CODIGO GENERAL DEL PROCESO

CODIGO GENERAL DEL PROCESO


REPUBLICA DE COLOMBIA

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

RELATORIA

 

 

 

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD

 

 

LEY 1564 DE 2012

DECRETO 1736 DE 2012

 

 

 

LEY 1564 DE 2012

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

 

 

 

SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-157/13

Marzo 21/13

 

Mp. Dr. González

Artículo 206.

Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

AV MVCC

Sanción por falta de demostración de perjuicios. Juramento estimatorio-Reconocimiento de indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras, condena en costas. Ejercicio de derechos procesales-Deberes de las partes y apoderados. Principio de buena fe. Negación de pretensiones por falta de demostración de perjuicios. Libertad de configuración legislativa en materia procesal y medios de prueba. Deberes, obligaciones y cargas procesales. Derecho de acceso a la administración de justicia. Carga procesal-Responsabilidad de las partes en el proceso. Temeridad y mala fe. Régimen de responsabilidad de las partes y apoderados cuando su conducta se aleja de la probidad y de la buena fe. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos.

D-9263

C-279/13

Mayo 15/13

 

Mp. Dr. Pretelt

Artículo 206.

Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”.

PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.

SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos analizados en esta sentencia.

SPA GEMM

AV LEVS

Derecho de acceso a la administración de justicia o derecho a la tutela judicial efectiva. Libertad de configuración legislativa en materia procesal. Debido proceso-Proporcionalidad y razonabilidad. Deberes, obligaciones y cargas procesales. Juramento estimatorio en la legislación colombiana. Juramento estimatorio-Tipos, requisito en procesos por indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras. Derecho de defensa. Principio de buena fe y lealtad procesal. Juramento estimatorio incorrecto por exceso en las pretensiones y pretensiones desestimadas. Cosa juzgada constitucional. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos.

D-9324

C-332/13

Junio 5/13

 

Mp. Dr. González

Artículo 206.

Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.

Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-279 de 2013, respecto del inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.

 

Juramento estimatorio-Cosa juzgada constitucional absoluta. Cosa juzgada constitucional relativa. Cosa juzgada aparente. Doctrina de la constitución viviente.

D-9514

C-436/13

Julio 10/13

 

Mp.

Dr. González

Artículo 24.

Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.

c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.

4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.

5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:

a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.

c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.

d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.

e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.

Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.

Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado.

Parágrafo 2°. Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.

Parágrafo 3°. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces.

Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.

Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única instancia.

Parágrafo 4°. Las partes podrán concurrir directamente a los procesos que se tramitan ante autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en que de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido necesaria la concurrencia a través de abogado.

Parágrafo 5°. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento.

Parágrafo 6°. Las competencias que enuncia este artículo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto.

Declarar EXEQUIBLE el literal b) del numeral 3 del artículo 24 de la ley 1564 siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor garanticen los principios de imparcialidad e independencia, en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas.

 

Dirección Nacional del Derecho de Autor y derechos conexos-Asignación de funciones jurisdiccionales. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina-Interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico andino. Atribución de funciones judiciales a las autoridades administrativas-Reglas, instrucción de sumarios o juzgamiento de delitos. Reserva legal. Imparcialidad e independencia de funcionarios administrativos.

D-9408

C-531/13

Agosto 15/13

Mp. Dr. González

Artículo 317.

Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de las expresiones “en cualquiera de sus etapas” y “b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”, contenidas en el numeral 2 del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda.

AV NEPP

La Corte constató que la presente demanda no satisface los mínimos argumentativos de certeza y especificidad que se exige de los cargos de inconstitucionalidad. La demanda plantea que la norma objeto de su censura vulnera el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 C. Po.), porque permite aplicar el desistimiento tácito incluso cuando ya existe sentencia ejecutoriada, si la parte que tiene la carga de impulsarlo no solicita o realiza ninguna actuación durante el término de dos años. No obstante, al ocuparse de los parámetros, la demandante incurre en un yerro: para referirse a la cosa juzgada en el ámbito del Código General del Proceso trae a cuento la cosa juzgada constitucional, lo cual es grave porque se trata de asuntos disímiles, al punto de que en ningún evento se aplica el desistimiento tácito en el proceso constitucional, por lo cual no es posible siquiera que la cosa juzgada constitucional pueda ser vulnerada o desconocida por el precepto acusado. Por lo tanto, al no haber una contradicción posible entre las expresiones que se impugnan del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 243 de la Constitución, el cargo no satisface el requisito de certeza. La demanda no solo no muestra, sino que no puede mostrar la vulneración de la cosa juzgada, por obedecer a un entendimiento subjetivo e injustificado de la norma cuestionada, razón por la cual, la Corte procedió a abstenerse de emitir una decisión de fondo.

D-9480

C-543/13

Agosto 21/13

 

Mp. Dr. Pretelt

Artículo 594.

Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(…)

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

(…)

Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene…”

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda formulada por el ciudadano Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, contra el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012; y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad que formula el actor en esta oportunidad carecen de certeza y pertinencia, porque toda su argumentación gira en torno a apreciaciones subjetivas del contenido de los apartes normativos demandados y en hipótesis que no se derivan de su texto. A lo anterior se suma que el demandante parte de una indebida interpretación de las normas acusadas, toda vez que no armoniza el conjunto de normas constitucionales y legales que protegen los recursos de naturaleza pública frente al contenido de las normas atacadas, ni hace alusión a los diversos mecanismos jurídicos consagrados en la ley a favor de los acreedores para hacer exigibles sus créditos ante las entidades del Estado.

D-9475

C-755/13

Oct. 30/13

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 625.

Tránsito de legislación.- Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

[…]

8. Las reglas sobre competencia previstas en este código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el régimen de cuantías no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese factor.

Sin embargo, los procesos de responsabilidad médica que actualmente tramitan los jueces laborales, serán remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren”.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 625 numeral 8 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 ‘Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’, por el cargo examinado.

 

La Corte Constitucional encontró que la modificación de competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica en curso, pretende resolver una incertidumbre en torno al ramo de la justicia ordinaria que tenía a su cargo atribución de resolver los procesos por responsabilidad médica que no fueran de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, provocada de una parte, por la legislación procesal, pero también, por un conflicto entre la justicia laboral y la civil respecto de esa cuestión. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo reiteradamente que la justicia laboral ordinaria era la competente, en virtud del artículo 2º de la Ley 712 de 2001. Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema opinaba lo contrario, puesto que en su concepto, le correspondía a la jurisdicción civil, en forma privativa, exclusiva y excluyente, la competencia para conocer de que los asuntos concernientes a la responsabilidad médica, con excepción de los atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la jurisdicción laboral en materia de seguridad social integral, en cuanto hace exclusivamente al régimen económico prestacional y asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. Para la Corporación, esta situación, antes de la reforma demandada, atentaba contra el derecho a la predeterminación legal del juez competente (juez natural). El artículo 29 de la Constitución debe ser interpretado de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 C. Po.) y entre estos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1 establece que toda persona tiene derecho a no ser juzgada sino con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente “establecido con anterioridad por la ley”. En este sentido, el numeral 8 del artículo 625 del Código General del Proceso que aquí se demanda, vino a zanjar las diferencias estableciendo de manera clara la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica en cabeza de los jueces civiles competentes y para tal efecto, ordenando la remisión a estos de los procesos actualmente en curso ante los jueces laborales.

A juicio de la Corte, la medida demandada persigue una finalidad no solo permitida sino de hecho ordenada por la Constitución, interpretada de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta política. Por otra parte, la reforma acusada es idónea para afrontar esa preocupación, en la medida en que contribuye a predeterminar -con mayor precisión- el ramo de la justicia ordinaria competente para conocer y resolver los procesos de responsabilidad médica que no sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Presta entonces una contribución positiva para alcanzar el fin que persigue. En esa medida, la Corte no consideró que la disposición censurada viole el derecho fundamental al juez natural o competente y antes al contrario, es un instrumento al servicio de la protección de esa garantía. Por lo expuesto, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, se declaró ajustado a la Constitución, frente al cargo examinado.

D-9604

C-834/13

Nov. 20/13

Mp. Dr. Rojas

Artículo 613.

Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos. Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente.

No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.

Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares, podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código General del Proceso.

Declarar EXEQUIBLE el aparte “de carácter patrimonial” del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos analizados en esta sentencia.

AV MVCC

AV LGGP

La Corte precisó, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que las medidas cautelares en estos procesos, por regla general, no son decretadas sin que el demandado –que en la mayoría de eventos corresponde a una entidad pública- haya tenido oportunidad de participar en el debate sobre su necesidad y conducencia, así como sobre lo proporcional que resultan en el caso concreto. En consecuencia, no es viable sostener que en el procedimiento contencioso administrativo la práctica de medidas cautelares involucra, como principio general de la actuación, el desconocimiento de la parte demandada respecto de la solicitud por parte del demandante y del debate sobre su decreto ante el juez competente para decretarla. Es decir, no se aprecia la existencia de una regulación que tenga por fin sorprender a la parte demandada con el decreto de medidas cautelares, por lo que la audiencia de conciliación prejudicial no altera el principio de regulación existente en esta materia. El que no se informe previamente a la parte demandada sobre el decreto de una medida cautelar no tiene como fin sorprenderla, sino que se fundamenta únicamente en la urgencia o premura con que se requiere la medida cautelar, indispensable para asegurar la protección de un interés de igual o mayor valía que el derecho al debido proceso de la parte demandada, lo que valorará el juez administrativo en cada caso. De todos modos, la parte demandada es informada e invitada a manifestar su posición respecto del decreto de medidas cautelares (art. 233 CPA y CA). Por esta razón, no se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia.

De otra parte, el Tribunal consideró que la realización de la audiencia de conciliación cuando se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial, no constituye un obstáculo que desconozca el acceso inmediato a la administración de justicia. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia, su realización se ha constituido en una de las formas en que puede concretarse los contenidos iusfundamentales que esta garantía incorpora. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico carece de fundamento entender que existe un bloqueo al derecho de acceso a la administración de justicia por la mera exigencia de realizar audiencia de conciliación, incluso si se toma en consideración el tiempo que implica llevarla a cabo, ya quela ley prevé un tiempo máximo. Esa obligación constituye una forma de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, por cuanto la conciliación configura uno de los recursos efectivos que están previstos para la salvaguarda de los derechos de que son titulares las personas dentro de un Estado social de derecho. Por tanto, resulta un mecanismo eficaz para la resolución de las controversias y la concreción del derecho de acceso a la justicia.

D-9509

C-030/14

Enero 29/14

Mp. Dra. Calle

Artículo 612.

Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 199.

Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada”.

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los incisos demandados (sexto y séptimo) del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SV NEPP

SV ARR

La Corte constató que en el presente caso, no se cumplían en debida forma los requisitos de especificidad, certeza y claridad del cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. En efecto, el actor no aporta las razones por las cuales el legislador debía incluir al quejoso entre los intervinientes en el proceso disciplinario y otorgarle las mismas facultades. Tampoco, expone los argumentos por los que el tratamiento diferente previsto en las normas acusadas lleva consigo la infracción de un deber constitucional específico a cargo del legislador, que le imponga un trato equivalente de interviniente al quejoso dentro del proceso disciplinario.

