pic T-085/17 Corte Constitucional ordena garantizar educación en zona del Caquetá

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó a la Gobernación del Caquetá y al Ministerio de Educación Nacional, revisar y ajustar los métodos para identificar la demanda educativa en la vereda La Cabaña, del municipio El Paujil, con el fin de establecer las necesidades reales de sus habitantes. Para ello dio un plazo de tres (3) meses. Igualmente, la Corte advirtió a las autoridades que deben asegurar la presencia de los docentes requeridos para su funcionamiento y suministrar el transporte, de ida y vuelta, para los menores de edad que requieran servicios educativos en otra vereda.
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pic Convocatoria Audiencia Pública

La Corte Constitucional convoca a la ciudadanía a la Audiencia Pública que se realizará el próximo jueves 6 de abril del presente año, en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia,de 8 am a 5 pm, para analizar los argumentos a favor y en contra, dentro del proceso D-11.653, en el que se demanda el Acto Legislativo 01 de 2016 “por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
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pic T-027/17 Medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar en favor de la Mujer

La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional ordenó medidas especiales de protección a una mujer y sus dos hijos, como consecuencia de la negativa que dio en su momento la Comisaría de Familia 16 de Bogotá. En tal sentido concedió el amparo a la ciudadana y dejó sin efectos dos decisiones del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia y Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, las cuales argumentaron que las agresiones eran mutuas. La Corte Constitucional considera que “las agresiones mutuas entre la pareja, debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer. El estereotipo de la mujer débil que no se defiende ante la agresión, es solo otra forma de discriminación”.
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pic A-040/17 Corte Constitucional evalúa Plan Nacional de Clarificación de Baldíos

La Corte Constitucional precisó que el desorden administrativo existente en entidades como el Incoder, el IGAC y las oficinas de Catastro no son cargas que deben asumir los sujetos de reforma agraria de manera indefinida, por lo cual instituyó alterno al Plan Nacional de Clarificación una ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes sobre los cuales las autoridades de registro o agrarias manifiestan la posibilidad de ser baldíos.

En esta medida, ante la manifestación por parte de las autoridades de estar en presencia de un bien “presuntamente baldío” se deberá activar una ruta administrativa prioritaria en la cual: (i) dentro del término de 20 días siguientes a dicha manifestación se iniciará el proceso de clarificación respecto del bien, (ii) este deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses, (iii) de llegar a determinarse que el predio definitivamente es baldío, la ANT procederá a garantizar su inmediata adjudicación siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria y además cumple con las condiciones para ello.
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pic SU-133/17 Comunidades afectadas por proyectos mineros tienen derecho a participar en la definición de sus impactos

En Sentencia de Unificación de Jurisprudencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que todas las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería, tienen derecho a participar de manera libre, informada y efectiva en la definición de sus impactos, aunque no reivindiquen una identidad étnicamente diversa. Lo anterior, en virtud del carácter universal y expansivo que la Constitución le atribuye al principio de participación ciudadana, cuya doble condición de fin esencial del Estado y derecho fundamental se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. En el caso concreto, la Corte protegió el derecho fundamental de los habitantes de Marmato y de los mineros tradicionales de ese municipio a participar de las decisiones mediante las cuales se autorizó la cesión de los derechos mineros amparados por el título CHG-081, ubicado en la zona alta del cerro El Burro, a varias compañías que hacen parte del grupo empresarial Gran Colombia Gold.
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pic A-091/17 Corte Constitucional solicita información sobre desplazamientos en Chocó

La Sala Especial de Seguimiento a la T-025/04 de la Corte Constitucional dio un plazo de quince (15) días, al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para que entreguen información sobre las medidas adoptadas para atender y proteger a las comunidades étnicas de la región del Bajo San Juan y Bajo Calima (Valle del Cauca y Chocó). La solicitud fue hecha en el marco de la vigilancia a las medidas emprendidas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

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pic T-711/16 Medidas sanitarias para cárcel de La Dorada

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional conminó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas para que suministre la cantidad de agua suficiente a los reclusos. Advierte la Corte que teniendo en cuenta las mayores necesidades de agua de los internos por razón del clima, en periodos de anormalidad en la distribución deberá garantizarse siempre un abastecimiento diario razonable de agua potable equivalente a veinticinco (25) litros por persona y se les deberá facilitar a los presos los utensilios precisos para que puedan almacenar el líquido en sus celdas, especialmente durante la noche en cantidades no inferiores a cinco (5) litros para el consumo, para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza. Finalmente, le da un mes de plazo después de la notificación de la Sentencia, a la Secretaría de Salud de Manizales para que realice una visita al Establecimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros cualificados el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico apropiado.
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