceso a bienes y servicios en todo el territorio, promoción de la productividad, competitividad y desarrollo. Derecho a la reparación de víctimas del conflicto armado interno-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Reparación administrativa y  componente de la indemnización. Proceso de justicia transicional nacional.

D-9608

 

 

 

CUADRO RESUMEN

DECRETO 4635 DE 2011

 

 

1

C-753/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMLO

 

 

Comunicado de Prensa 02

Febrero 01 de 2017

 

La información recopilada en este cuadro, no exonera al usuario de corroborar su contenido con los textos de las providencias, que se podrán encontrar en nuestra dependencia y en la página de internet www.corteconstitucional.gov.co