En efecto, el demandante se limita a narrar las circunstancias de un caso concreto en que actuó como quejoso en un proceso disciplinario contra dos abogados, en el cual tuvo que sujetarse a las limitaciones procesales previstas en la Ley 1123 de 2007. La Corte advirtió que, si como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, la exclusión del quejoso de los intervinientes en el proceso disciplinario se explica porque la finalidad principal del mismo es la de determinar la infracción de los deberes profesionales o de los deberes de los servidores públicos y no la de garantizar los derechos de los quejosos, tendría que indicarse en la demanda cuál es el mandato constitucional que obligaría al legislador a asimilar el quejoso a los demás sujetos que intervienen en el proceso disciplinario.

Dadas estas circunstancias, lo procedente en este caso, era inhibirse de emitir una decisión de fondo ante la ausencia de cargos formulados en debida forma.

D-9746

C-083/14

Feb. 12/14

Mp. Dra. Calle

Artículo 48.

Designación. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

[…].

7. La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no afectará la competencia de las autoridades administrativas para la elaboración de las listas, la designación y exclusión, de conformidad con lo previsto en la ley.”.

Declarar EXEQUIBLES las expresiones ‘quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio’ del numeral 7° del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por los cargos analizados en la presente sentencia.

 

La Corte Constitucional determinó que el legislador no desconoció los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus servicios de manera gratuita, según lo previsto en el artículo 48, numeral 7 de la Ley 1564 de 2012, aunque los demás auxiliares de la justicia sí sean remunerados.

A juicio de la Corte, se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo, asegurar el goce efectivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo, cual es el de asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia, por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Además, no constituye una carga que no es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones sociales, como lo es prestar servicios jurídicos, colaboren en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta pueda verse obstaculizada por la ausencia de las partes.

D-9761

C-178/14

Marzo 26/14

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 24.

Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.

c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.

[…]

5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:

a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.

c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.

d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.

e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-436 de 2013, en relación con el cargo por violación al derecho fundamental al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

 

La Corte constató que mediante la sentencia C-436 de 2013, ya se pronunció acerca de la constitucionalidad de la norma demandada en esta oportunidad frente a los mismos cargos formulados, de manera que no procedía un nuevo pronunciamiento sino que había de limitarse a estar a lo resuelto en la citada providencia. Cosa juzgada sobre la constitucionalidad de las funciones jurisdiccionales asignadas a la dirección nacional de derechos de autor, frente al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

D-9874

C-279/14

Mayo 7/14

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 84.

Anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse:

(…)

4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar.

(…)”

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169 de 2014, en la que fue declarada la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013.

Segundo.- DECLARARSE INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corte constató la existencia de cosa juzgada en relación con las normas demandadas de la Ley 1653 de 2013, toda vez que mediante sentencia C-169 de 2014 se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los artículos 4º a 9º de la citada ley. Como esos artículos contenían los elementos estructurales del arancel judicial, el Tribunal estimó que su inconstitucionalidad comportaba la declaratoria de inexequibilidad de toda la Ley 1653 de 2013, de modo que debe limitarse a estarse a lo resuelto en dicha providencia. En relación con el artículo 84, numeral 4 de la Ley 1564 de 2012, la Corte encontró que no prevé por sí solo las consecuencias jurídicas que plantea el actor, lo que desvirtúa la suficiencia de la argumentación. En efecto, la demanda plantea que el pago del arancel judicial antes de iniciarse un proceso es necesariamente inconstitucional, posición que no ha sido asumida por este Tribunal, como intérprete auténtico de la Constitución Política. Como el demandante asume esa prohibición de forma absoluta, no cuestiona ni presenta argumentos relacionados con la proporcionalidad o razonabilidad de ese requisito de admisión de la demanda, que puedan ser analizados en sede de constitucionalidad. De igual manera, el demandante, al momento de presentar la acción, se basó en una interpretación sustentada en el artículo 6º de la Ley 1653 de 2013 que establecía la obligación de declarar la terminación del proceso ante la ausencia de pago de la contribución. Además, las consideraciones que la Corte sentó en la decisión C-169/14sobre la potencial validez de contribuciones parafiscales previa la iniciación de un proceso judicial, generaban la necesidad de una argumentación poderosa para cuestionar, de forma independiente, el numeral 4º del artículo 84 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Por lo tanto, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión cuestionada.

D-9866 y otro

C-369/14

Junio 11/14

 

Mp. Dr. Rojas

Artículo 48.

Designación

[…]

7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al trabajo.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por el cargo de presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital.

 

De manera previa, la Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la expresión acusada del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, frente a los cargos relativos al principio de igualdad y al derecho al trabajo. Por tal motivo, dispuso estar a lo resuelto en la sentencia C-083/14y procedió a analizar el cargo referente al desconocimiento del derecho al mínimo vital. La Corporación determinó que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vital y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad litem. Como ya lo estableció en la citada sentencia C-083/14, la labor que realizan los abogados designados como curadores ad litem no obedece al cumplimiento de funciones en desarrollo de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad, ni tampoco de una relación laboral legal y reglamentaria como la desempeñada por los servidores públicos, sino a un gestión impuesta a estos profesionales en virtud del principio de solidaridad. La inexistencia de una relación laboral descarta entonces, el deber de garantizar a los curadores ad litem, del derecho a recibir una remuneración mínima vital y móvil consagrada en el artículo 53 de la Constitución. La Corte observó que la norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario, señala que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión. Adicionalmente, advirtió que la prestación de servicios de auxiliar de justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la idoneidad jurídica del abogado, o sea a quienes están circunscritos tales servicios de colaboración, no constituyen en forma autónoma y concreta, una profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función pública de la administración de justicia. Por consiguiente, los cargos por la presunta violación del derecho al trabajo y al principio del mínimo vital, no estaban llamados a prosperar.

D-9935

C-389/14

Junio 25/14

 

Mp. Dr. Rojas

Artículo 48.

Designación

[…]

7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al trabajo.

 

Existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la exequibilidad del desempeño del cargo de curador ad litem en forma gratuita como defensor de oficio.

D-10015

C-507/14

Julio 16/14

 

Mp. Dr. González

Artículo 25.

Cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). El salario mínimo legal mensual a que se refiere este artículo, será el vigente al momento de la presentación de la demanda. Cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales se tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda.

Parágrafo.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previo concepto favorable del Gobierno Nacional, podrá modificar las cuantías previstas en el presente artículo, cuando las circunstancias así lo recomienden.

Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corte debía resolver si atribuir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura facultad para modificar las cuantías establecidas por el Código General del Proceso, como factor determinante de la competencia de los jueces en los procesos judiciales, desconoce la reserva de ley en la expedición de las normas procesales que son de la órbita exclusiva del Congreso de la Republica. El análisis de la Corte parte de la cláusula general de competencia conferida al legislador en los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política, para regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente en los relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen probatorio, las cuantías, entre otros aspectos relacionados estrechamente con derechos fundamentales de los sujetos vinculados a un proceso y por tanto, materias que son de la órbita exclusiva del Congreso de la República (art. 114, 150, numerales 2 y 23, 228 y 229 C. Po.). Dicha cláusula le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C. Po.) y del acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 C. Po.). Indicó, que son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado social de derecho. Así mismo, recordó que la potestad de configuración legislativa de las normas procesales no es absoluta sino que debe ser ejercida sin desconocer los principios y valores, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo, los cuales delimitan el ejercicio legítimo de tales competencias. La Corporación precisó que la reserva de ley, como institución jurídica que protege el principio democrático, exige que la regulación de ciertas materias solo pueda adelantarsemediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos, bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del Congreso de la República, que no puede despojarse de las funciones que la Constitución le ha atribuido para delegarlas en otra autoridad so pretexto de su reglamentación. En el caso concreto, la Corte encontró que el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012 no contiene una disposición sujeta a la reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto no es un precepto legal que delimite un tema y permita su concreción a través de reglamento. Por el contrario, se trata de facultar para la regulación total e integral de la materia -definición de las cuantías- que determina la competencia de los jueces y su aplicación no demanda una reglamentación adicional que para tal fin deba expedirse. Autoriza a la Sala Administrativa para la modificación de las cuantías reguladas por el legislador en el Código General del Proceso, cuando a su juicio “las circunstancias así lo recomienden”. Para la Corte, la reserva de ley no permite que la modificación de las cuantías se deslegalice, en cabeza de un órgano administrativo, sustrayendo del debate democrático la definición de un factor esencial del debido proceso y del acceso a la administración cual es la forma de determinar el juez natural, el juez competente por razón de la cuantía, lo cual toca con derechos fundamentales y garantías cuyo contenido está reservado al legislador. Por tales motivos y de conformidad con los artículos 29, 114, 150, numerales 1, 2, 10 y 23, 228 y 229, conferir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la potestad de modificar las cuantías definidas por el legislador, para la determinación de la competencia, vulnera la reserva de ley en dicha materia. Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012.

D-10000

C-683/14

Sept. 10/14

 

Mp. Dr. González

Artículo 487.

Disposiciones preliminares. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este Capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. También se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante, y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento.

Parágrafo.

La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar su rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión.

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos por unidad de materia e igualdad en los términos analizados en esta sentencia.

 

En este caso la Corte decidió sobre varios cargos contra la norma del Código General del Proceso que regula la posibilidad de que las personas puedan hacer una partición de sus bienes en vida, mediante escritura pública. Después de analizar el contenido y aptitud de tales cargos, la Sala concentró su análisis en aquellos relacionados con la eventual vulneración del principio de igualdad (art. 13 C. P.) y el posible incumplimiento de la regla sobre unidad de materia (art. 158 ibídem). Al término de este análisis, este tribunal concluyó que tales cargos no estaban llamados a prosperar. En lo relativo al derecho a la igualdad, la Corte observó que esta posibilidad no afecta indebidamente los derechos de los hijos aún no nacidos o de aquellos que para el momento de realizarse la partición no hayan consolidado aún su relación paterno-filial, pues en tales circunstancias no existe aún ni siquiera una simple expectativa que deba ser protegida, ya que es precisamente la existencia de esas relaciones jurídicas la que otorga la posibilidad de participar en el reparto de los bienes del causante. Al mismo tiempo, la Corte destacó también que pese a esa circunstancia, existen en la norma precauciones encaminadas a la protección de terceros con legítimo interés, tales como la necesidad de licencia judicial previa, o la posterior posibilidad de rescisión de la partición por un término de dos años. Por su parte, en lo atinente al cargo por infracción al principio de unidad de materia, la Corte consideró que pese a tratarse de una norma de contenido sustancial que hace parte de un código cuyo tema principal son las reglas procesales, el precepto acusado guarda una razonable relación de conexidad temática, sistémica y teleológica con las restantes disposiciones del Código General del Proceso.

El Magistrado Mauricio González Cuervo salvó parcialmente su voto, al reiterar su postura según la cual la presunta infracción al principio de unidad de materia es un vicio de forma o de trámite, y por lo tanto sujeto a la caducidad de un año prevista en el artículo 242 superior, razón por la cual la acción se encontraba caducada en lo que a este cargo se refiere, y la Corte ha debido adoptar una decisión inhibitoria. Por su parte, los Magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva anunciaron salvamento parcial de voto, pues en su concepto, el segundo cargo elevado en la demanda contra el artículo 487 del Código General del Proceso, por presunta violación de los artículos 13 (igualdad) no cumplía con los requisitos mínimos de argumentación para provocar un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Como se puede observar en el razonamiento acogido por la mayoría de la Sala, la demanda se basa, de una parte, en una interpretación irrazonable y caprichosa de la disposición cuestionada; y de otra, en escenarios hipotéticos sobre la afectación a hijos y herederos “futuros”. Además, en relación con los terceros e hijos con intereses actuales -es decir, aquellos que se encuentran adelantando procesos de discusión de la filiación o de adopción-, la demanda plantea que carecen de un medio para controvertir la partición del patrimonio en vida, en abierto desconocimiento al contenido normativo de la disposición, que precisamente establece la posibilidad de solicitar la rescisión de ese acto jurídico, como se puede concluir a partir del tenor literal de su parágrafo. En ese marco, el cuestionamiento por violación a los principios de igualdad y protección a la familia, carecía de certeza, por la absoluta incomprensión del texto demandado; pertinencia, por referirse a hechos hipotéticos y no al contenido normativo de la disposición demandada; y suficiencia, pues tales falencias impedían extraer del escrito de demanda un problema jurídico serio, susceptible de generar una duda inicial sobre la presunción de constitucionalidad de la ley.

D-10113

C-726/14

Sept. 24/14

 

Mp. Dra. Sachica

Artículo 419.

Procedencia. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 421.

Trámite. Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de diez (10) días pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente 1a deuda reclamada. El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor, con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que tampoco admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación de 1a deuda. Si el deudor satisface la obligación en la forma señalada, se declarará terminado el proceso por pago. Si el deudor notificado no comparece, se dictará la sentencia a que se refiere este artículo y se proseguirá la ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 306. Esta misma sentencia se dictará en caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada. En este evento, por la parte objetada se procederá como dispone el inciso siguiente. Si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero el demandado contesta con explicación de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo previo traslado al demandante por cinco (5) días para que pida pruebas adicionales. Si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del diez por ciento (10%) del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor.

Parágrafo.

En este proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 419 y 421 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos examinados en esta providencia.

 

Le correspondió a la Corte examinar si la regulación del proceso monitorio contenida en los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso es contraria a los derechos a la igualdad y el debido proceso (arts. 13 y 29 Const.), en cuanto supuestamente carece de una estructura bilateral y el juez adopta una decisión de fondo, que además no es susceptible de recursos, sin haber escuchado a la parte demandada. Para resolver sobre estos cuestionamientos, la Sala consideró, entre otros aspectos relevantes, el propósito y sentido del proceso monitorio, la forma como en tales casos se integra el contradictorio y sus implicaciones, y la libertad de configuración del legislador en materias procesales. En razón a la íntima relación existente entre estos dos cargos, la Corte los examinó de manera conjunta, aplicando para ello un test integrado de proporcionalidad y razonabilidad, que en este caso fue de leve intensidad, teniendo en cuenta que en relación con las materias procesales el legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa. A partir de este análisis, la Sala encontró, de una parte, que la regulación acusada persigue una finalidad constitucionalmente legítima, como es la de facilitar el acceso a la justicia, particularmente en relación con controversias de mínima cuantía, y de otra, que pese a que en este caso se haya invertido la secuencia que usualmente tienen los procesos judiciales, existen en la normatividad acusada suficientes garantías del derecho de defensa del demandado, entre ellas la imposibilidad de notificarle a través de curador ad – lítem, o la regla según la cual, en caso de oposición fundada por parte del demandado, el proceso se transforma en un trámite declarativo (proceso verbal sumario), dentro del cual aquél podría ejercer plenamente su derecho de defensa. Por ello concluyó que la aplicación de estas normas no rompe la igualdad entre las partes procesales, ni tampoco lesiona el debido proceso, como en este caso se alegó, razón por la cual estas normas resultan exequibles. El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez salvó parcialmente su voto frente a la presente decisión, pues si bien participó del entendimiento de que estas normas no son contrarias a la Constitución, consideró necesario que la Corte hubiera planteado un condicionamiento frente al contenido del inciso 4º del artículo 421, en lo relativo a la necesidad de que el demandado aporte las pruebas en que sustente su oposición, expresión que puede ser objeto de diversos entendimientos, en lo concerniente a los casos en que aplica. Ello por cuanto, según señaló el Magistrado Guerrero Pérez, podría resultar desproporcionado, así como lesivo de las garantías de igualdad y debido proceso, que se exija esta carga al demandado en los casos en que el actor no ha aportado evidencia de la obligación reclamada, distinta a su solo dicho. Por su parte, el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo aclaró su voto por cuanto, si bien comparte la percepción de que las normas acusadas son exequibles, considera desproporcionado que se exija al supuesto deudor prueba de las razones por las que no debería la suma reclamada, mientras que el actor no afronta una carga semejante, más aún cuando se trata de una negación indefinida, escenario en el que suele invertirse la carga de la prueba.

D-10115

C-880/14

Nov. 20/14

 

 

MP.

Dra. Ortiz

Artículo 347.

Selección en el trámite del recurso de casación. La Sala, aunque la demanda de casación cumpla los requisitos formales, podrá inadmitirla en los siguientes eventos:

1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.

2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento.

3. Cuando no es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente.

Primero. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “que admite recurso de insistencia”, “o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso” y “Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” contenidas en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.

SV MVCC

AV LEVS

AV GEMM

La Corte decidió sobre la exequibilidad de apartes de dos distintas normas, el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal y el 347 del Código General del Proceso, relacionadas ambas con la posibilidad de que las respectivas Salas de Casación (Penal y Civil) decidan no seleccionar para trámite algunos de tales recursos extraordinarios. Los demandantes alegaron que tales facultades son demasiado amplias, y que permiten el rechazo in límine de tales recursos por razones que solo deberían ser estudiadas al momento del análisis de fondo. Por estas razones, señalaron que estas reglas vulneran, entre otros, el principio de dignidad humana, los fines esenciales del Estado social de derecho, la cláusula de igualdad y la prevalencia del derecho sustancial en la administración de justicia, y que al establecerlas el legislador excedió el margen de configuración normativa que le es propio. Sostuvieron también que la segunda de estas normas viola el artículo 243 superior, pues reproduce el contenido de otras que fueron declarad inexequibles por razones de fondo. Después de descartar la posible existencia de cosa juzgada, la Corte avanzó sobre el estudio de los cargos planteados. Para ello, la Sala hizo referencia a las finalidades del recurso de casación, expresamente reconocido por la Constitución de 1991, las que en consecuencia no pueden ser caprichosamente variadas por el legislador, y que se enfocan, en su orden, a la unificación de la jurisprudencia, a promover la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos, a reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, en sentido más amplio, a velar por la realización de los derechos fundamentales de los asociados. Seguidamente, la Corte estudió la razonabilidad de las reglas acusadas, teniendo en cuenta que su finalidad es contribuir al logro de los ya referidos objetivos del recurso de casación. En relación con el presunto exceso en el ejercicio de la facultad legislativa y su legítimo margen de configuración, la Corte recordó que ésta es especialmente amplia tanto en relación con la definición de la política criminal del Estado, como en lo atinente al diseño de las reglas de procedimiento, por lo que tal libertad solo puede ser restringida en caso de que las reglas establecidas fueren contrarias a los fines y principios del Estado, a la vigencia de los derechos fundamentales de los asociados, a la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental o el principio de razonabilidad. A partir de estos criterios, la Corte concluyó que la norma que incorpora las finalidades de la casación como parámetro de selección de tales recursos por parte de la respectiva Sala a partir del cumplimiento o no de los requisitos formales de admisión, la que establece un mecanismo de insistencia dentro de dicho trámite y la que incorpora la identidad de hechos como criterio de no selección no vulneran la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, ni ninguno otro de los principios y cláusulas constitucionales aducidos por los actores, y por el contrario, constituyen válido ejercicio de la facultad de configuración normativa del legislador, razones por las cuales, decidió declarar su exequibilidad.

D-10229

C-258/15

Mayo 6/15

 

 

MP.

Dr. Pretelt

Artículo 386.

Investigación o Impugnación de la Paternidad o la Maternidad. En todos los procesos de investigación e impugnación se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1. La demanda deberá contener todos los hechos, causales y petición de pruebas, en la forma y términos previstos en el artículo 82 de este código.

2. Cualquiera que sea la causal alegada, en el auto admisorio de la demanda el juez ordenará aún de oficio, la práctica de una prueba con marcadores genéticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos científicos y advertirá a la parte demandada que su renuencia a la práctica de la prueba hará presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnación alegada. La prueba deberá practicarse antes de la audiencia inicial. De la prueba científica se correrá traslado por tres (3) días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de un nuevo dictamen, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. Las disposiciones especiales de este artículo sobre la prueba científica prevalecerán sobre las normas generales de presentación y contradicción de la prueba pericial contenidas en la parte general de este código. El juez ordenará a las partes para que presten toda la colaboración necesaria en la toma de muestras.

3. No será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el demandado no se oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda decretar pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores.

4. Se dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda en los siguientes casos:

a) Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3.

b) Si practicada la prueba genética su resultado es favorable al demandante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente y en la forma prevista en este artículo.

5. En el proceso de investigación de la paternidad, podrán decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad.

6. Cuando además de la filiación el juez tenga que tomar medidas sobre visitas, custodia, alimentos, patria potestad y guarda, en el mismo proceso podrá, una vez agotado el trámite previsto en el inciso segundo del numeral segundo de este artículo, decretar las pruebas pedidas en la demanda o las que de oficio considere necesarias, para practicarlas en audiencia.

7. En lo pertinente, para la práctica de la prueba científica y para las declaraciones consecuenciales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 721 de 2001 y las normas que la adicionen o sustituyan.

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión "Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad", contenida en el numeral 5º del artículo 386 de la Ley 1564 de 2012.Segundo. Declarar EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.

AV MVCC

La Corte decidió acerca de si la regla acusada resulta contraria a los artículos 1º, 2º, 29 y 44 de la Constitución en cuanto la posibilidad de suspender los alimentos debidos a un menor de edad es contrario a la dignidad humana y desconoce el deber de asegurarle a los niños la protección efectiva de sus garantías, en cuanto puede dejarlo sin alguien que cumpla la obligación alimentaria, en la medida en que la norma no establece una vía alternativa que permita proteger al menor de la situación de vulnerabilidad que en tal caso enfrenta. La Sala encontró que la referida regla no es contraria a la Constitución Política puesto que, pese a su vital importancia, el derecho fundamental a recibir alimentos supone la existencia de una relación de filiación u otro vínculo familiar de los previstos en la ley, por lo que contrario sensu, la ausencia de tales vínculos tendría consecuencias sobre tal obligación. En esta línea, destacó la Corte, que según la misma norma lo requiere, la decisión de suspensión de los alimentos solo puede adoptarse bajo la existencia de un fundamento razonable de exclusión de la paternidad, lo que implica que, sin perjuicio de la autonomía del juez competente para decidir al respecto, en ningún caso podrá tratarse de una decisión arbitraria o caprichosa sino adecuadamente justificada, para lo cual los resultados de la prueba de ADN prevista y regulada por la Ley 721 de 2001 constituyen un valioso elemento de convicción a disposición del juez competente. De otra parte, señaló la Corte que el hecho de que no pueda predicarse una obligación alimentaria en favor del menor en cabeza de una persona específica no priva al niño de su derecho fundamental a recibir alimentos, pues en tal evento corresponde al Estado la garantía de este derecho, para lo cual se deberá incluir al menor afectado en los programas de bienestar gestionados por aquel que sean apropiados para promover su desarrollo integral y el necesario acompañamiento a su núcleo familiar. En consecuencia, concluyó la Corte que el aparte normativo demandado resulta conforme a la Constitución, en cuanto no contraviene los postulados constitucionales de dignidad humana, debido proceso e interés superior del menor.

D-10341

C-533/15

Agosto 19/15

 

MP.

Dr. González

ARTÍCULO 291. PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Para la práctica de la notificación personal

se procederá así:

1. Las entidades públicas se notificarán personalmente en la forma prevista en el artículo 612 de este código.

 

Las entidades públicas se notificarán de las sentencias que se profieran por fuera de audiencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011. De las que se profieran en audiencia se notificarán en estrados.

 

2. Las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica.

 

Esta disposición también se aplicará a las personas naturales que hayan suministrado al juez su dirección de correo electrónico.

Si se registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas.

 

3. La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la que le informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; y si fuere en el exterior el término será de treinta (30) días.

 

La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado. Cuando se trate de persona jurídica de derecho privado la comunicación deberá remitirse a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente.

 

Cuando la dirección del destinatario se encuentre en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción.

La empresa de servicio postal deberá cotejar y sellar una copia de la comunicación, y expedir constancia sobre la entrega de esta en la dirección correspondiente. Ambos documentos deberán ser incorporados al expediente.

 

Cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el Secretario o el interesado por medio de correo electrónico. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

 

4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código.

 

Cuando en el lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello. Para todos los efectos legales, la comunicación se entenderá entregada.

 

5. Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquel y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los recursos de apelación y casación. Si el notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta.

 

6. Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso.

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, el inciso segundo del numeral 4 del artículo 291 de la Ley 1264 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

 

El análisis de la Corte parte de que el derecho constitucional a la igualdad apareja un trato igual relacionado con supuestos fácticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darle una aplicación diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar situaciones distintas. Así mismo, dicho trato debe resultar razonable y proporcional a la luz de los principios y valores constitucionales. En este sentido, es claro que la norma que dispone que “Cuando en un lugar de destino rehusaren recibir la comunicación, la empresa de servicio postal la dejará en el lugar y emitirá constancia de ello” y que para todos los efectos legales “la comunicación se entenderá entregada” (se resalta) según lo dispone el inciso segundo del numeral 4 del artículo 291 de la Ley 1564 de 2012 no es asimilable al supuesto regulado en el primer inciso, según el cual “Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la dirección no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a petición del interesado se procederá a su emplazamiento en la forma prevista en este código” (se resalta).  Se trata de supuestos de hecho distintos que no imponen por lo tanto al legislador en desarrollo de su potestad de configuración normativa, el establecimiento de una misma consecuencia jurídica, de manera que no se configura una vulneración del principio de igualdad.

D-10702

C-621/15

Septiembre 30/15

 

MP.

Dr. Pretelt

ARTÍCULO 7o. LEGALIDAD. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

 

Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.

 

El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley.

 

Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.

 

Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya.

Primero.- Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo el artículo 7º de la Ley 1564 de 2012.

 

Segundo.- Declararse INHIBIDA para decidir de fondo, en relación con el cargo contra la palabra además del párrafo primero, artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, por la supuesta violación del artículo 230 de la Constitución.

 

Le correspondía a la Corte determinar si al exigir al juez “exponer clara y razonablemente los fundamentos jurídicos de su decisión” cuando pretenda apartarse de la doctrina probable y el precedente judicial, implica un cambio en el sistema de fuentes consagrado en la Constitución Política. En concepto de los demandantes, con esa disposición se estaba equiparando las fuentes principales con las auxiliares, en razón de darle a la jurisprudencia un valor normativo superior incluso a las leyes. El cargo sobre posible violación de las normas sobre reforma

constitucional no fue abordado por falta de certeza, así como el atinente a la inclusión del vocablo además en el inciso primero del artículo 7º del Código General del Proceso, porque el sentido del mismo no se derivaba del texto de la norma sino de una interpretación subjetiva de la demandante.

 

Con fundamento en los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta Corporación sobre la materia, la Sala Plena estableció que la doctrina probable y el precedente judicial son dos vías distintas para darle fortaleza a la decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad jurídica y al respeto por el principio de igualdad. La Corte reconoció que la utilización de estas fórmulas, lejos de atentar contra el artículo 230 de la Constitución viene a reforzar el sistema jurídico nacional y son perfectamente compatibles con la jerarquización de las fuentes que establece el postulado constitucional, puesto que la jurisprudencia no crea normas sino que establece las fórmulas a través de las cuales el juez, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva, debe llevar la normatividad a los casos concretos.

 

En cuanto al deber del juez de sustentar las razones por las cuales se aparta de la jurisprudencia, la Corte reiteró la línea jurisprudencial sostenida e invariable que explican la coherencia de esta exigencia con los objetivos a los que se encaminan la doctrina probable y el precedente jurisprudencial y su ponderación la autonomía del juez, criterios que se recogen de manera amplia en la sentencia C-831 de 2001, conforme a la cuales, la disposición demandada se ajusta al mandato del artículo 230 de la Constitución.

D-10609

C-067/16

Febrero 17/16

 

MP. Dr. Pretelt

ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

 

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

 

[Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014] Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.

 

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

 

PARÁGRAFO. [Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014] También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

 

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la sentencia, la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, contenida en el inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014.

SV MVCC

SV GSOD

AV

En primer término, la Corte consideró necesario precisar, que el artículo 206 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), del cual hace parte la expresión acusada, fue objeto de modificación mediante el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. Las modificaciones introducidas al juramento estimatorio, se ubican en el inciso cuarto y el parágrafo del citado

artículo 206 y en cuanto interesa al caso bajo examen, las innovaciones se refirieron a: (i) el sujeto obligado a pagar la sanción que se origina cuando la cantidad estimada excede del 50% de la cifra probada, esto es, quien hizo el juramento estimatorio; (ii) la claridad en cuanto a que el monto de la sanción del 10% corresponde a la diferencia entre la cantidad estimada y la que resulte probada; y (iii) la destinación de esa suma al Consejo Superior de la Judicatura.

 

En segundo lugar, la corporación estableció que solamente existía cosa juzgada relativa respecto del inciso cuarto del artículo 206, habida cuenta que en la sentencia C-279 de 2013, se pronunció sobre su exequibilidad frente a la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, fundada en el principio de lealtad procesal y en la tutela del bien jurídico de la administración de justicia, cargos diferentes a los que se plantean en esta oportunidad. En este caso, los demandantes cuestionan el factor que cuantifica la sanción por el exceso en el juramento estimatorio, en relación con “la diferencia entre la cantidad estimada y la probada”, que consideran vulnera el principio de legalidad y en consecuencia, los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, al modificar el método que establece la norma para calcular el monto de la sanción a quienes se excedan en el juramento estimatorio.

 

La Corte comenzó por reiterar el amplio margen de configuración del legislador en la regulación de los procedimientos, que en todo caso no es absoluta, en la medida en que debe respetar los principios y valores constitucionales, los derechos fundamentales y en el especial, las garantías que conforman el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. Al mismo tiempo, aludió al origen y evolución del juramento estimatorio como un medio de prueba legítimo y a los criterios que la jurisprudencia constitucional ha establecido en torno de esta figura. De igual modo, reafirmó los lineamientos que ha fijado en relación con el contenido esencial del principio de legalidad de las sanciones, dirigido a garantizar la libertad de los administrados y a controlar la arbitrariedad judicial y administrativa, mediante el señalamiento previo en la ley de las penas y sanciones aplicables, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política. En particular, recordó que las sanciones previstas con ocasión del juramento estimatorio tienen finalidades legítimas referentes a la preservación de la lealtad procesal de las partes y la condena a demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Tales sanciones se fundamentan en la violación de un bien jurídico inherente al Estado de derecho, como es la eficaz y recta administración de justicia, que se puede ver afectada por la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de un proceso judicial.

 

En el caso concreto, los demandantes sostienen que el método para calcular el monto de la sanción introducido por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, desconoce el margen de error que el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso concede a quien hace juramento estimatorio y de esta forma vulnera el principio de legalidad, puesto que implica una carga pecuniaria sobre un supuesto que no está prohibido en la ley.

 

Al comparar el texto original del inciso cuarto del artículo 206 y el modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, la Corte encontró que la modificación se refirió únicamente a la destinación de la suma que se pague por concepto de la sanción que allí se impone, más no al método para el cálculo de la sanción. Es claro que el monto de dicha sanción se sigue calculando sobre el excedente probado y el estimado y el cincuenta por ciento (50%), el cual ha sido siempre el margen de error que desde el Código Judicial de 1931 ha establecido el legislador, como causa para su imposición. En la expresión acusada no se desconoció ese margen de error, sino que por el contrario, el legislador precisó aún más los extremos entre los cuales se calcula la sanción, toda vez que el artículo 206 original solo aludía al diez por ciento (10%) “de la diferencia”. Aunque, se entendía que esta diferencia se refería al valor estimado y al que finalmente se probaba en el curso del proceso, la Ley 1743 de 2014 contribuyó a darle claridad a la norma, lo cual resulta acorde con el principio de legalidad de las sanciones, el debido proceso y la finalidad que se busca con la norma, cual es la efectividad de la administración de justicia.

 

Para la Corte, no hay lugar a la interpretación que hacen los demandantes en cuanto a que se hubiera cambiado la cantidad sobre la cual se calcula la sanción, lo cual según ellos, llegaría a ser irrisoria y no aseguraría ser un factor disuasorio del mal uso de la administración de justicia. Este entendimiento desconocería el espíritu mismo de la norma y de la sanción, relativo a garantizar el deber de lealtad y el principio de buena fe entre las partes, así como el de conseguir la celeridad y economía procesales. En consecuencia, los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la expresión normativa demandada, no estaban llamados a prosperar.

D-10874

C-086/16

Febrero 24/16

 

MP. Dr. Palacio

ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

 

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

 

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “podrá” contenida en el inciso segundo del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 “por medio de la cual se expide al Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

AV GSOD

Le correspondió a la Corte determinar, si la norma procesal que faculta al juez a distribuir la carga de la prueba entre las partes de acuerdo con las condiciones en que se encuentren para hacerlo, sin imponerlo como una obligación, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y por ende, los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución.

 

El artículo 167 del Código General del Proceso, del cual hace parte el vocablo “podrá” que se acusa en esta oportunidad, se enmarca en la nueva institución introducida por este Código en el ámbito legal de la carga dinámica de la prueba, que no estuvo presente en el anterior Código de Procedimiento Civil. La Corte resaltó que fue una decisión consciente y deliberada del legislador de mantener como principio general de la carga de la prueba el onus probandi, según el cual, le “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Sin embargo, agregó que este postulado no es absoluto por cuanto admite al menos dos excepciones que la misma ley contempla: (i) la carga dinámica de la prueba y (ii) los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas.

A juicio de la Corte, el principio del onus probandi como exigencia general de conducta prevista por el legislador no se refleja como irrazonable ni desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos, como son ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo. Es también una carga adecuada para lograr esos cometidos, si se tiene en cuenta que quien invoca un hecho lo hace –debe hacerlo- sobre la base de un conocimiento previo del mismo y por lo general dispone de algunos elementos mínimos para dar crédito a sus afirmaciones, en especial, cuando pretende obtener algún beneficio de ellos; además, contribuye eficazmente con el juez en su tarea de dilucidar la verdad, garantizar la primacía el derecho sustancial y resolver los litigios dentro de un término razonable. Además, tal exigencia no resulta desproporcionada, precisamente, porque el propio ordenamiento ha previsto algunas excepciones para aquellos eventos en los cuales la prueba es superflua (hechos notorios) o cuando una persona enfrenta serias dificultades para demostrar un hecho, por ejemplo, por razones lógicas (afirmaciones y negaciones indefinidas), técnicas (cuando se requiere conocimientos especializados), económicas (costo significativo) o incluso jurídicas (acceso restringido a la información), entre otras.

 

En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba, la Corte consideró que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991 bajo el prisma de un Estado social de derecho, donde el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede debe probar”. Para tal efecto, el legislador no

fijo un catálogo cerrado de episodios en los cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba, sino que dejó abierta esa posibilidad al juez “según las particularidades del caso”, mencionando solo algunas hipótesis en que procedería, como (i) la posesión de la prueba en una de las partes; (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales; (iii la previa y directa intervención en los hechos; (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes “entre otras circunstancias similares”.

 

La Corporación observó que la intervención del juez en la distribución de las cargas probatorias no tiene cabida únicamente en ejercicio de sus poderes oficiosos para decretar y practicar pruebas. En efecto, la norma permite que sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez, ante el cual debe pronunciarse en forma expresa y debidamente motivada, bien para acoger la solicitud o bien para rechazarla. Además, la norma prevé que esta decisión del juez puede ser recurrida, con lo cual se asegura el derecho de las partes de contradicción e intervención en el proceso en condiciones de igualdad.

 

Visto lo anterior, desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva (arts. 2o, 29, 228 y 229 de la Constitución), la Corte no advierte reparo constitucional alguno al hecho de que el legislador haya autorizado al juez a distribuir a carga de la prueba entre las partes, según las particularidades del caso, para exigir probar determinado hecho a quien se encuentre en una situación más favorable para hacerlo, sin que le haya impuesto el inexorable deber de hacerlo en cada caso. Esta previsión está encaminada a procurar un prudente equilibrio entre la función del juez en el Estado social de derecho y el cumplimiento de las cargas procesales que constitucionalmente corresponde asumir a las partes cuando ponen en marcha la administración de justicia. Con todo, aclaró que la norma no puede ser interpretada al margen de los fines y principios que orientan el Código General del Proceso y por lo mismo tiene fuerza vinculante, en particular los consagrados en los artículos 2º (tutela judicial efectiva); 4º (principio de igualdad); 7º (facultades oficiosas para restablecer el equilibrio probatorio); 11 y 12 (objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial). Por lo expuesto, la Corte declaró exequible el vocablo “podrá” contenido en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012.

D-10902

C-158/16

Abril 06/16

 

MP. Dra. Calle

ARTÍCULO 455. SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACIÓN DEL REMATE. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerarán saneadas si no son alegadas antes de la adjudicación.

 

Las solicitudes de nulidad que se formulen después de esta, no serán oídas.

 

[Inciso corregido por el artículo 11 del Decreto 1736 de 2012] Cumplidos los deberes previstos en el inciso 1o del artículo 453, el juez aprobará el remate dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante auto en el que dispondrá:

 

1. La cancelación de los gravámenes prendarios* o hipotecarios, y de la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia, si fuere el caso, que afecten al bien objeto del remate.

 

2. La cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro.

3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la notaría correspondiente al lugar del proceso; copia de la escritura se agregará luego al expediente.

 

4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.

 

5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su poder.

 

6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efecto público nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.

 

7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez deberá reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios públicos, cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará entregar a las partes el dinero reservado.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo constituye falta disciplinaria gravísima.

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la expresión “Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará entregar a las partes el dinero reservado”, contenida en el numeral 7 del artículo 455 de la Ley 1564 de 2012.

SV ARR

 

La Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso, formulados contra un aparte normativo del numeral 7 del artículo 455 de la Ley 1564 de 2012, carecen de la certeza y suficiencia que se requiere para abordar un examen y decisión de fondo.

 

El tribunal constató que la presunta violación de los derechos a la igualdad y el debido proceso se basa en supuestos no previstos en la disposición acusada. Aunque se exponen dos cargos distintos y autónomos, el fundamento único que se aduce por los demandantes, es que podría existir un proceso ejecutivo autónomo para decidir sobre las deudas por concepto de impuestos, servicios públicos, cuotas de administración y gastos de parqueo o depósito y que en consecuencia, la carga impuesta al rematante de acreditar su cuantía, puede generar decisiones judiciales contrapuestas, entre ese proceso ejecutivo autónomo y el ejecutivo hipotecario. En concepto de los ciudadanos demandantes, resolver acerca de esas obligaciones dentro del mismo trámite regulado en la norma acusada, deja al demandado sin las defensas que tendría un proceso ejecutivo especial para dichas deudas.

La Corte observó que, además de que se incurre en el error de sostener que siempre que se llega al remate de un bien en un proceso ejecutivo se trata de un proceso ejecutivo hipotecario, cuando también puede serlo por medio de un ejecutivo singular, la demanda no va más allá de estas afirmaciones sin exponer las razones por las cuales la limitación de diez (10) días establecida en el aparte impugnado para que el rematante acredite esas deudas y pueda recibir los dineros reservados para los mismos, puede infringir los derechos del demandado a la igualdad y al debido proceso. No existe entonces, certeza en la regulación legal que se demanda, como tampoco, suficiencia en los argumentos en que se fundamenta el concepto de violación constitucional, lo cual impidió que la Corte pudiera entrar a realizar un examen de fondo y dictar un fallo de mérito sobre el aparte demandado del artículo 455, numeral 7 del

Código General del Proceso.

D-10960

C-159/16

Abril 06/16

 

MP. Dr. Vargas

ARTÍCULO 419. PROCEDENCIA. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “Quien pretenda el pago de una obligación en dinero”, contenida en el artículo 419 del Código General del Proceso.

 

La Corte determinó que el establecimiento de la modalidad del proceso monitorio únicamente para las pretensiones de pago de una obligación en dinero, es compatible con la Constitución. Para la Corporación, la ley no impuso una restricción injustificada al derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva al circunscribir el proceso monitorio a las obligaciones en dinero, decisión que cabe dentro del amplio margen de configuración de los procesos en cabeza del legislador, quien creó un instrumento simplificado y ágil de procedimiento, que se ajusta a la exigibilidad de las obligaciones líquidas y de naturaleza contractual.

 

A la vez, la Corporación observó que la misma legislación procesal confiere diferentes alternativas para la ejecución de obligaciones no dinerarias, en las cuales se han previsto las etapas necesarias para que se cumpla el debate probatorio usual en la definición concreta de dichas obligaciones. Por lo tanto, contrario a lo sostenido por los demandantes, no resulta acertado concluir que la legislación ha impuesto barreras injustificadas en contra de los acreedores de las obligaciones diferentes a las dinerarias.

D-10969

C-496/16

Septiembre 14/16

Mp. Dra. Calle

ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

 

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

 

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.

 

3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

 

4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes.

 

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.

 

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.

 

7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.

 

8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.

 

9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

 

10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público.

 

11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.

 

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

 

13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de 2012, por el cargo analizado en esta sentencia.

 

Causales de impedimento y de recusación de los jueces y magistrados –que se extienden a los conjueces-. Omisión legislativa relativa.

D-11258

C-536/16

Octubre 05/16

Mp. Dr. Linares

ARTÍCULO 589. MEDIDAS CAUTELARES EN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS EXTRAPROCESALES. En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal.

 

El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley.

 

Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y esta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), y la medida cautelar se levantará. Mientras no sea prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, salvo que el perjudicado con la misma lo acepte.

 

PARÁGRAFO. Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales.

La Corte se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del artículo 589 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SV ARR

La Corte determinó que en esta oportunidad, la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 589 del Código General del Proceso no cumplía las condiciones para hacer posible un pronunciamiento de mérito. La demandante invoca la violación del mandato de trato igual y si bien cumple la exigencia de indicar la disposición que establece el trato diferente, la enunciación de los sujetos o grupos que deberían ser objeto de comparación es indeterminada.

 

En efecto, la acusación si dirige contra un presunto trato desigual previsto en el artículo 589, dado que solo en los procesos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal o cuando expresamente una ley lo permita, puede solicitarse medidas cautelares durante la práctica de pruebas extraprocesales. Ello implica, según la demanda, excluir de dicha posibilidad a todas las personas que tramitan procesos diferentes a los contemplados en la disposición, entre los que se encuentran aquellos encaminados al amparo de la propiedad material. La impugnación propone, entonces como elementos a comparar, de una parte, las personas que tramitan lo procesos a que se refiere el artículo acusado y, de otra, el universo de personas que tramitan otro tipo de procesos.

 

Si tal planteamiento tuviera la capacidad de propiciar un pronunciamiento de fondo, la Corte se enfrentaría a un dilema complejo ante la naturaleza rogada de la acción pública y la supremacía de la Constitución. La primera alterativa, implicaría la comparación de los procesos por violación de la propiedad intelectual o competencia desleal con el universo de los demás procesos –relacionados o no con el amparo de la propiedad- a fin de establecer si resultan comparables y luego de ello, establecer si para cada caso la distinción está justificada. Un actividad interpretativa en semejante dirección, además de improcedente considerando la diversidad de las materias que son objeto de regulación por el Código

General del Proceso, supondría reemplazar la labor básica del demandante, cuando cuestiona la constitucionalidad de una norma jurídica. La segunda opción consistiría en abstenerse de emprender tal análisis y en su lugar, declarar la exequibilidad simple de la disposición sin considerar que pueden existir procesos comparables que por tal razón, deban ser regulados de manera equivalente al de aquellos previstos en el artículo 589 del Código General del Proceso. De aceptar tal orientación, la Corte habría renunciado a guardar la integridad y supremacía de la Constitución aceptando, sin saberlo en realidad, eventuales infracciones del mandato de trato igual.

 

Para la Corte, ninguna de estas opciones es constitucionalmente adecuada. Observó, que una acusación como la planteada solo podría ser examinada de fondo por la infracción del mandato de trato igual, si el demandante (i) identifica de manera precia el tipo de procesos que deben ser contrastados, (ii) el criterio específico que explica su similitud y (iii) la razón por la cual deben ser tratados de la misma manera de cara a la regulación de las medidas cautelares extraprocesales. No puede limitarse a invocar genéricamente el universo o el resto de procesos diferentes a los enunciados en la disposición cuestionad pues, de ser ello así, la Corte no podría precisar de manera adecuada la cuestión constitucional a decidir. Tampoco es posible establecer que el criterio de comparación consista en que se trata de procesos regulados por el Código General del Proceso que a través de ellos se realice el derecho de acceso a la justicia dado que, de ser así, cualquier tratamiento diferenciado en dicha regulación podría suscitar un juicio de igualdad a pesar de que al legislador en esta materia, le ha sido reconocido un amplio margen de configuración. Por ello, no bastaba con referirse a criterios genéricos, sino que en la demanda había de tomarse nota de la naturaleza, objeto y trámite procesal a fin de establecer si resulta o no posible proponer la comparación, lo cual no fue hecho en esta oportunidad, razones por la cuales, la Corte procedió a inhibirse de proferir un fallo de mérito.

D-11261

C-537/16

Octubre 05/16

Mp. Dr. Linares

ARTÍCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

 

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.

 

ARTÍCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.

 

ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

 

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

 

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

 

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

 

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

 

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

 

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

 

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

 

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.

 

ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.

 

[…]

 

ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

 

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

 

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

 

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.

 

ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

 

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.

 

[…]

 

PARÁGRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir íntegramente la respectiva instancia, son insaneables.

 

ARTÍCULO 138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O COMPETENCIA Y DE LA NULIDAD DECLARADA. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

 

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.

 

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.

 

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

 

[…]

 

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

 

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

Declarar EXEQUIBLES los apartes demandados de los artículos 16, 132, 133, el inciso primero del artículo 134, la expresión “ni quien después de ocurrida a causal haya actuado en el proceso si proponerla” prevista en el inciso segundo el artículo 135; el parágrafo del artículo 136, el inciso ´primero y los apartes demandados del inciso segundo del artículo 138 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso.

 

Las normas examinadas regulan diversos aspectos de la validez de actuaciones en los procesos regidos por el Código General del Proceso. Disponen que la falta de jurisdicción y la incompetencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, lo cual no obsta para que lo actuado por el juez incompetente antes de la declaratoria de nulidad (art. 133.1), salvo la sentencia, conserve validez (arts. 16 y 38). Al mismo tiempo, prevén que la causal de nulidad no alegada en la etapa procesal en la que ocurrió el vicio, se entenderá saneada (arts. 132 y 133, parágrafo), lo mismo que si la parte actúa después de su ocurrencia, sin proponer la nulidad (art 135). Además, establecen que las nulidades solo pueden alegarse antes de proferirse la sentencia, salvo que el vicio se encuentre en la sentencia misma (art. 134) y prescriben unas causales de nulidad del proceso en las que se encuentra la hipótesis de la actuación del juez, después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia (art. 133.1) y una lista de nulidades insaneables, en las que no se incluye la derivada de la falta de competencia del juez, por los factores subjetivo o funcional (art. 136, parágrafo).

 

Los problemas jurídicos que la Corte resolvió en relación con las disposiciones enunciadas, se refirieron a: (i) si permitir que el vicio de incompetencia sea saneable y determinar que conservan su validez las actuaciones anteriores a la declaratoria de nulidad, afecta el derecho a ser juzgado por un juez competente y (ii) si el legislador desconoció el precedente constitucional en materia de la nulidad por incompetencia del juez, al permitir que este vicio sea subsanable. En el presente caso, encontró que no procedía el examen del cargo por violación de los principios de progresividad y no regresividad en la protección de los derechos.

 

El análisis de la Corte partió de que la determinación previa y en abstracto del juez competente para instruir y decidir un asunto es una competencia normativa para cuyo ejercicio el legislador goza de un margen amplio de configuración, aunque limitado por: los casos en los que la Constitución directamente establece el juez natural del asunto, la previsión de jurisdicciones especiales –como la indígena- y la razonabilidad y proporcionalidad para sustraer un asunto de la jurisdicción ordinaria, la prohibición de que la determinación del juez competente quede al arbitrio de las partes o del juez, que los particulares sean juzgados por militares (art. 213 C.Po.) o por autoridades administrativas en materia penal (art. 116 C.Po.) y la exclusión de que las violaciones de los derechos humanos sean juzgadas por la justicia penal militar. Así mismo, señaló que el respeto de los fueros constitucionales también hace parte del derecho al juez natural y que esta garantía no puede desligarse de la del derecho a que se cumplan las formas propias de cada juicio.

 

A su vez, el Tribunal reiteró que dentro de ese amplio ámbito de regulación del legislador, está la determinación del régimen jurídico de las nulidades procesales, entre estas, las consecuencias del trámite de la actuación procesal por parte de un juez incompetente. Recordó que la garantía del respecto de las formas propias de cada juicio no significa que

cualquier irregularidad procesal conduzca necesariamente a la nulidad de lo actuado, lo que desconocería el carácter instrumental de las formas procesales, cuya fundamento constitucional se encuentra en el deber de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal (art. 228), que junto con el derecho al juez natural son instrumentos del derecho fundamental de acceso a la justicia. Solo por excepción, la Constitución toma directamente una decisión en la materia cuando en el inciso final del artículo 29 superior dispone que “Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. A juicio de la Corte, las normas demandadas se integran en un sistema que busca la eficacia del acceso a la justicia y del derecho al debido proceso, al darle prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, de modo que el rigor extremo de la aplicación de un trámite procesal no vaya en desmedro de un proceso que cumpla la su finalidad, en un plazo razonable, al tiempo que asegura el acceso a la justicia y una actuación procesal garantista.

 

De otra parte, la corporación determinó que la conservación de la validez de lo actuado por el juez incompetente o perteneciente a una jurisdicción distinta de la competente –no obstante que, detectado esto el proceso deba pasar a este- salvo la sentencia, fue una decisión adoptada por el legislador pero inspirada de cerca en precedentes jurisprudenciales, los cuales enunció en esta sentencia, entre otras, las sentencias C-037/98, C-662/94, C-227/09y C-328/15. En esas sentencias, normas similares a las que ahora se acusan, fueron declaradas exequibles, al considerar que no vulneraban ninguna de las garantías del debido proceso, incluida la del juez natural y por el contrario, encontraban sustento en el principio de economía procesal, en el que se basa la institución del saneamiento de nulidades, pues al conservarse la actuación cumplida hasta el momento de declararse la incompetencia y dado el cumplimiento de su finalidad, se evitan dilaciones innecesarias. Para la Corte, tales disposiciones constituyen una manera de conciliar distintos elementos del debido proceso, en pro de su eficacia de conjunto, y la preservación hacia delante de la garantía del juez natural. La misma consideración, se ha tenido en la jurisprudencia, respecto de lo desproporcionada que resultaría para el demandante, no entender interrumpida la prescripción o que opera la caducidad, si la declaración de nulidad por falta de jurisdicción o de competencia cobijara el auto admisorio de la demanda. De igual manera, el tribunal constitucional ha establecido que en caso de rechazo de la demanda por falta de jurisdicción, se enviará al juez con jurisdicción, sin devolver la demanda y sus anexos, al igual que ocurre cuando se rechaza por falta de competencia. En todos los supuestos regulados en las

normas legales impugnadas, en el mismo sentido fijado en la jurisprudencia, la Corte encontró que el legislador adoptó medidas para hacer efectivo el derecho al juez natural o competente, así como el acceso a la justicia, sin que su respeto implique el sacrificio de otros elementos del derecho fundamental al debido proceso y de otros imperativos constitucionales. Por lo expuesto, procedió a declarar exequibles los apartes demandados de las normas transcritas.

D-11271

C-540/16

Octubre 05/16

Mp. Dr. Palacio

ARTÍCULO 390. ASUNTOS QUE COMPRENDE. Se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía, y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza:

 

1. <Numeral corregido por el artículo 7 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Controversias sobre propiedad horizontal de que tratan los artículos 18 y 58 de la Ley 675 de 2001.

 

2. Fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias, cuando no hubieren sido señalados judicialmente.

 

3. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos y salida de los hijos menores al exterior y del restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

 

4. Los contemplados los artículos 913, 914, 916, 918, 931, 940 primer inciso, 1231, 1469 y 2026 del Código de Comercio.

5. Los relacionados con los derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23 de 1982.

 

6. Los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores.

 

7. Los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, o breve y sumariamente, o a su prudente juicio, o a manera de árbitro.

 

8. Los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales.

 

9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario.

 

PARÁGRAFO 1o. Los procesos verbales sumarios serán de única instancia.

 

PARÁGRAFO 2o. Las peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio.

 

PARÁGRAFO 3o. Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de las accione populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o por el verbal sumario, según la cuantía, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos.

 

Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita vencido el término de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el artículo 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar.

INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda del ciudadano Carlos Raúl Sierra Niño contra el artículo 390 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

 

La Corte encontró que en el presente caso no se cumplía un presupuesto indispensable para que pudiera proferirse un fallo de fondo sobre el numeral 3º (parcial) del artículo 390 del Código General del Proceso, toda vez que el actor fundamenta su acusación en una interpretación que objetivamente no se deriva de la norma demandada. Sostiene que esta disposición confunde a los padres con los cónyuges limitando a los padres que no están unidos en matrimonio entre sí, la posibilidad de controvertir procesalmente aspectos relativos a la patria potestad.

 

Sin embargo, indicó que de la simple lectura del numeral 3º del artículo 390 del Código General del Proceso se advierte que es una norma de competencia que enuncia los asuntos que por su naturaleza se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, dentro de los cuales se señala de forma separada “las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad” y de otra parte, “las diferencias que surjan entre los cónyuges” entre

las cuales se enuncian las cuestiones relativas a “fijación y dirección de hogar, derecho a ser recibido en este y obligación de vivir juntos y salida de los hijos menores al exterior y del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

 

Para la Corte es claro que la norma demandada contempla dos supuestos distintos: el primero, relacionado con las controversias sobre la patria potestad, que se encuentra regulada por los artículos 62, 119, 161, 288 al 317 del Código Civil y el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia; y el segundo, relativo a los conflictos que puedan surgir entre los cónyuges, en atención a las obligaciones contractuales que existen entre estos en virtud de la celebración del matrimonio, contemplados en el artículo 113 del Código Civil. En consecuencia, no era posible entrar a un examen de fondo sobre los cargos formulados en esta oportunidad.

D-11357

C-551/16

Octubre 12/16

Mp. Dr. Palacio

ARTÍCULO 193. CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita.

Declarar EXEQUIBLE la expresión “la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita “, contenida en el artículo 193 de la Ley 1564 de 2012, por el cargo estudiado.

 

En el presente caso, la Corte debía determinar si la presunción establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, sin que se pueda establecer estipulación alguna en contra, vulnera el artículo 29 de la Constitución, en la medida en que estaría trasladando incondicionalmente una facultad de disponer del derecho en litigio que solo corresponde al poderdante.

 

Dado el amplio marco de configuración normativa del legislador en materia de procedimientos, la corporación aplicó un nivel de escrutinio leve de la facultad del apoderado, para analizar si resulta razonable y proporcionada a la luz del debido proceso, toda vez que no se aprecia prima facie una amenaza para este derecho que justificara un cuestionamiento más estricto del principio democrático y de la presunción de constitucionalidad de la decisión legislativa. La confesión por apoderado judicial es una de las variantes de un medio probatorio previsto en el ordenamiento, propio de la tradición jurídica de nuestro país y del derecho en general, que se ha contemplado casi sin variación, en diversos estatutos procesales desde el Código Judicial de 1931. Adicionalmente, lo que se demanda no representa ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, ni afectan a un grupo marginado o discriminado que requiera la aplicación de un juicio más estricto. De igual modo, el precepto no quebranta ninguna prohibición del constituyente.

 

Para la Corte, la presunción establecida por el legislador en el artículo 193 del Código General del Proceso persigue fines legítimos e importantes desde la perspectiva constitucional, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta, como el de garantizar una mayor eficiencia en la administración de justicia. Esta disposición genera una responsabilidad en un grado elevado y un compromiso inescindible –aunque mediara la voluntad de hacerlo- entre la parte y su apoderado respecto de lo que confiesa en ciertas ocasiones que resultan definitorias para el adecuado trámite del proceso, como son las previstas en el artículo demandado. Observó que la eficaz administración de justicia se relaciona íntimamente con la posibilidad de alcanzar los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Carta, en especial, con el propósito de alcanzar un orden justo.

 

De otra parte, el tribunal constitucional consideró que la medida es adecuada respecto de esa finalidad. Establecer que la confesión por apoderado judicial para las actuaciones procesales enunciadas siempre existe contribuye efectivamente a la finalidad propuesta, toda vez que la demanda, su contestación, la formulación de excepciones, la audiencia inicial y la audiencia en el proceso verbal sumario, son momentos vitales del proceso, que le dan forma y tienen la virtualidad de definirlo, fijando el objeto del litigio, determinando su decurso, permitiendo dar un adecuado tramite a todo el juicio. Sin duda, el compromiso de veracidad que crea la norma avanza efectivamente en el fin propuesto: quien otorga el poder y su apoderado deberán ser especialmente cautos en el proceso, asumirlo con mayor responsabilidad, so pena de confesar lo que no se quiere y respecto de los que no hay posibilidad de retractación y que será tenido como prueba de confesión. El legislador ha considerado, en buen sentido, que las afirmaciones y negaciones realizadas en juicio por el abogado tienen la posibilidad de comprometer probatoriamente la posición de la parte que representan, como consecuencia de la responsabilidad que lleva consigo el mandato y una consecuencia del deber de colaborar con la justicia. La mayor responsabilidad entre cliente y abogado procura que la administración de justicia sea más eficiente, evitando dilaciones injustificadas u obligando que las partes, eventualmente, tengan que probar por otros medios lo que ya se confesó. Por consiguiente, el legislador no excedió su límite de potestad configurativa en el diseño de procesos y por ende, el cargo por vulneración del artículo 29 de la Constitución no estaba llamado a prosperar.

D-11304

C-553/16

Octubre 12/16

Mp. Dr. Arrieta

ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

 

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

 

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

 

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.

 

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

 

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

 

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

 

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

 

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

 

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

 

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

 

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron

de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

 

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo frente a los cargos expuestos contra la expresión “o perjuicios” contenida en el artículo 317 de la Ley 1564 de

2012, por considerar que los mismos no cumplen los requisitos jurisprudenciales para tal fin.

SV ARR

La Corte constató que la demanda formulada en esta oportunidad contra una expresión del artículo 317 del Código General del Proceso, presenta cargos que no cumplen con los requisitos de certeza y especificidad para demostrar el desconocimiento de un orden justo

(Preámbulo y artículo 2º de la C.Po.) y el principio de igualdad (art. 13 C.Po.), lo cual no le permite abordar un examen de fondo y proferir un fallo de mérito.

 

Las acusaciones del demandante parten d ela hipótesis de que la responsabilidad de dar impulso al proceso es propia del demandante y por ello el decreto del desistimiento tácito es producto de su conducta negligente. En ese entendido, la prohibición de reparar los perjuicios causados al demandado es a juicio del actor, contraria a la Carta Política y estimula el abuso del derecho a litigar ya que el accionante no recibiría sanción alguna. La Corte observó que este entendimiento del demandante no se desprende del contenido normativo de la norma acusada, que no señala un único o específico responsable de la terminación anormal del proceso. Tanto el demandante, como el demandado e incluso el juez pueden haber guardado silencio y dejaron de actuar diligentemente durante el tiempo allí señalado. De otra parte, los argumentos del ciudadano se basan en la existencia de otras normas que permiten la reparación de perjuicios dentro del mismo proceso. No obstante, la Corte ha establecido que los distintos procedimientos no son comparables porque regulan supuestos facticos distintos y las diferencias entre nos y otros se introducen en función de los procesos y no en función de las partes que intervienen en ellos, de manera que al predicarse el principio de igualdad de las personas y no de los procesos, no resulta procedente aducir la vulneración del derecho a la igualdad.

 

 

D-11291

C-604/16

Nov. 02/16

 

 

Mp. Dr. Vargas

ARTÍCULO 247. Valoración de mensajes de datos. Serán valoraos como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca.

 

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorados de conformidad con las reglas generales de los documentos.

La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre el inciso segundo del artículo 247 de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, por ineptitud sustancial de la demanda en relación con el cargo formulado.

 

Mensajes de datos. Valoración como prueba documental de la impresión en papel. En dos expedientes acumulados consideran los demandantes que el inciso acusado vulnera el debido proceso, en específico, el derecho a la contradicción probatoria, entendido como la posibilidad de oponerse a un acto realizado por la contraparte dentro de un proceso judicial y controlar la legalidad de las pruebas allegadas. Sostienen, que el apartado normativo al establecer la obligación de valorar un mensaje de datos a partir de su impresión en papel y conforme a las reglas generales de los documentos, desconoce la garantía citada, por cuanto dicha prueba resulta imposible de controvertir a causa del riesgo de que su contenido haya sido modificado o suprimido. La Corte considera que el cargo de inconstitucionalidad carece de certeza, requisito sin el cual no es posible un pronunciamiento de fondo, en la medida en que si el objeto de la impugnación es equivocado, también lo son los reproches de inconstitucionalidad que sobre la supuesta norma se hagan.

D-11396 AC

C-635/16

Nov. 16/16

 

 

Mp. Dr. Rojas

ARTÍCULO 626. DEROGACIONES. Deróguense las siguientes disposiciones:

 

a) <Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9o y 21 del Decreto número

2651 de 1991; los artículos 8o inciso 2o parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1o y 2o de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1o de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2o del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1o del artículo 215 y el inciso segundo del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4, el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley”.

 

b) A partir del primero (1o) de octubre de dos mil doce (2012) quedan derogados: los artículos 19, 90, 91, 346 449, y 690 del Código de Procedimiento Civil; y todas las que sean contrarias a las que entran en vigencia a partir del primero (1o) de octubre de dos mil doce (2012).

 

c) <Literal corregido por el artículo 17 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 6 del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos números 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo reforman; el Decreto número 508 de 1974; artículos 151, 157 a 159, las expresiones “mediante prueba científica” y “en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001” del 214 la expresión “En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera”

del 217, 225al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión “mientras no preceda” y los numerales 1 y 2 del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código Civil; artículos 6o, 8o, 9o, 68 a 74, 804 inciso 1o, 805 a 816, 1006, las expresiones “según las condiciones de la correspondiente póliza” y “de manera seria y fundada” del numeral 3 del artículo 1053, y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto número 1778 de 1954; artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto número 2820 de 1974; el Decreto número 206 de 1975; artículo 25 de la Ley 9ª de 1989; artículo 36 del Decreto número 919 de 1989; el Decreto número 2272 de 1989; el Decreto número 2273 de 1989; el Decreto número 2303 de

1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto-ley 2737 de 1989; la expresión “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el Título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia,

en primera instancia” del artículo 7o y 6o <sic 8*1> parágrafo de la Ley 54 de 1990;

artículos 10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto número 2651 de 1991; artículos 7o y 8º de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso 4o de la Ley 270 de 1996, el artículo 62 y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2o a 6o, 9o, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 a 29, 103 y 137 <de la Ley 446 de 1998*2> ; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2o, el parágrafo 3o del artículo 58, y la expresión

“Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen” del artículo 62 inciso 2o de la Ley 675 de 2001; artículos 7o y 8o de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5o de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5 Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1 a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; y las demás disposiciones que le sean contrarias.

La Corte se INHIBIÓ de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “los artículos 8º inciso segundo parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996” prevista en el literal a) del artículo 626 del Código General del Proceso, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Derogatorias del código general del proceso. Normas que regulaban la procedencia de recurso ante los jueces contra decisiones judiciales de autoridades administrativas. La perención en el proceso ejecutivo y la comisión de justicia pronta. La Corte concluye que la demanda no satisface los mínimos argumentativos requeridos para suscitar un juicio de constitucionalidad. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda.

D-11370

C-668/16

Nov. 30/16

 

 

Mp. Dr. Rojas

ARTÍCULO 151. PROCEDENCIA. Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso.

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso” contenida en el artículo 151 de la Ley 1564 de 2015, por ineptitud sustantiva de la demanda.

AV ARR

Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda.

D-11458

 

 

CUADRO RESUMEN

LEY 1564 DE 2012

 

1

C-157/13

6

C-543/13

11

C-178/14

16

C-683/14

21

C-621/15

26

C-536/16

31

C-604/16

2

C-279/13

7

C-755/13

12

C-279/14

17

C-726/14

22

C-067/16

27

C-537/16

32

C-635/16

3

C-332/13

8

C-834/13

13

C-369/14

18

C-880/14

23

C-086/16

28

C-540/16

33

C-668/16

4

C-436/13

9

C-030/14

14

C-389/14

19

C-258/15

24

C-158/16

29

C-551/16

 

 

5

C-531/13

10

C-083/14

15

C-507/14

20

C-533/15

25

C-496/16

30

C-553/16

 

 

 

 

 

DECRETO 1736 DE 2012

“Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"”

 

 

SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-041/15

Feb. 4/15

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 6º Corríjase el inciso 1° del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

"Artículo 338.

Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda dirigida contra el artículo 6º del Decreto 1736 de 2012 ‘por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 ‘por medio de la cual se expide el Código general del Proceso y se dictan otras disposiciones’”

SV MVSM

SV JIPP

SV MGC

SV LEVS

AV GSOD

La Corte tiene la función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la Carta. En esta disposición se prevé que la acción pública procede contra los actos reformatorios de la Constitución, las leyes y los decretos con fuerza de ley (C. P. art 241 nums. 1º, 4º y 5º). La jurisprudencia nunca ha admitido que la Corte pueda conocer de demandas instauradas exclusiva y directamente contra decretos que se orienten a corregir yerros advertidos en la ley. Un examen detenido de los pronunciamientos de la Corte muestra que cuando ha decidido expresamente sobre la exequibilidad de un decreto de esta naturaleza, lo controlado de forma principal ha sido la ley o el decreto con fuerza de ley que se ha querido corregir. En las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012, únicas en referirse dentro de su parte resolutiva a la exequibilidad o inexequibilidad de decretos de esta índole, el control se ha originado o bien en la revisión constitucional automática de contenidos normativos de ley estatutaria (C-672 de 2005) o bien en la decisión de una demanda contra un decreto con fuerza de ley (C-634 de 2012). En las demás providencias mencionadas dentro de este debate, no sólo no se demandaba exclusiva y directamente un decreto de corrección de yerros, sino que además en cada una la Corte se abstuvo de hacer un pronunciamiento expreso sobre su exequibilidad o inexequibilidad en la parte resolutiva de cada una. En la sentencia C-500 de 2001 la Corporación se juzgó incompetente para controlar esta clase de decretos y, en consecuencia, no hizo ningún juicio de exequibilidad sobre el que entonces se había mencionado en el proceso. En las sentencias C-232 de 2001 y C-334 de 2005 la Corte simplemente se inhibió de emitir un fallo de fondo, sin hacer ningún tipo de examen definitivo sobre su competencia para controlarlos o sobre la exequibilidad de los decretos de yerros que se habían considerado en la controversia. En la sentencia C-925 de 2005 la Corte se declaró expresamente incompetente para decidir sobre la exequibilidad del Decreto de corrección de yerros y, por lo mismo, en la parte resolutiva no lo menciona. En la sentencia C-178 de 2007 la Corte no se pronuncia sobre la exequibilidad del decreto que corregía un Acto Legislativo, sino que se limita a decir que sí corrige un yerro, y declara exequible el Acto Legislativo sin hacer referencia en esta parte de la providencia al decreto administrativo. La demanda en este caso no se dirigió contra un acto reformatorio de la Constitución, ni contra una ley o un decreto con fuerza de ley, sino directa y exclusivamente contra un decreto de corrección de yerros. Ese caso no sólo no se ajusta estrictamente a las hipótesis en que se ha pronunciado la Corte sobre decretos de esta jerarquía, sino que tampoco se puede considerar siquiera análogo a esos eventos. Cuando en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012 esta Corte ha emitido juicios de exequibilidad sobre decretos que corrigen yerros, lo ha hecho dentro de su función de control de la ley, pues un ejercicio de control constitucional de las leyes –por su contenido material o, en ciertos casos, por problemas de procedimiento en su formación- supone dilucidar en primer lugar el alcance de la ley bajo examen. Cuando existe un decreto que corrige yerros en un acto del legislador o del legislador extraordinario, es entonces natural que la Corte incorpore el decreto al control pues está evaluándose un acto complejo, integrado por la decisión del legislador más el de la administración pública. Otra enteramente distinta es la hipótesis en que se somete a control solamente el acto administrativo de corrección de yerros, y se cuestiona sobre la base de que desconoce en primer lugar la ley (la que pretende corregir y la que define el alcance de esta clase de yerros), y que sólo en sentido remoto desconoce el principio de legalidad como precepto constitucional. Este tipo de juicio difiere, como se ve, del que se plantea contra una ley, que a su turno presenta yerros corregidos por un decreto, y se cuestiona directamente el acto del legislador con fundamento en que viola de forma inmediata la Constitución. Es esta última clase de problemas los que han provocado pronunciamientos como los hechos por la Corte en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012, y no son más que una especie del género de cuestiones que debe resolver la Corte ordinariamente, en ejercicio de sus competencias constitucionales (CP art 241). La Corte puede controlar la constitucionalidad de una ley y, según el vicio endilgado o la clase de control, puede entonces definir su alcance. Como el decreto que pretende corregir yerros puede definir el alcance de la ley, la Corte en ese contexto está autorizado necesariamente para establecer si efectivamente lo define o no y en qué medida. Pero por fuera de ese escenario, la jurisprudencia no ha contemplado la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre los decretos que se expiden para corregir yerros en las normas de la ley. Esto permite entonces mostrar con mayor claridad la razón por la cual no es posible hacer en este caso una integración normativa oficiosa, en virtud de la cual se incorpore al juicio la Ley que pretendía corregirse con el decreto de yerros demandado. Para empezar, la Corte consistentemente ha sostenido que esta facultad de integración oficiosa de normas es excepcional y procede solo en tres casos (C-539 de 1999). En esta ocasión no se está, sin embargo, ante ninguna de estas causas excepcionales. Primero, no se está ante una norma que carezca de contenido deóntico claro, pues el Decreto acusado prevé claramente su función y efectos. Segundo, la norma no está reproducida en la ley que pretende integrarse, sino que de hecho se presenta como una corrección y no como un reflejo estricto del texto legal y, según el actor, tampoco es un reflejo de su contenido. Tercero, no se trata de una ley que, por sí misma, presente a primera vista problemas de inconstitucionalidad y, de hecho, la demanda ni siquiera se dirigió contra la ley. Los cargos que se presentan contra el decreto no son extensibles al acto del legislador pues se contraen es, por el contrario, a argumentar que el acto del legislador sufrió un cambio con el decreto. Ciertamente, en la sentencia C-634 de 2012 la Corte integró al control un decreto de yerros. No obstante, las diferencias con este caso son notorias. En primer lugar, en el fallo C-634 de 2012 se demandaba un decreto con fuerza de ley, para cuyo examen la Corte tiene competencia expresa (C. P. art 241 num. 5º). En segundo lugar, contra dicho decreto ley se presentaron cargos, consistentes en una violación de la Constitución. En tercer lugar, en vista de que el cargo planteado la autorizaba para ello, la Corte debía establecer ante todo cuál era el alcance de la norma con fuerza de ley cuestionada en la acción pública, y fue en tal escenario que advirtió la existencia de un decreto de corrección de yerros. El de corrección de yerros estaba entonces estrechamente relacionado con el decreto ley acusado, y además a juicio de la Corte presentaba a primera vista problemas de inconstitucionalidad. En contraste, en este caso, se pretende una integración inversa con unas características radicalmente distintas. No se busca integrar el decreto de yerros a un juicio sobre la ley sino incorporar la ley a una propuesta de control sobre el decreto. Además, el cargo no está formulado en términos que puedan extenderse hacia la ley no demandada que el decreto pretende corregir, pues no se dice que la ley en cualquiera o alguna de sus versiones sea contraria a la Constitución, sino que el decreto de yerros contradice en primera instancia la ley y sólo indirectamente la Constitución. Finalmente, como se dijo, no existe en este asunto un evento en el cual la ley que busca corregirse con el decreto tenga a primera vista un evidente problema de inconstitucionalidad. No sólo no se está, en síntesis, ante una demanda contra un acto reformatorio de la Constitución, la ley o un decreto ley, sino que tampoco se está en presencia de una hipótesis en la cual –ante una demanda contra actos de esa naturaleza- esté autorizada la Corte para efectuar una integración oficiosa de la unidad normativa. Por ende, en vista de que no puede conocer de una acción exclusiva y directamente dirigida contra un decreto de corrección de yerros, la Corporación consideró que debía inhibirse de emitir un juicio de mérito. Los Magistrados Martha Victoria Sáchica Méndez, Jorge Iván Palacio Palacio, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva salvaron su voto respecto de esta decisión al considerar que el asunto de la referencia debió ser estudiado de fondo, con el propósito de reafirmar la competencia de la Corte para ejercer control de constitucionalidad contra decretos de corrección de leyes. Lo anterior, debido a que estos actos han sido considerados por la jurisprudencia constitucional, como de aquellos sobre los cuales esta Corporación ejerce competencia de carácter excepcional (Sentencias C-672 de 2005, C-049 de 2012, C-634 de 2012, C-524 de 2013 y C-173 de 2014), por tratarse de actos presidenciales expedidos en ejercicio de competencias ordinarias en el ámbito de promulgación de la ley, pero con efectos sobre un cuerpo normativo legal concreto. En este asunto, se demandó el artículo 6º del Decreto 1736 de 2012 principalmente por presunta violación de los artículos 150 y 189 de la Constitución Política. Según el actor, el Presidente de la República al “corregir” el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, terminó reformando e interpretando el sentido normativo y la voluntad legislativa de una norma legal que hace parte del Código General del Proceso. Para los magistrados disidentes, resulta completamente válido considerar que la norma acusada, se incorpora al mismo texto de la Ley y por tanto, era perfectamente posible llevar a cabo una integración de la unidad normativa, por el vínculo inescindible que existe entre la disposición contenida en el Decreto 1736 de 2012 y el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, para emitir un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. Como quiera que la decisión mayoritaria se inclinó por la inhibición, en este caso: i) se evadió un problema jurídico de trascendencia constitucional relativo a la usurpación de funciones legislativas por parte del Presidente de la República y; ii) se hizo nugatorio el derecho ciudadano de control material de un contenido normativo de naturaleza legislativa frente a la Constitución Política. Por su parte, la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado anunció la presentación de una aclaración de voto sobre algunos de los fundamentos de esta providencia.

D-10280

C-206/16

ABRIL 27/16

 

MP. Dr. Cantillo

ARTÍCULO 338. CUANTÍA DEL INTERÉS PARA RECURRIR.

 

[Inciso corregido por el artículo 6 del Decreto 1736 de 2012] Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.

 

Cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomos.

La Corte se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la constitucionalidad de la expresión “un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)”, contenida en el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda.

SV ARR

La Corte encontró que los cargos formulados contra la expresión del artículo 338 del Código General del Proceso que establece la cuantía para recurrir en casación, carecían de la claridad, especificidad y suficiencia que se requiere para que la Corte pueda contar con los elementos mínimos de juicio para llevar a cabo un examen y decisión de fondo sobre la

constitucionalidad de la disposición demandada.

 

En este caso, los demandantes consideran que la fijación de una cuantía superior de un mil salarios mínimos legales vigentes vulnera el Preámbulo y los artículos 2º, 29 y 229 de la Constitución. Sin embargo, respecto del Preámbulo y del artículo 2º de la Carta, los ciudadanos no exponen las razones específicas por las cuales la cuantía fijada por la ley para recurrir en casación desconoce el contenido del Preámbulo, ni en qué consiste la infracción constitucional de la justicia en que incurriría la norma acusada. Su argumentación se centra en calificar como “elitista” el valor establecido por el legislador, por considerarlo un monto injustificado y desproporcionado, pero sin que expliquen cuáles son las razones en que sustentan su afirmación. Se limitan a plantear una confrontación con una norma legal, un artículo del Código de Procedimiento Civil, sin aportar los elementos de juicio que demostrarían por qué la cuantía fijada para interponer el recurso extraordinario de casación no tiene justificación y resulta desproporcionada. De otra parte, para fundamentar el desconocimiento de los artículos 29 y 229 superiores, en cuanto consideran que se vulnera

el derecho de acceso a la justicia, los demandantes se limitan a señalar los preceptos constitucionales que estiman violados y a citar apartes de la jurisprudencia de la Corte sobre el debido proceso, pero sin señalar razones claras, específicas y suficientes para suscitar una duda mínima acerca de la constitucionalidad de la norma acusada. En estas condiciones, la Corte se abstuvo de proferir una decisión de fondo.

D-11032

 

 

CUADRO RESUMEN

DECRETO 1736 DE 2012

 

1

C-041/15

 

 

 

 

 

 

 

2

C-206/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMLO

 

 

Comunicado de Prensa 02

Febrero 01 de 2017

 

La información recopilada en este cuadro, no exonera al usuario de corroborar su contenido con los textos de las providencias, que se podrán encontrar en nuestra dependencia y en la página de internet www.corteconstitucional.gov.co